Por estos días, la Argentina muestra una intolerancia novedosa a la corrupción tras decenas de años conviviendo con ella y votando, inclusive con alegría, a políticos cuyo crecimiento patrimonial es imposible de explicar. Hay una reflexión que aún, por extremadamente escéptica, no es para descartar: lo que realmente molesta no es que roben sino que roben otros, dicen quienes sostienen que la indecencia es un cromosoma fuerte del ADN nacional.
Exagerado o no, cierto es que se cuentan con los dedos de una mano quienes pudiendo participar de algún negocio de esos que a uno lo vuelven millonario de la noche a la mañana, han preferido rechazarlo. Y para confirmar esta versión está el empresariado argentino, partícipe necesario del escandaloso latrocinio perpetrado por los Kirchner y sus cómplices a través de una década.
Ahora los ex funcionarios no pueden circular por la calle porque la gente los insulta. Poco rigurosos como somos los argentinos y políticamente correctos hasta la hipocresía, se le da en llamar “escrache” a eso que no es más que una reacción aislada y espontánea de personas que, sin proponérselo, se cruzan por la calle con las caras de la estafa. Los que insultan no se ponen de acuerdo, no van a buscar a nadie a la casa ni utilizan la fuerza colectiva en contra de nadie. Coinciden con otros en el repudio.
El ex secretario general de la presidencia y el ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner y más recientemente los hijos del detenido “empresario” K Lázaro Báez implicados todos en lavado de dinero, fueron insultados por gente que se los encontró en aviones y aeropuertos.
¿Es legítimo el enojo del público? Definitivamente sí. Esos responsables del descalabro se desplazan impúdicamente ignorando la responsabilidad que tienen sobre cada hambriento por la pobreza extrema a la que nos arrastraron y sobre cada muerto por la inseguridad que también ayudaron a instalar.
Ahora bien, vamos más profundo. ¿Por qué ocurren esos episodios del todo desagradables? La respuesta tiene dos patas: faltan educación y justicia. No es más riguroso en las convicciones y en la moral quien exterioriza la indignación a los gritos pero, sin duda, es más maleducado. Los argentinos hemos perdido el don de gentes y nos hemos transformado en vulgares. Hemos caído realmente bajo. Hacemos cosas que la urbanidad prohíbe.
La justicia es la otra gran deuda nacional. Porque lo peor que nos pasa como sociedad no es la corrupción sino la impunidad. Hace décadas que prácticamente nadie paga por lo que hace mal en la Argentina. Llevamos muchos años de un poder judicial politizado y si bien ahora parece decidido a encarar la atención de causas dormidas, todavía no hay una respuesta contundente desde ese poder del estado ante el reclamo generalizado de justicia.
La mayoría de jueces y fiscales argentinos están severamente cuestionados. Su independencia es ficción. Hoy, a pesar de las indagatorias, los procesamientos y las detenciones de un puñado de personas, no hay mucho más. Cada uno de los que arrumbó expedientes, ignoró pruebas y alargó procesos debe hacerse cargo de la cuota de responsabilidad que le compete en esta reacción popular de hacer justicia por mano propia porque son aquellos los que no proceden sobre quienes delinquen.
El desafío de la nueva administración es inmenso: rescatar a un importante segmento de la población de una escolaridad insuficiente y deficiente, y devolver solidez al sistema republicano de la división de poderes para que la justicia retome el papel central que perdió enchastrándose en el barro de la política.
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