Tiras y aflojes. Por Vicente Massot

Las tensiones —harto visibles— que cruzan en este momento la relación del Poder Ejecutivo y la Justicia no se limitan —como podría pensarse luego de escucharlo a Mauricio Macri el domingo, en horas de la noche, cuando contestó las inquietudes que le planteaba el conductor televisivo Luis Majul— al fallo de los magistrados Jorge Ballestero y Eduardo Farah. Es verdad que el presidente —como él mismo lo reconoció sin cortapisas— está indignado y ha instruido a los funcionarios correspondientes para que apelen ante la Cámara de Casación Penal la reciente resolución de la Sala 2 de la Cámara Federal. Pero de tanta o mayor trascendencia que su enojo ha sido el trascendido de su ministro, Germán Garavano, levantando la sospecha de una suerte de conspiración de los miembros peronistas de la Corte Suprema de Justicia.

En cualquier país en donde las instituciones fuesen algo más que cáscaras vacías de contenido, la disputa —abierta, a veces, y, otras veces, silente— habría provocado un verdadero terremoto político. Aquí, como estamos acostumbrados a encontronazos de similar calibre, la cosa no pasará a mayores. De todos modos, merece un comentario.

Sorprenderse por la medida que tomaron Ballestero y Farah no deja de ser llamativo. ¿A alguien le resultaría extraño que Norberto Oyarbide o Eduardo Freiler, de haber sido ellos los responsables de resolver la situación procesal de Cristóbal López, hiciesen exactamente lo mismo? —No, y sin embargo —conocida la novedad— una ola de estupor
pareció ganar a miembros considerables del oficialismo. Se entiende la reacción en gente desinteresada de la cosa pública —la mayoría de la población, dicho sea de paso. En cambio, resulta incomprensible en quienes se hallan cerca del poder o se encuentran, directa o indirectamente, relacionados con los asuntos del gobierno y del estado.

Farah y Ballestero son parte de ese pelotón de magistrados que, desde antiguo, es conocido por su celo corporativo y su poca transparencia. Acostumbrados a obedecer —sin siquiera pestañear— las instrucciones de los poderosos de turno, cuando dejan de recibirlas actúan por las suyas, sólo interesados en satisfacer su interés personal.

Habría sido sencillamente impensable que una decisión semejante la hubiesen tomado durante los doce años en que el matrimonio Kirchner gobernó la Argentina con mano de hierro y domesticó a los jueces, convirtiéndolos —salvo honrosas excepciones— en marionetas patéticas. Bastaba una mirada del comisario K en Comodoro Py para que magistrados como Ballestero, Farah, Freiler y tantos más, se cuadraran y le hicieran la venia a sus mandantes. Ahora eso ha cambiado. La demostración más cabal de que el macrismo carece de un operador todopoderoso, encargado de disciplinar magistrados díscolos, es lo que acaba de suceder. ¿Qué pasó?

Podrá discutirse si la prisión preventiva de Cristóbal López y de Fabián De Sousa era o no constitucional. Lo que resulta escandaloso y llamativo es la modificación de la carátula —el fraude al Estado fue convertido, por arte de birlibirloque, en una simple evasión de impuestos— y los argumentos expuestos. El fallo —qué duda cabe— fue hecho a medida de dos empresarios que no tienen forma de amenazar a los funcionarios del Poder Judicial pero a los cuales les sobra dinero si acaso deseasen sobornarlos.

Analizadas las cosas con la óptica del oficialismo, la puesta en libertad de losdueños del holding Índalo y la atenuación de la carátula no pueden haberse producido en peor momento. Con un gobierno golpeado en las encuestas y con la imagen presidencial algo erosionada por las críticas a la situación económica, un fallo de este tipo representa una bofetada a todos aquellos que trabajan sin cesar y deben pagar impuestos en demasía para financiar un gasto público improductivo. El ingenio criollo exploto de mil maneras en las redes sociales, pero con un común denominador: aquí siempre parecen ganar los delincuentes.

Es probable que, en la instancia de Casación, todo vuelva a fojas cero. Sobre todo tomando en cuenta lo que la propia sala de ese tribunal ya había dictaminado en la materia. Es probable, también, que López y De Souza no se salgan con la suya tan fácilmente. No obstante lo cual, cuanto salta a la vista es un aspecto de fondo que viene de tiempo inmemorial y hace las veces de asignatura pendiente en la Argentina: la relación entre los poderes Ejecutivo y Judicial.

Si para muestra vale un botón, volvamos a lo que dejó trascender el titular de la cartera de Justicia sobre los manejos de tres ministros de la Corte Suprema. Nada que permita extendernos demasiado porque no trascendieron los pormenores, si bien la sospecha de que el común origen y pertenencia al peronismo de Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti los habría unido para demorar los juicios a Cristina Fernández; eso sí ha tomado estado público.

En un país donde todo se conoce, es un secreto a voces las diferencias, celos y peleas que resultan cosa diaria entre los integrantes del máximo tribunal de justicia de la República Argentina. Que en la divisoria de aguas Lorenzetti y Maqueda siempre forman del mismo lado y que Rosatti se encuentra en el lado opuesto, no se necesita ser un experto para conocerlo. Parece, pues, algo traído de los pelos la idea de una conjura justicialista de los mencionados ministros en contra del macrismo. ¿Qué ganarían con postergar algunas semanas o meses la llegada de la ex–presidente al recinto donde se la enjuiciará? ¿Por quéimaginar que el peronismo federal, liderado por el siempre perspicaz Miguel Ángel Pichetto, se habría de prestar a la maniobra? Hay demasiadas cosas que no cierran y, no obstante, la pelea subterránea del macrismo y la Corte es un hecho que no epilogará en escándalo pero que está latente en el mismo momento en que ha dado comienzo la campaña electoral con vistas a los comicios presidenciales del año próximo. Pura coincidencia, por supuesto.

Lo que no es una casualidad —ni mucho menos— es la tendencia que comienza a perfilarse en la mayoría de los gobernadores del PJ, con buena llegada a la Casa Rosada, de desdoblar el año que viene las elecciones locales respecto de las nacionales. En paralelo, casi, mientras Alberto Rodríguez Saá recibía en calidad de anfitrión en San Luis a Hugo Moyano y a los representantes más copetudos del kirchnerismo, aquellos mandatarios provinciales pensaban en separar su destino en las urnas del resultado que obtenga quien sea elegido dentro del PJ para competir contra Macri.

Así, la realidad del peronismo quedaba reflejada mejor que nunca. Unos, buscando la unidad; subidos, en tierras puntanas, al tren fantasma. Los otros —mucho más realistas— abriendo el paraguas tratando de preservar sus respectivos dominios de una probable victoria de Cambiemos en los comicios presidenciales.

Imaginar que Cristina Fernández podría limar asperezas y forjar alguna alianza —por liviana que fuese— con Juan Manuel Urtubey, Juan Schiaretti y Omar Perotti, es como suponer que, luego de la derrota de 1983, Herminio Iglesias y Antonio Cafiero podían cerrar filas sólo en razón de su común oposición al alfonsinismo.

Macri montó en cólera al enterarse de ese sobreseimiento encubierto —como lo calificó el fiscal Germán Moldes— extendido a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Al mismo tiempo, y sin que tomara estado público, debe haber dormido tranquilo después de comprobar que el peronismo sigue metido en tales arenas movedizas.