Mié. Feb 19th, 2020

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Una semana clave en la guerra por el control de la justicia – Por Carlos Tórtora

La semana que se inicie marcará dos rumbos políticos de distinto significado. El primero será hoy la apertura del calendario electoral nacional con la primaria salteña. Ayer, en Olivos se respiraba cierta tranquilidad por un triunfo de Juan Manuel Urtubey ante el massista Juan Carlos Romero, que sería bastante ajustado. Si en cambio Massa diera el batacazo, su triunfo en Salta seguramente no volcaría una tendencia nacional pero sí tonificaría al líder renovador, que viene de atravesar su peor trimestre desde que entró en la batalla presidencial.

Pero más significativos aún, por sus proyecciones institucionales y su gravitación en la transición, serían una serie de hechos que están a punto de precipitarse en el Poder Judicial. Por ejemplo, Mauricio Macri podría ser sobreseído estos días en la causa de las escuchas ilegales por la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones, integrada por Eduardo Freiler, Eduardo Farah y Jorge Ballestero. Este fallo sería leído por la opinión pública como una reafirmación de su candidatura presidencial. El jefe del PRO ya dedica parte de su agenda a preparar decisiones que corresponden a un presidente. Por ejemplo, recibió días atrás al juez de la Sala I de la Cámara de Casación, Gustavo Hornos, quien haría lobby para convertirse en el sucesor de Alejandra Gils Carbó asumiendo la Procuración General de la Nación si el PRO llega al poder. Esta reunión es sólo una muestra del intenso flujo de operaciones entre sectores de la justicia y los tres principales presidenciables. Aunque en el caso de Daniel Scioli, prefiere reducir estos contactos al mínimo para que en la Casa Rosada no lo acusen de preparar la deskirchnerización del Poder Judicial.

Pero el nudo gordiano hoy pasa por el anuncio del Tribunal Federal N° 2 de que el juicio oral por las irregularidades en el caso AMIA finalmente comenzará el 6 de agosto. Serán juzgados el ex presidente Carlos Menem y el ex jefe de la ex SIDE Hugo Anzorreguy, entre otros. El anuncio llegó después de varios cruces, algunos públicos, entre los jueces del tribunal, la Cámara de Casación y la Corte Suprema. El Gobierno también presionó para que el juicio comience este año. Y hace un mes desclasificó todos los archivos de inteligencia de la ex SIDE vinculados al atentado.

Todo comenzó el 1 de marzo, en la apertura de las sesiones ordinarias, cuando Cristina Kirchner criticó al titular de la Corte, Ricardo Lorenzetti, por la falta de respuestas en las causas de la embajada de Israel y de la AMIA. Eso generó una nota del Máximo Tribunal a Casación, superior de los tribunales orales. Esta semana, el presidente del TOF 2, Jorge Gorini, respondió con varios reclamos: se quejó por la falta de recursos y amenazó con postergar el juicio de AMIA II hasta febrero de 2016. La nota encendió todas las alarmas. Horas después, Lorenzetti se comunicó con la presidente de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa, y le pidió una solución. El miércoles, la jueza se reunió con los cuatro presidentes de las salas de Casación y acordaron aliviar la carga de trabajo de Gorini, que ya tiene a su cargo el juicio por la tragedia de Once. A todo esto, Horacio Verbitsky, acompañado por Diana Malamud, de Memoria Activa, se habían apersonado ante Lorenzetti para exigir que el juicio pendiente sobre la AMIA se inicie cuanto antes.

Pero uno de los enjuiciados, nada menos que el ex juez federal Juan José Galeano, podría quedar imposibilitado de comparecer en el juicio oral si la Corte Suprema no resuelve antes el recurso extraordinario que éste presentara. Ocurre que el sobreseimiento en el juicio por encubrimiento del atentado contra la AMIA que beneficiaba a Galeano fue revocado con la figura de “cosa juzgada írrita”, primero por la Cámara de Apelaciones y luego por Casación. En el interior de la Corte Suprema, la ministra más reticente a apoyar la “cosa juzgada írrita” parece ser Elena Highton de Nolasco. Según sus allegados, se debe a que no comparte este criterio “técnico”. Esta situación colocaría a Lorenzetti en una encrucijada, porque, junto a Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, tendría la mayoría consensuada para fallar a favor, o sea, en contra de Galeano. La cuestión es en realidad estratégica. Un fallo de la actual Corte aplicando la cosa juzgada írrita abriría el camino para la revisión de, por ejemplo, el sobreseimiento dictado por el juez Norberto Oyarbide a favor del matrimonio Kirchner en diciembre del 2009 al descartar su posible enriquecimiento ilícito. De ahí en más podría abrirse una verdadera caja de Pandora, con la posibilidad de que se produzcan fallos que barran con distintos sobreseimientos que hasta hoy favorecen a funcionarios y ex funcionarios del gobierno.

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Esta perspectiva no sólo es muy incómoda para CFK y su séquito, sobre todo cuando se acerca su mudanza de la Casa Rosada. Muchos jueces federales estarían alarmados ante la posibilidad de que la Corte aplique la cosa juzgada írrita, porque ellos mismos quedarían expuestos a serios cuestionamientos por haber fallado tal vez en forma fraudulenta. Sin ir más lejos, el juez Federal Claudio Bonadío, ahora enfrentado con la presidente y su hijo Máximo por la causa Hotesur, hace cuatro años cerró una causa contra Isidoro Bounine, secretario privado de la presidente Cristina Kirchner. El funcionario, que fue sobreseído, estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito y era uno de los cuatro secretarios presidenciales bajo sospecha.

