Vamos a tener que volver a la época de andar con alambre de fardo en el bolsillo – Por Kevin Keegan

Días atrás, afirmamos en una columna editorial que el proyecto de reforma del Código Penal atentaba contra el Estado de Derecho (ver http://www.libertadyresponsabilidad.org/?p=835) puesto que lo que se pretende con ello, de forma intencional, es la flexibilización de la persecución penal; mitigando penas, relativizando los tipos penales, eliminando la reincidencia, etc.

Lo que no imaginamos entonces, fue que en un brevísimo lapso de tiempo transcurrido iba a implosionar lo que era previsible: que la falta de represión del delito por parte del Estado, pase a ser suplida por la mano privada. Ésto es un ejemplo claro de la ausencia del imperio de la ley, puesto que es lógico que quien vea amenazados sus derechos, y ante la falta injustificada de la asistencia en la protección de los mismos por parte del Estado (a lo cual se comprometen legalmente sus funcionarios, y faltan al deber quienes se nieguen a proveerla) produce que los ciudadanos se vean en la salvaje disyuntiva de protegerse a sí mismos o perecer en el intento. La clase política y la prensa (en su mayoría alineada con el corte ideológico del régimen), haciendo alarde de una “moralina” humanista han salido a repudiar vivamente tales “atropellos”.

Pues no hace falta mucha astucia para deducir que si la represión penal del delito fuera adecuada, tales sucesos no existirían en lo más mínimo, puesto que la población daría muestras de confianza respecto de la protección de la seguridad por parte de la fuerza pública. Por el contrario, estamos asistiendo a la salvaje reacción de una sociedad, que hostigada por el delito termina respondiendo “pasionalmente” frente a la delincuencia, aún en los casos de poca monta fruto de la indignación y la desesperación.

En rigor de verdad, sería incorrecto concebir éstos hechos de otra forma distinta que no sea como efecto de la mencionada desprotección, desasosiego y desamparo.

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La postura “políticamente correcta” ha sido la de defenestrar automáticamente a quienes han sido partícipes de éstos por cierto desgraciados hechos, pero que no deberían sorprendernos en absoluto.

Sobran los ejemplos donde, aún en situaciones de flagrancia manifiesta donde ciudadanos se han defendido legítimamente abatiendo al delincuente, la justicia ha tomado parte por éstos últimos condenando a quienes se defendieron.

Esta nefasta concepción jurídica abolicionista, ha enviado un mensaje exactamente opuesto al que se encuentra explicitado en nuestro ordenamiento jurídico, tanto penal como constitucional donde los bienes jurídicos tutelados como la vida, la libertad y la propiedad que se vean amenazados o agredidos habilitan a sus titulares a ejercer la legítima defensa en “proporcionalidad”. Pues es ésta “proporcionalidad” que exige la ley, y de la cual los jueces garantistas (en el sentido peyorativo de la palabra) se valen para distorsionar la represión judicial en favor de la delincuencia, en detrimento de las víctimas y en contra de la sociedad, ya que con una teórica discrecionalidad ideológica ajustan las condenas para que resulten menos gravosas para los victimarios y lleguen a ser efectivas para las víctimas que legítimamente ejercieron su derecho de defensa o de terceros.

Estamos asistiendo al colapso absoluto de la seguridad jurídica, ya que la fundamentación legal no se vale ya de criterios objetivos y de conductas (como “quien delinque es delincuente”) sino a la justificación subjetiva de hechos delictivos, porque “quien comete el delito es un marginado social” o “en los casos de robo el objeto del delito es sólo un bien material y no se justifica la represión penal si el bien se recupera”, etc.

A quienes sostenemos la postura diametralmente contraria a la expuesta se nos acusa de “discriminadores”, “racistas”; pues es exactamente a la inversa. Sostener tales afirmaciones basando la propensión al delito en criterios clasistas es discriminatorio para con quien comparte la misma o inferior situación socioeconómica del delincuente y no delinque. ¿Qué clase de siniestro mensaje lleva implícito ese pensamiento?¿que al que es pobre le está permitido robar? De más está decir que tal idea viola el principio de igualdad ante la ley.

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La justificación que a menudo se utiliza para deslegitimar la represión del delito es el “aumento de la población carcelaria” y el consecuente aumento del delito; lo cierto s que peca de ridículo el argumento ya que quien está preso no puede delinquir afuera de la cárcel. En todo caso si los programas de resocialización de los internos es un fracaso, más le valdría a los políticos que defienden la posición mayoritaria al respecto, asumir que su sistema de combate de la delincuencia es inútil.

Tanto el oficialismo como las corrientes opositoras más importantes, cuyos candidatos se perfilan como presidenciables (quiénes tienen la obligación legal de combatir por todos los medios a la delincuencia y al crimen organizado), deberían hacerse cargo de las palabras de su mentor político por antonomasia, Juan D. Perón, cuando decía que “vamos a tener que volver a la época de andar con el alambre de fardo en el bolsillo” o “distribuiremos alambre de fardar para ahorcar a nuestros enemigos” o cuando hablaba de “…empezar a dar leña”, más les valdría lavarse la boca y hacerse cargo de su propio pasado a condenar a ciudadanos sumidos en la indefensión material y jurídica quienes ya hartos, se defienden del delito como pueden.

(*) Kevin Keegan es investigador del Centro de Estudios Libertad y Responsabilidad (LIBRE) en el área de estudios políticos-sociales.

Fuente: http://www.libertadyresponsabilidad.org/

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