¿Impericia o cálculo táctico? Por Vicente Massot

Cuando el presidente, por la cadena nacional de radio y televisión, hizo el anuncio del decreto de necesidad y urgencia Nº70/2023, la pregunta que se formularon todos los interesados en el tema —políticos y abogados constitucionalistas, periodistas y consultores, por igual— fue la siguiente: ¿impericia o cálculo táctico? Si se analiza el paso dado por Javier Milei con arreglo a un criterio lineal, es fácil pensar que se tiró a la pileta sin saber a ciencia cierta si en ella había o no agua. La cuenta es sencilla de hacer con base en las voces que se levantaron a favor y en contra de la citada iniciativa en las dos cámaras del Congreso. Respaldaron el DNU de la discordia los representantes del oficialismo y del Pro que han cerrado filas detrás de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. En contra —cierto que enarbolando distintos argumentos— se encolumnaron el peronismo kirchnerista, la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, Cambio Federal e Innovación Federal. A primera vista, los números no mienten. Puesto a votación, el decreto del gobierno sería rechazado. Conclusión: parecería que el jefe del Estado, por caprichoso e inexperto, marcha a una derrota segura, con las consecuencias gravísimas que un revés así, apenas comenzada su gestión, pudiese acarrearle.

Claro que hay otra explicación que no hace tanto hincapié en las sumas y restas concernientes a los defensores y opugnadores del DNU de marras, como a la estrategia general de los libertarios. Conforme a esta visión de las cosas, el presidente decidió jugar esa carta —la de una reforma revolucionaria y sin precedentes de la economía a través de un decreto ómnibus— en razón del factor tiempo. Por un lado, sabe que el fenomenal espaldarazo que recibió de la mayoría de los argentinos en el ballotage, goza todavía de buena salud. Pero sus efectos, más temprano que tarde, comenzarán a erosionarse. La aceleración inflacionaria y la indexación de los contratos pueden hacer estragos en los próximos tres meses. Razón de más para actuar a toda velocidad. Por otro lado, Milei también es consciente de que, si hubiera enviado al Congreso un proyecto de ley con tantas modificaciones de normas y decretos, o varios proyectos a la vez, la discusión en el espacio que ocupa el Poder Legislativo hubiese sido interminable.

No actuó a tontas y a locas. No es un kamikaze dispuesto a inmolarse en defensa de sus ideas. Midió los pros y los contras y creyó conveniente tomar un camino colmado de riesgos —sin duda— pero de todas maneras susceptible de ser recorrido hasta el final con probabilidades de éxito. Por de pronto, el ya famoso decreto no se pondrá a discusión en las sesiones extraordinarias, de modo tal que habrá que esperar a marzo —en el mejor de los casos— para que sea tratado. Mientras tanto, cobrará vigencia.

El decreto en cuestión tendrá —al margen de cuál sea el camino que recorra en el Congreso— otra espada de Damocles pendiendo sobre su cabeza. Los recursos de amparo que se han planteado en su contra hacen hincapié —como era de esperar— en su presunta inconstitucionalidad. La polémica al respecto ha comenzado y no han faltado reconocidos juristas —a quienes no se podría calificar de opositores al gobierno— que cuestionan duramente el mencionado DNU. Al fin y al cabo, en materia jurídica, con arreglo a la mitad de la biblioteca es dable formular un argumento sólido, y en consonancia con la otra mitad es posible demolerlo. Cuando el caso aterrice en la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo contendrá la respiración, cruzará los dedos y le prendera una vela a la Virgen.

La apuesta de Balcarce 50 parte de la base de que en los próximos tres meses regirá una economía de guerra. A partir de abril —imaginan en la Casa Rosada— que comenzará a despejarse el terreno. Si bien las consecuencias más duras del ajuste se prolongarán hasta después del invierno, a partir del segundo trimestre del año lo que debería apreciarse es una baja sostenida de la inflación.

