Una sola hoja de ruta. Por Vicente Massot

Es probable que, aun si no se hubiese cruzado en el camino del kirchnerismo la peste del siglo XXI, igual Alberto Fernández habría implementado una receta de corte intervencionista para hacer frente a los múltiples problemas heredados del gobierno encabezado por Mauricio Macri. En general, el peronismo —desde sus orígenes— siempre ha enarbolado las mismas políticas a la hora de lidiar con la economía. Con la sola excepción del recientemente fallecido Carlos Menem —innovador en tantos aspectos— el resto de sus compañeros, fuesen de izquierda o de derecha, se envolvieron en la bandera del estatismo y no la abandonaron nunca. En esta materia —de más está decirlo— el oficialismo actual ha obrado como un alumno aplicado de Jose Ber Gelbard.

La pregunta obligada —dados los resultados de todos conocidos que han arrojado los controles de precios, el congelamiento de las tarifas de los servicios públicos y la batería de medidas que de ordinario han aplicado los seguidores de Juan Domingo Perón cuando se hicieron con el poder— es por qué repiten un libreto fracasado, aquí y en cualquier parte del mundo donde se lo haya puesto en marcha. En el caso del equipo que lidera Martín Guzmán
es posible dar una respuesta a semejante inquietud, que va más allá del ADN justicialista. Si bien hay un plexo de ideas en las cuales el populismo cree como si fuese un dogma de fe y —por lo tanto— está dispuesto a llevarlo a la practica en todo lugar, en el caso que nos ocupa es menester considerar el desafío electoral del próximo mes de octubre

En medio de un desmanejo descomunal de la pandemia —los más de cincuenta mil muertos hablan por sí solos— y necesitado el gobierno de ofrecer una solución rápida y eficiente en términos de la vacunación masiva de la población —algo que hoy está lejos de suceder—, si hubiese decidido actualizar el cuadro tarifario, liberar los precios de los alimentos, bajar el monto de las retenciones al campo y sincerar el tipo de cambio, lo más seguro es que en los pocos meses que faltan para que se substancien los comicios legislativos no se hubiesen percibido, a nivel popular, los efectos beneficiosos de tales medidas. Esto no significa justificar la decisión tomada sino explicar sus razones.

Llegado a esta instancia, en la situación que se encuentra el país y con las elecciones a la vuelta de la esquina, el kirchnerismo no tenía demasiadas opciones. El error inicial que cometió, continuado durante la cuarentena, a la salida de la misma no podía remediarse liberando las distintas variables económicas, si lo que pretende es acrecentar el número de senadores y de diputados dentro de ocho meses. Hasta un frente de raíz liberal, de haber tenido delante de suyo un dilema semejante, es muy posible que habría tomado algún atajo intervencionista. Que congelar las tarifas, retrasar el dólar, controlar los precios y aplicar retenciones, a la larga no soluciona nada, es harto sabido. Pero hay circunstancias en las cuales cambiar la posición de las velas puede ocasionar un naufragio.

A esta altura de su derrotero, la administración de Alberto Fernández no está en condiciones de virar en redondo y adoptar una política de mercado. Hacerlo sería algo así como suicidarse políticamente, no porque sus simpatizantes le echasen en cara la traición a un ideario determinado sino por las consecuencias económicas y sociales que se generarían en el corto plazo. Los ajustes tardíos, aunque resulten imprescindibles, se dan de patadas con las urnas. Eso lo entiende cualquiera, más allá de sus observancias ideológicas.

En resumidas cuentas, el Frente de Todos ni quiere ni tampoco puede modificar el rumbo que lleva. Ello supone escalar el intervencionismo a medida que se acerque el momento de ingresar al cuarto oscuro. Prueba de ello es, por ejemplo, la autorización extendida a los así llamados movimientos sociales para controlar el cumplimiento de la política de precios en supermercados y negocios afines. O la amenaza hecha al campo de aumentar las retenciones. En tanto y en cuanto las medidas que se tomen no den los resultados esperados —la baja del índice de la inflación— por una necesidad física el oficialismo aplicará la única técnica que conoce.

La estrategia gubernamental es clara: llegar a octubre sin devaluar y sin que la inflación convalide las estimaciones de los principales especialistas en la materia. Mientras Martín Guzmán insiste en considerar que 29 % es un pronóstico razonable, cualquier economista serio considera que un piso de 50 % es más acorde con la realidad. Si bien la soja parece cortejar otra vez al kirchnerismo, y ello permite pensar que los dólares que ingresen al fisco a partir de abril y mayo serán suficientes a los efectos de mantener a la divisa norteamericana subvaluada, por el lado de la inflación el panorama luce en extremo complicado.

Hay, pues, cosas que el gobierno tiene las facultades para hacer y que, en consonancia con el plan que ha diseñado de cara a los comicios venideros, ha puesto manos a la obra: el congelamiento de las tarifas, que es de alcance colectivo y de cumplimiento obligatorio. En cambio, hay otras cuyo cumplimiento excede su poder de policía, como es el caso del control de precios. Estos ejemplos —de los muchos que cabría apuntar— trasparentan los dilemas de un kirchnerismo que sabe qué tan ruinoso sería para sus posibilidades de triunfar en octubre el aumento de las tarifas como los efectos devastadores de una inflación estacionada en 4 % mensual o más.

El gran inconveniente que arrastra la posición adoptada por el kirchnerismo acerca de cómo combatir la inflación es que nunca ha sido exitosa y difícilmente lo sea en esta oportunidad. De la misma manera que no mover las tarifas —más allá de la bomba de tiempo que se activa— puede redundar en favor de los candidatos del oficialismo en el cuarto oscuro, los controles de precios y las acciones de carácter punitivo representan un peligro porque están asociados al desabastecimiento y al mercado negro.

Sobre el particular, no hay diferencias ningunas entre la Casa Rosada y el Instituto Patria. El Presidente de la Nación y la jefa del Frente de Todos piensan lo mismo respecto de la manera de encarar el desafío de las urnas y son conscientes de que —al margen de ciertas desinteligencias de forma— hay una sola prioridad en torno de la cual es menester cerrar filas. Después de octubre la historia será otra, independientemente del resultado electoral.