El arte de conceder algo para recibir algo. Por Vicente Massot

Mejor pájaro enmano que cien volando. Con arreglo al espíritu de este adagio podría el oficialismo explicar la razón en virtud de la cual —a diferencia de cuanto sucedió en el pasado mes de febrero— ahora la instrucción de la Casa Rosada dada a Martin Menem y a la bancada propia fue la de cerrar un acuerdo, para aprobar la ley ómnibus aun dejando en el camino jirones enteros del proyecto original. Javier Milei y su equipo decisor —Karina, Santiago y Luis Caputo, Nicolas Posse y Guillermo Francos— tomaron conciencia de que necesitaban un basamento jurídico a prueba de balas, no sólo a los efectos de darle mayor credibilidad a su gestión de puertas para adentro del país sino a poco de entender el peso de los factores de poder externos que reclamaban, desde el comienzo del mandato mileísta, más leyes y menos DNUs. Si el paquete que se acaba de aprobar se analiza a partir de este parámetro, ha sido un triunfo de los libertarios que lograron aprobar el paquete después de cuatro meses de chocarse contra la pared. Inversamente, si el parámetro para medir el resultado es qué tanto del núcleo duro del libreto originario quedó en pie, la conclusión es diferente. Obtuvo parte de lo que pretendía, lo cual no significa una derrota —ni mucho menos— aunque está lejos de ser una victoria en toda la línea. Si se pasa revista al capítulo laboral —uno de los más importantes— la ultraactividad quedará firme, los bloqueos sindicales no serán penalizados y la cuota obligatoria —que le da vida a las obras sociales y a las cajas sindicales— no será derogada. La reforma tal cual había sido planeada por el gobierno en un comienzo, quedó a mitad de camino: es mejor que nada pero, al mismo tiempo, se halla lejos de representar un punto de inflexión en las relaciones históricas del sindicalismo y los sucesivos gobiernos desde 1945 a la fecha. De más está decir que lo mismo pasó con otros capítulos: delegación de facultades, privatizaciones, incentivo a las grandes inversiones e impuesto a las ganancias. Algo que, en atención a la fuerza de La Libertad Avanza en las dos cámaras del Congreso Nacional, era de esperar.

Lo que había quedado en claro durante el verano, cuando Milei se empeñó en una lucha a brazo partido contra la casta parlamentaria, sirvió de experiencia. El famoso decreto de necesidad y urgencia no pasó la prueba de fuego en el Senado y el paquete ómnibus tropezó en Diputados, obligándolo al presidente a dar marcha atrás, no como resultado de la corrupción generalizada que algunos imaginan que existe en esos ámbitos parlamentarios sino como consecuencia de cuán enraizada está la cultura corporativa en el arco partidocrático criollo. Al momento de entender las razones de Miguel Ángel Pichetto y su bancada —salvo honrosas excepciones— de defender algunos de los más enojosos intereses del gremialismo peronista, no hay que pensar en coimas de los gordos sindicales o cosas por el estilo. El motivo es ideológico. Algunas de las ideas de Pichetto, de Monzó y de Randazzo, a veces —no siempre— están mucho más cerca de la dirigencia justicialista clásica que de cualquier reforma estructural en la que pudiera pensar Milei. El bloque radical, por su lado, luce en extremo reformista a la hora de terminar con la absurda cuota sindical obligatoria pero en lo que hace a cambios impositivos de bulto se aferra al statu quo. No muy diferente es el ideario conforme al cual se plantan delante del problema los integrantes de Innovación Federal. No se trata de calificarlos de malos o deshonestos o imaginar que atrasan cincuenta años de puro caprichosos. Nada de eso. Lo que sucede es que no comparten en su totalidad el guión revolucionario que ha levantado como bandera el partido gobernante.

Como se ha repetido mil veces, toda negociación descansa en un supuesto básico: a los fines de obtener parte de lo que quiero, tengo que ceder otra parte. Por eso el dato que distingue al estadista del chapucero es la capacidad de establecer con rigor la posición de mínima. Fijar la de máxima es capaz de hacerlo hasta el más torpe de los mortales: obtener 100%. En cambio, precisar cuál es el punto a partir del cual me siento en una mesa a parlamentar, resulta bastante más complicado. Es evidente que el oficialismo en la presente oportunidad hizo gala de un realismo sin fisuras. Estuvo dispuesto a dejar en el camino, librados a la buena de Dios, decenas de puntos que en enero juzgaba innegociables o poco menos. En estos días ha demostrado un pragmatismo que a muchos sorprende, no porque haya retrocedido en chancletas o se haya bajado los pantalones. Antes, al contrario, porque ha sabido establecer una posición de mínima pensando básicamente en el mundo —léase mercados de capitales— aparte del frente interno. En atención a lo dicho, no sería de extrañar que cediese también en la cámara alta, donde sus flaquezas son aún más notorias que en la cámara baja.

El gobierno no podía permitirse una derrota en el campo legislativo a esta altura de su derrotero. Milei, con su clásico desenfado, proclamó que si las leyes no eran aprobadas le daba igual. No obstante, se trataba sólo de fulbito para la tribuna local. Como no es un predicador sagrado ni un charlatán de feria, al presidente —como a cualquier otro dirigente político con responsabilidades ejecutivas— hay que medirlo en virtud de lo que hace, y no de lo que dice en público. El jefe del Estado argentino tiene en claro que, en el orden de la ejecución, primero había que sincerar a los precios relativos, bajar drásticamente la inflación, reconstituir el stock de reservas del Banco Central y reducir a cero el déficit fiscal, para así equilibrar la economía y tener el espacio suficiente a los efectos de instrumentar las reformas estructurales en el ámbito laboral, impositivo, estatal y federal. El proceso está en marcha y el resumen del primer cuatrimestre luce sólido, prescindiendo de considerar los argumentos que legítimamente puedan levantarse en su contra. Es posible que haya habido más licuadora que motosierra. Sin embargo, con uno y otro instrumento logró lo que pocos —si acaso alguno— de sus antecesores en iguales condiciones de partida —un país al borde la hiper— ha conseguido.

Las dificultades que deberá sortear de ahora en adelante tienen menos que ver con el presupuesto universitario, la nominación de Ariel Lijo para integrar la Corte Suprema de Justicia, las idas y venidas de funcionarios en el seno del organigrama gubernamental, la alianza extra– OTAN, la reaparición de Cristina Fernández en el escenario o las ligerezas verbales del presidente, que con la reactivación de la economía y la mejora del salario real de acá al último trimestre del año. Una nueva marcha ‘en defensa de la educación pública’; el vergonzoso aterrizaje de Lijo en el supremo tribunal de la república —si acaso se produjese—; las internas que cruzan en diagonal a los equipos técnicos del oficialismo; aparecer como el furgón de cola de la Organización del Tratado del Atlántico Norte; que la ex–presidente y los saldos y retazos del kirchnerismo agiten sus banderas y que Javier Milei siga preso de su incontinencia verbal, no resultan datos menores,eso es claro. Tampoco lo es el que de ninguno de ellos depende la suerte de la administración libertaria. Salir de la recesión antes de fin de año y que la plata le alcance a la mayoría de los argentinos para llegar a fin de mes, son los dos desafíos que el gobierno debe resolver con éxito. Recesión y salario. He aquí el quid de la cuestión.