¿Una simple boutade? Por Vicente Massot

Basta aplicar al análisis de la cuestión un mínimo de sentido común para darse cuenta que la cuarentena se prolongará, sin solución de continuidad, por lo menos hasta finales de julio o mediados de agosto, en el mejor de los casos. La modalidad de las conferencias de prensa montadas por el presidente y acompañadas por el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el Lord mayor de la capital federal —en calidad de actores de reparto— no pasa de ser una actuación o —si se prefiere— una táctica enderezada a mantener a la sociedad expectante. El próximo 6 de junio, en torno de las 20 horas como es ya costumbre, Alberto Fernández nos dirá a los habitantes del AMBA, con el acompañamiento coral de sus dos laderos de siempre, que el aislamiento obligatorio se mantendrá hasta el 21 de ese mes. Y si alguien supone que precisamente el día en el que dará comienzo la estación invernal, el libreto de las autoridades incluirá alguna flexibilización de importancia, es conveniente que se vaya desengañando.

Desde que di o comienzo la pandemia resultó fácil ordenar un encierro masivo. Ante la aparición sorpresiva de un virus letal, la natural predisposición de la gente a cuidar la vida ayudó a que la cuarentena se tomara sin demasiadas protestas. Imaginar que luego de ochenta días de enclaustramiento el ánimo de las personas será el mismo que el del 20 de marzo, representaría una ingenuidad peligrosa. El hartazgo, unido al miedo a los efectos económicos de la peste, plantean un escenario totalmente distinto al de dos meses atrás.

Es difÍcil hacerse a la idea de que la disciplina social que mostró la ciudadanía a lo largo y ancho del país se mantendrá inalterable durante las próximas ocho o diez semanas. Sobre todo en el AMBA donde el famoso pico —que cada día se parece más a Godot— se espera recién para julio o agosto. Mientras tanto hubo que retroceder en términos de las libertades extendidas en la capital y parte del conurbano a diferentes comercios y a cientos de miles de personas que cruzan a diario, desde el gran Buenos Aires hacia la ciudad autónoma, para trabajar. Ello sin contar el vallado de la villa Azul en la frontera que separa Avellaneda de Quilmes.

¿Que hace el gobierno? Comencemos con una recomendación. Sería de desear que el jefe del Estado —enamorado como se halla del Power point y de sus gráficos comparativos— pusiese algo más de empeño en revisarlos antes de incurrir en un nuevo papelón. Suman tres las ocasiones en las que —muy suelto de cuerpo— se ufanó de unos logros que, al día siguiente, se desmoronaron como castillos de naipes. Una vez más quedó pedaleando en el aire, delante de sus pares de Uruguay y Paraguay. Salvo que los especialistas en la preparación de los datos, curvas, números y porcentajes se equivoquen a propósito —con base en razones que nos son desconocidas— lo menos que puede decirse de ellos es que resultan un conjunto de inútiles. Pero más allá de los gazapos del presidente, está claro que, de la misma manera que acertó al principio en decretar un encierro social enojoso y efectivo, a las administraciones involucradas en el caso —nacional, provincial y municipal— se le quemaron los papeles en un aspecto fundamental. Se acordaron tarde de poner el énfasis principal en el control de las villas miseria y los geriátricos. Ahora se sorprenden y se asustan por un fenómeno que no se necesitaba ser un infectólogo de nota para anticiparlo.

Las limitaciones puestas a la circulación de las personas y la parálisis del aparato productivo obrarán consecuencias desastrosas desde el punto de vista económico y social. No se para un país por espacio de 120 días sin sufrir unas consecuencias brutales. A esta altura, tamaño aspecto de la crisis no le puede pasar desapercibido a nadie. No es un asunto sujeto a debate ni que pueda ser materia de discusión. El Titanic ya chocó contra el iceberg.