Bounine, de 31 años, se encargaba de llevarle el teléfono a la Presidente, viajaba con ella y manejaba su cuenta de Twitter. Conoció a los Kirchner en Santa Cruz en 2000, y trabajaba como secretario presidencial desde 2005. Ese año, declaró tener sólo $ 15.000 en efectivo. Tres años después, su declaración jurada ascendía a $ 830.254 y una casa prefabricada en Santa Cruz, en un terreno a nombre de su hermano. Su sueldo es de sólo $ 14.282 mensuales.

Bonadío lo sobreseyó, basado en un informe del Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte que aseguraba que el aumento de su fortuna estaba “justificado”. Bounine -defendido por el ex ministro de Seguridad Bonaerense León Arslanián- argumentó que el incremento se debe a que sus gastos siempre fueron bajos. “Es soltero, no tiene hijos y como siempre está con la Presidenta, vive arriba de un avión”, argumentó su defensa. El secretario sostuvo que en 2009, su año de mayores gastos, tuvo ingresos acumulados de $ 244.283, de los cuales sólo usó $ 57.687 (unos $ 4.800 mensuales). La cifra incluye viáticos, una cifra fija que los funcionarios reciben pero que no tiene que ser rendida. El juez también pidió informes al Banco Central sobre las cuentas, cajas y tarjetas de crédito del funcionario, entre otros datos, sobre lo cual no se encontró nada irregular. Bounine es el segundo secretario presidencial investigado y sobreseído por enriquecimiento ilícito. Antes, el mismo juez Bonadío había cerrado una causa contra Daniel Álvarez. Aún siguen bajo sospecha los ex funcionarios Fabián Gutiérrez y Héctor Daniel Muñoz, quien pasó de declarar unos $ 14.000 a más de un millón. Coincidentemente, la Cámara Federal decidiría. Justamente el próximo jueves, la Cámara Federal resolvería si aparta a Bonadío de la causa Hotesur. Romina Mercado, sobrina de la presidente Cristina Fernández de Kirchner y una de las acusadas en la causa de Hotesur, pidió formalmente la recusación del juez a cargo de investigación.

Carlos Beraldi, abogado defensor de Mercado, pidió el apartamiento de Bonadío, que investiga maniobras de lavado de dinero en el seno de la familia presidencial en el Hotel Alto Calafate, por “temor a parcialidad y violación de derecho a la defensa”. Una versión indica que, si le quitan la causa, Bonadío daría el portazo: o sea que presentaría una renuncia detonante.

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Volviendo a la cosa juzgada írrita, el caso de Bonadío no es el único. Son varios los jueces federales que temen que, si la Corte echa mano a este instituto, deberían dar difíciles explicaciones sobre varios de sus fallos. La sensibilidad que se está generando en el ambiente judicial en torno a la aplicación de la cosa juzgada írrita incluye que también tenga problema el único libro que investiga el tema, “Cosa juzgada fraudulenta” de Federico Morgensten. Las presiones políticas oficiales harían que la editorial que publicó el libro se niegue a reeditarlo, pese a la creciente demanda del mismo. Apenas un ejemplo de hasta qué punto el poder está pendiente de las fisuras que pueden conducir a unmani pulite local.

La Corte de 9

Este complejo ajedrez que están jugando la presidente y Lorenzetti tiene otras variantes mayores. Por ejemplo, sería decisiva en los próximos meses la Sala I de la Cámara de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Ana María Figueroa y Luis María Cabral. Figueroa está a la expectativa de lo que pase el miércoles en el Senado con el pliego de Roberto Carlés, propuesto por el gobierno para cubrir la vacante dejada por Eugenio Zaffaroni. El oficialismo no contaría con los votos necesarios para los dos tercios necesarios. La oposición, con el documento firmado en noviembre de 2014 como precedente, no avalaría la propuesta del gobierno. Todo se definirá el martes, cuando los jefes de los bloques se reúnan para diagramar la sesión.

Ante la posibilidad de perder en el recinto, el Frente para la Victoria analiza suspender la sesión de este miércoles e incluso algunos comentan por los pasillos que el gobierno podría retirar el pliego. El último intento del bloque comandado por Miguel Ángel Pichetto claudicó con la negativa del puntano Rodríguez Saá. Si se desmorona -aun con la bendición papal- la designación de Carlés, la jueza Figueroa sería una de las aspirantes para la vacante pendiente. En cuanto al otro miembro de la Sala I de Casación, Cabral, es conocida su oposición al gobierno. Pero su debilidad es que es un subrogante. Uno de los nuevos operadores judiciales del gobierno habría tentado a Cabral con ir a la Corte. Además, el gobierno dispone todavía de cuatro vacantes de jueces en Casación que podría negociar para asegurarse el control de esta Cámara.

Con la designación de Carlés cerca del naufragio y el calendario que le corre en contra, Cristina estaría cada vez más tentada a patear el tablero y ampliar la Corte a nueve miembros mediante un proyecto de ley con mayoría simple. Los más optimistas en el entorno presidencial creen que la UCR aceptaría esta reforma final de la gestión de Cristina, si negociara un número conveniente de los cinco jueces de la Corte a designar. Para otros, en cambio, un acuerdo de este tipo con el cristinismo no sólo haría que la UCR entrara en crisis en su alianza con el PRO, sino que quedaría expuesta al repudio generalizado de la opinión pública. De lo que no hay duda, es de que, para el elenco gobernante, dejar el poder con una Corte Suprema adicta y la Cámara de Casación bajo control sería el mejor reaseguro para la impunidad. Las muertes de Enrique Petracchi y Carmen Argibay y la renuncia de Zaffaroni hicieron que, en la práctica, Lorenzetti se haya convertido en el dueño y señor del tribunal. Y si hay alguien en quien CFK no confía, éste es Lorenzetti.

Fuente: http://informadorpublico.com/

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