Un presidente irreductible. Por Vicente Massot

No deja de resultar ilustrativa la coincidente embestida que, contra la política tarifaria de la administración de Cambiemos, han ensayado, casi al unísono, Cristina Fernández de Kirchner y Elisa Carrió. No es que hayan coincidido por efecto de una común animadversión a cuanto representa el macrismo. Mientras la ex–presidente es una furibunda opositora y sueña con ver a su sucesor trepado, a semejanza de Fernando de la Rúa, a un helicóptero que lo saque para siempre de la Casa Rosada, la jefa de la Coalición Cívica es —aun cuando, en reiteradas oportunidades, no lo parezca— una defensora a ultranza del oficialismo. Que en este momento sus preocupaciones respecto del alza de las tarifas de los principales servicios públicos sean parecidas no significa, pues, que alguna de ellas haya cambiado de opinión en punto a lo que significa Macri. Piensan igual que siempre, sólo que —por una de esas casualidades— han adelantado su opinión sobre un tema, de suyo candente, al mismo tiempo. Que el mismo excede
a las mencionadas señoras lo muestra el hecho de que, al proyecto de ley de la senadora de Unión Ciudadana, se le han sumado el de la diputada, también kirchnerista, Araceli Ferreira, el de su par en la cámara baja, Nicolás del Caño, representante del Frente de Izquierda y el de Silvia Horne (Frente para la Victoria).

Los cuestionamientos —que eso son, en definitiva— de los diferentes adalides del universo K y del socialismo radicalizado importan poco y nada. Harán un poco de ruido —no mucho, después de todo— y se apagarán de manera rápida, a semejanza de uno de esos deslumbrantes juegos artificiales, que por un instante iluminan el cielo y desaparecen sin dejar detrás rastro alguno. Distinto es el caso de la Carrió y el de la Unión Cívica Radical. Socios excluyentes de la coalición gobernante, a sus planteos el gobierno debe escucharlos con atención. Mauricio Macri, Marcos Peña y Juan José Aranguren pueden ignorar olímpicamente las críticas de la viuda de Kirchner y de sus seguidores. Lujo que no pueden darse con sus únicos aliados de fuste.

El propósito de Lilita no es ponerle un palo en la rueda a la administración actual. Tampoco es el objetivo de los radicales. Cualesquiera que sean sus dudas sobre la marcha oficialista y aunque disientan en no pocas políticas públicas con los hombres del presidente, su postura nace de una profunda convicción: el aumento de las tarifas, que forma parte del plan económico instrumentado a partir de diciembre del año 2015, es peligroso en tanto y en cuanto, de seguir su curso, provocará el divorcio de las clases medias urbanas con el gobierno.

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Si bien Elisa Carrió, en su presentación, fue más allá y dejó entrever que hay aspectos poco claros en la forma que se ha estructurado el sistema energético, lo cierto es que el núcleo central de su pedido se compadece menos con presuntas irregularidades que con el desvelo que le causa ver las consecuencias que, sobre vastos sectores de la sociedad, tiene el aumento de la luz, el agua, el gas y el transporte. Véase que en esta ocasión al menos, no hay una denuncia tronitonante de parte suya. Otro tanto cabría decir de los seguidores históricos de Alem, Yrigoyen y Alfonsín. No desean tirar piedras sino ayudar.

Claro que se topan con un presidente absolutamente convencido de que no hay otro camino que no sea el inaugurado hace dos años y unos pocos meses, cuando venció a Daniel Scioli y reemplazó en Balcarce 50 a Cristina Fernández. Quienes imaginan al titular de la cartera de Energía como un personaje poco sociable que, por las suyas y a expensas de la población, ha decidido subir las tarifas, sin importarle el costo, no saben lo que dicen. El principal valedor de Aranguren, inclusive contra algunos de sus pares en el gabinete nacional, es Mauricio Macri. Nada le hará cambiar de parecer al jefe del Estado en lo que hace a la necesidad de sincerar unos precios que, en los doce años del populismo K, habían sido reducidos a escombros.

Si se analizan con cuidado las cuentas públicas es fácil darse cuenta de que la exigua baja del déficit primario —de la que tanto se jacta Nicolás Dujovne y, con él, los que lo acompañan en la difícil tarea de encaminar la economía argentina— es básicamente producto de la política tarifaria puesta en marcha desde el momento en que el macrismo pisó la Casa Rosada. De no ser por el esfuerzo hecho en la materia —cuyo costo está a la vista en las encuestas de opinión pública— el gasto público alcanzaría hoy topes insoportables.

Por muchas que sean las quejas de sus socios, el presidente de la República no está dispuesto a retroceder ni siquiera un tranco de pollo. El esquema diseñado se corresponde no sólo con el déficit primario sino también con el cronograma electoral. En el curso de lo que resta del año se completará la recomposición tarifaria, de forma tal de que no sea menester, en 2019, repetir los aumentos que tanta insatisfacción producen en la gente. No se requiere poseer dotes de estadista para enterarse de que, con elecciones presidenciales a la vista, cualquier tipo de ajuste económico sería un suicidio para quien lo implementase.

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La empresa inconclusa de reducir el gasto primario tiene un plazo. Lo que no se haga en el periodo que va de mayo a diciembre, quedará postergado —siempre y cuando Cambiemos gane en los comicios de octubre del año que viene— hasta 2020. Y entonces debiera dar comienzo una empresa de mucha mayor envergadura: encontrarle una solución al tema previsional, al exceso de empleados públicos y a los subsidios extendidos a los movimientos sociales. El corazón del gasto apenas si se ha rozado. Macri hace sólo lo que puede en los territorios a los que se anima a entrar. De aquí a diciembre habrá que ajustarse el cinturón. Luego será perceptible alguna distensión por la necesidad de ganar en el cuarto oscuro. Seguida de más ortodoxia.

También la presencia silente del presidente de la Nación se recorta detrás de la figura del titular del Banco Central. Si alguien suponía que después de ceder, a comienzos del verano, en su manejo de la política monetaria restrictiva, Adolfo Sturzenegger se daría por vencido, está equivocado. Sus declaraciones del día lunes no dejaron lugar a dudas. Imaginar que salió al cruce del flagelo que atormenta al gobierno —la inflación— sin antes consultar al jefe del Estado, es no entender dónde descansa su lealtad y cuáles son sus convicciones.

“Si la inflación no baja, subiremos la tasa” —el núcleo duro de su anuncio— no ha sido un exabrupto de su parte ni una compadrada. Cabría traer a comento, respecto de sus palabras, el viejo adagio popular que reza: “El que avisa no traiciona”. Le guste o no al jefe del gabinete y a sus dos todopoderosos laderos —Mario Quintana y Gustavo Lopetegui— la autoridad monetaria refleja, sobre el particular, lo que piensa Macri.

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