En el transcurso de los noventa días del verano el oficialismo tomará contacto, tenderá puentes y acercará posiciones con algunos de los diputados y senadores que no le han hecho críticas al fondo del decreto Nº70/2023 sino que han objetado las formas. Son los que coinciden con el cambio estructural que pretende llevar adelante Javier Milei, aun cuando difieren respecto del instrumento jurídico-político del que se ha valido para instrumentarlo.

No sería de extrañar que durante enero, mientras se desarrollen las sesiones parlamentarias a las que ha convocado el Poder Ejecutivo, tengamos una idea cabal de cómo se alinearan los bandos en punto a las reformas administrativas, políticas, laborales, impositivas, financieras y comerciales en danza. Porque el conjunto de proyectos de ley que serán enviados por la presidencia de la Nación para su tratamiento tiene idéntico fondo que el texto del DNU. Milei no incluyó aquéllos en éste por una cuestión elemental: ningún asunto relacionado con aspectos electorales, penales, tributarias o de los partidos políticos puede ser materia de un decreto de necesidad y urgencia. No obstante lo cual, tanto el DNU puesto en circulación como los proyectos a punto de discutirse, giran en derredor de las transformaciones que aspira a llevar adelante la flamante administración libertaria.

En un análisis hecho a mano alzada parece muy probable que los proyectos de ley mencionados sumen en las dos cámaras —en la alta y en la baja— apoyos suficientes como para resultar aprobados con algunas modificaciones formales. No existiendo de parte de la mayoría de la UCR y de los dos bloques federales objeciones de forma, suponer que vayan a apoyar el paquete oficialista —congruente con buena parte de los postulados que han defendido en contra del populismo kirchnerista— no es algo caprichoso. Si éste pasase la prueba de fuego del Congreso, y al cabo del primer trimestre la inflación tuviese una tendencia a la baja, podría resultarle algo más fácil a Milei conseguir que el DNU Nº70/2023, o bien fuera aprobado, o bien quedara postergado y rigiesen sus efectos jurídicos.

Es evidente que el flamante jefe del Estado intenta poner patas para arriba un sistema caro, corrupto e ineficiente que, sin embargo, ha echado honda raíces entre nosotros y cuenta con defensores que se niegan a ceder sus privilegios. Es conveniente entender que no se trata sólo de poderosos hombres de negocios que se aferran con uñas y dientes al capitalismo prebendario —con el cual han hecho fortunas— sino que también es necesario sumar al listado a los popes sindicales que dominan el gremialismo desde hace décadas, a buena parte de la partidocracia tradicional y a bolsones enteros de la ciudadanía que temen perder kioscos y beneficios de distinto tipo. Esto supone que el programa libertario lleva un rumbo de colisión. Los intereses puestos en tela de juicio por el DNU y por los diferentes proyectos de leyes han reaccionado de inmediato, y es de esperar que su ofensiva escale sin solución de continuidad.

El principal desafío que enfrenta el gobierno no reside en esos empresarios —los Filiberti y los Cristóbal López de la vida— o en los gremialistas desprestigiados ante la opinión pública —como el clan Moyano, Baradel o Yasky— o en los lideres piqueteros de todos conocidos, sino en las personas que votaron en favor de La Libertad Avanza pensando que el ajuste recaería sobre otros y no sobre sus espaldas. La estrategia presidencial, que descansa en la convicción de que ese 54 % que lo votó, lo respaldará a capa y espada cuando arrecien las calamidades económicas y sociales que se avecinan, podría ser inconducente si la paciencia de la gente no acompaña, en las malas, la transformación revolucionaria que se ha puesto a andar.

Nada de lo expresado más arriba es ignorado por un presidente que ha quemado las naves —es decir, que el programa que ha lanzado no tiene marcha atrás. Nadie está en condiciones de prever con un mínimo de seriedad si tendrá éxito o fracasará en su intento. Pero lo que resulta seguro es que, en lo esencial, Javier Milei no retrocederá un tranco de pollo.