Una estafa llamada «Argentina, 1985». Por María Zaldívar

Si algo sabe hacer la izquierda es inventar relatos, tergiversar los hechos, novelarlos y modificar la realidad hasta adaptarla a su conveniencia. Mentir, básicamente. Con la película “Argentina 1985” lo hizo otra vez. Una vez más, la izquierda reescribe la historia.

Para quien no haya vivido aquellos años o no se haya informado de los datos (datos, no fábulas) en el film pareciera que el país transitaba una vida apacible hasta que un lote de militares enajenados amaneció un día cualquiera y salió a matar inocentes sin motivo alguno.

Pero la historia lo desmiente. La República Argentina sufrió un feroz ataque por parte de guerrilla urbana y rural entrenada en el extranjero cuya intención era tomar el poder y subvertir nuestro estilo de vida.

La película describe el juicio llevado a cabo sobre los militares que participaron en la lucha contra esos agresores. La sentencia es clara: dice que la Argentina vivió una guerra interna y revolucionaria y nunca utiliza las nociones de “genocidio” ni “lesa humanidad”. Según la misma sentencia, que tampoco la película informa, se vivió el ataque de una fuerza irregular castro-comunista compuesta por 25000 hombres (la organización armada guerrillera más numerosa de Occidente) que desplegó una violencia inusitada. Para dar un ejemplo histórico que proporcione ciertos parámetros comparativos, cabe recordar que la ETA cometió unos 800 homicidios en 50 años; la guerrilla argentina cometió entre 1500 y 2000 asesinatos en solo 10 años, y más de 22000 atentados, también reconocidos en la sentencia.

Obviamente el estado argentino cumplió con su obligación de defender a la población civil que estaba siendo agredida y ello dio origen a una respuesta, también irregular, que no hubiese tenido lugar de no haber existido el ataque. Estos son extractos de la sentencia del juicio que la película oculta, de los hechos reales, no de la fantasía que ahora camina en busca de premios internacionales.

Posteriormente y cuando el comunismo y la violencia habían sido desalojados, aquel período de atrocidades que el terrorismo impuso fue juzgado a instancias del presidente radical Raúl Alfonsín. No se trató de una acción del Ministerio Público sino de un decreto presidencial, lo que constituye una severa violación de las normas, que contradice el principio del debido proceso.

Esa decisión fue la primera irregularidad de un acto viciado de nulidad y sobreabundado de política. Alfonsín nombró a los jueces que integrarían el tribunal, es decir, que se trató de un tribunal ad hoc, taxativamente prohibido por la Constitución Nacional, que se basa en el principio del “juez natural” y de la independencia de poderes. En este caso, los militares imputados, que actuaron como combatientes en una guerra declarada por el gobierno constitucional (peronista) contra el agresor, fueron arrancados de los jueces naturales (la justicia militar) y puestos a disposición de siete magistrados y fiscales nombrados en el mismo decreto; en esencia, elegidos a dedo por el poder político.

Otro de los hechos tergiversados en la película es que el mencionado decreto, de manera absolutamente arbitraria, puso el 24 de marzo de 1976 como fecha de inicio para la consideración de los hechos. De esa manera dejó expresamente fuera todo lo ocurrido durante la administración de María Estela Martínez de Perón, autora del decreto que encomendó a los militares “aniquilar el accionar de los elementos subversivos”.

Es importante aclarar el alcance de la palabra “aniquilar” en la terminología castrense, pues tiene una connotación muy precisa. Significa “la eliminación física y/o moral del enemigo”.

Cuando los militares tomaron el gobierno con el aval de la enorme mayoría de la sociedad, aunque hoy la hipocresía cobarde de la sociedad argentina lo esquive, ya se contaban más de 500 muertos a manos de grupos paramilitares que respondían al propio gobierno peronista (la temida Triple AAA , Alianza Anticomunista Argentina), 900 desaparecidos y más de 1300 asesinatos cometidos por la guerrilla.

El decreto del presidente Alfonsín, sin embargo, ordenó no juzgarlos y concentrarse exclusivamente en las fuerzas leales, los militares, en uno solo de los bandos de la reciente guerra. Eso la película tampoco lo destaca.