De momento, el gobierno en sus manifestaciones públicas repite que “la vida es prioritaria” y —a la hora de trazar un pronóstico— hace las veces de prestidigitador. Mientras el Banco Central asegura que habrá una recuperación en V y que no tendrá problemas al momento de recuperarse la economía para esterilizar la política monetaria expansiva —dispuesta a los efectos de satisfacer las necesidades de liquidez del sector público y privado—, Martín Guzmán insiste en que es menester ahorrar en pesos. Son fantasías a las que no debe prestárseles atención. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosas podrían decir los funcionarios? No pueden sincerarse y decir la verdad porque se suicidarían. Les resultaría imposible anunciar un plan de acción post–cuarentena porque —lisa y llanamente— no lo tienen. Conclusión: matizan las malas noticias e inventan un futuro —que es la cosas más fácil del mundo.

¿Pero cabe calificar de igual manera a las propuestas que, de un tiempo a esta parte, son moneda corriente en las filas de los sectores más radicalizados del kirchnerismo? ¿Merecen ser tenidas como meras fantasías? Por de pronto, es del caso recordar que no se trata de outsiders, que hablan porque el aire es gratis, ni de loquitos sueltos deseosos de epater le bourgeois. Cuando Graciana Peñafort dice incendios de la Corte Suprema; la diputada Larraburu sueña con la resurrección de la Junta Nacional de Granos; Gabriel Mariotto alienta el control del comercio exterior; Paco Durañona exige aumentar en 100 % los ingresos brutos en el territorio bonaerense; la también diputada Vallejos apoyada por dos ministros del Poder Ejecutivo Nacional —Nicolás Trotta y Mario Meoni— presenta un proyecto de ley para legitimar el avance estatal sobre las empresas privadas a las cuales se auxilió para pagar sueldos, ¿a dónde apuntan?

Si bien algunos de los nombrados forman parte del gobierno, no necesariamente podría afirmarse que responden a directivas explícitas de Cristina Kirchner o que son soldados obedientes de su hijo Máximo. Menos aun que reciben plata del régimen chavista con el objetivo de allanar el camino que nos llevaría, más tarde o más temprano, a convertirnos en una suerte de Venezuela austral. Las asociaciones fáciles, las explicaciones lineales y las teorías conspirativas es mejor dejarlas de lado. Lo que transparentan los proyectos de ley y las manifestaciones de aquellos actores es un modo de pensar y de decidir políticas hondamente arraigado en el kirchnerismo. Que —y de ahí su importancia— bien podría tener una oportunidad dorada de tallar en el manejo de la cosa pública cuando se dé por finalizada la cuarentena y no haya recursos para enfrentar la peor crisis padecida por la Argentina  desde 1929.

Fuera de los mercados de deuda, con reservas de libre disponibilidad en el orden de los U$ 8.000 MM, un derrumbe del PBI superior a 10 %, un déficit fiscal primario arriba de 6 %, la pobreza alcanzando a 50 % de la población, una cuarta parte de los habitantes del país pendientes de los alimentos que les da el Estado, la recesión más profunda de los últimos setenta años, sin inversiones externas de envergadura y un número considerable de empresas en quiebra o en cesación de pagos, la tentación de huir hacia adelante y escalar en el intervencionismo estatal (gubernamental) es algo que —tratándose del kirchnerismo— no cabría descartar. Entre poner en marcha un plan de ajuste como el generado en 1953 por Alfredo Gómez Morales —con el visto bueno de Juan Domingo Perón, por supuesto— o desarrollar un plan con base en un Estado omnipresente y omnipotente, es claro que las simpatías K decantarían en favor de esta última opción.

“Hay que terminar con la moderación”, sostuvo el que fue vicegobernador de Daniel Scioli. Hoy parece una boutade. Mañana, ¿quién sabe? El gobierno deberá tomar medidas de carácter extraordinario, en consonancia con el calado de una crisis descomunal. La solución ortodoxa es mala palabra para una administración tan ideologizada como la de Alberto Fernández. En cambio, el expediente intervencionista goza de buena fama entre sus acólitos. Por qué no creer que podría estar a la orden del día.