Un comentario al margen del film pero que ilustra la tragedia argentina del siglo XX, el comienzo de su decadencia, cuando la política enturbia la división de poderes y anula la independencia del poder judicial. Juan Domingo Perón hizo exactamente lo mismo en los años ´50 que Alfonsín treinta años después, aunque en dirección contraria:  detuvo civiles, los separó de sus jueces naturales y los juzgó bajo el Código de Justicia Militar. Idéntico objetivo: encontrar culpables a quienes había elegido castigar.

Retomando el análisis de la estafa cinematográfica llamada “Argentina 1985”, vale aclarar que en una “guerra irregular” (como la sentencia define a la situación que la Argentina vivió en esos años) las “reglas de la guerra” las pone el agresor, no un conjunto de normas ordenadas por el derecho internacional público. De modo que la respuesta que recibieron las fuerzas irregulares que atacaron al país entre 1969 y 1979 (período en el que se registró un atentado terrorista cada seis horas) fue del mismo tipo a la del ataque, datos ausentes en esa falaz producción cinematográfica, presumidamente rutilante.

La mala fe del guión se prueba en la omisión de datos precisos y relevantes, como que la Unión Cívica Radical, el partido que ordenó el juicio, es el mismo que alimentó con más de 300 dirigentes propios la estructura estatal del gobierno militar iniciado en 1976. Ocuparon distintas jerarquías de la burocracia estatal, embajadas, intendencias y otros puestos de gobierno.

También fue descartado por los guionistas el hecho de que el estado nacional llevó ante los estrados judiciales a los guerrilleros, quienes contaron, a diferencia de sus víctimas, con la protección de la ley, abogado defensor y todas las garantías pertinentes hasta que los mismos guerrilleros asesinaron a los jueces. Tal vez no les pareció un dato relevante o, tal vez, lo ocultaron para esconder la voluntad del gobierno militar de entonces, de enmarcar con normas judiciales la guerra antisubversiva.

La película se pregunta por qué los militares no juzgaron a los guerrilleros conforme a las reglas del derecho. También cabe preguntarse por qué no lo hizo la democracia, que fue anterior al proceso militar que juzga la película. Entre 1973 y 1976, pleno gobierno peronista donde se registraron cientos de hechos terroristas que mataron a miles de argentinos, no recayó una sola condena judicial sobre sus autores. El juicio, en todo caso, tendría que haber servido para darle a la sociedad una respuesta a esa pregunta recurrente. Trataremos de aportar información fehaciente ante tanto bache de investigación. La ferocidad de los terroristas se ponía de manifiesto en cada enfrentamiento con las fuerzas leales. No los detenía estar rodeados de sus propios hijos y, cuando caían abatidos, tenían en su poder dos y hasta tres documentos falsos; ni entre ellos conocían el nombre verdadero de los otros; utilizaban nombres de guerra y grado militar. La cantidad de acciones guerrilleras y la falta de tecnología para determinar identidades hacía imposible, en muchos casos, identificar a cada uno de los muertos en combate. No eran fuerzas regulares, un ejército con uniforme frente a otro, sino gente anónima infiltrada en el tejido social que mataba desde la clandestinidad a civiles inermes y a fuerzas del orden que portaban .

Estos y muchos datos más, omitidos, tergiversados y acallados por una producción cinematográfica vergonzosa pueden encontrarse en una extensa y pormenorizada entrevista realizada al abogado y escritor argentino Nicolás Márquez, a quien agradezco la colaboración para la confección de esta nota:

El periodista español Juan Ariza ha titulado recientemente que los premios Goya han tenido más de política que de cine. El galardón otorgado a “Argentina 1985” lo confirma.

La batalla cultural por las ideas de la libertad no es solamente bramar por la reducción del gasto público. Es, especialmente, pelear estos espacios donde la verdad ha sido cancelada por la obra disolvente de la izquierda y es salir a denunciar cuando miente. Esta es una de esas veces. Aunque los artistas españoles aplaudan y Hollywood se enamore de un relato falaz y sesgado, lejos de ser un hecho memorable, para los argentinos lo ocurrido en el país y en particular el juicio que esta película tergiversa con alevosía, debe significar lo que fue: una mezquindad disfrazada de épica que dañó las raíces de nuestro sistema político, ese que hoy carece de credibilidad por obra de políticos y políticas como las padecidas en la Argentina de 1985.