Mar. Ago 11th, 2020

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Un poder judicial infestado de jueces parciales y sobornables. Por Cosme Beccar Varela

Un país cuyo Poder Judicial no merece confianza, no es un Estado de Derecho. Los habitantes están inermes ante los poderosos y expuestos a la arbitrariedad, la parcialidad o la desidia de jueces y fiscales indignos.

Esa es la argentina del 2018. Los jueces penales federales son los mismos que ocupaban esos cargos en la era kirchnerista y son todos ellos culpables, entre otras cosas, de prevaricación al someter a su jurisdicción omnímoda a los que combatieron el terrorismo de los años 70 encarcelándolos «preventivamente» por muchos más años que los que permite la ley, negarles la prisión domiciliaria a los mayores de 70 años y a los enfermos, a causa de lo cual han muerto tras las rejas más de 450 víctimas de esa «polÍtica de Estado», como la definió Lorenzetti, ex-Presidente de la Corte Suprema. Igualmente prevaricaron al permitir la enorme corrupción de los políticos kirchneristas y de los actuales, así como también los Fiscales acompañaron esa saga horrenda de injusticias por acción u omisión.

A partir del 18 de Noviembre próximo el macrismo «podrá conseguir sin esfuerzos la mayoría agravada para designar y remover jueces» («La Nación», 11/10/2018, pag. 16). Tendrá la mayoría con 10 de los 13 consejeros que integran el Consejo de la Magistratura (ibidem). Siendo así, es indispensable que Macri cumpla con su obligación de asegurar al país un Poder Judicial moral e intelectualmente idóneo para lo cual debe remover a los jueces indignos y designar jueces para cubrir las numerosas vacantes que hay en los Tribunales, cubiertas hasta ahora por «subrogantes» que son ineptos y ausentistas o por substitutos que son a su vez titulares de otros Juzgados, lo cual retrasa enormemente los trámites judiciales y, lo que es peor, en el caso de los subrogantes ineptos, pone los derechos de los litigantes en manos de incompetentes irresponsables.

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Para realizar esta recuperación del Poder Judicial con la celeridad debida, será necesario que Macri inste al Consejo dela Magistratura a cumplir con su deber que es precisamente el que acabo de señalar. Y si es necesario, contrate por un plazo determinado abogados auxiliares independientes y de probada capacidad que investiguen todos los Juzgados nacionales y federales, empezando por los penales federales que son los más sospechosos de haber incurrido en graves injusticias, e informen al Consejo sobre sus conclusiones y recomendaciones para la remoción de los indignos.

A su vez, el Presidente debe instar al Consejo para que active la presentación de nuevos candidatos para su designación en los Juzgados vacantes que según el último dato que leí en los diarios hace unos meses, son más de 100. No puedo confirmar ese número porque ni el gobierno ni el Consejo informan al público sobre ese asunto, pero los abogados que debemos litigar dentro del actual Poder Judicial sufrimos  en carne propia las demoras escandalosas y los errores aún más escandalosos de los Tribunales. Entretanto, tampoco he leído en la prensa noticia alguna que permita celebrar el fin de esa intolerable acefalía.

Si Macri no lo hace, como dije más arriba, la argentina seguirá sin ser un «Estado de Derecho» y los particulares seguirán careciendo de las mínimas garantías de Justicia que se exigen para ser considerado un país civilizado.

A la fecha puedo asegurar, con mi experiencia de 59 años de ejercer la abogacía, que nunca he visto un Poder Judicial peor que el actual, empezando por la desastrosa Corte Suprema, cuya parcialidad es repulsiva. Hace unos días hemos visto que el nuevo Presidente de ella, uno de los jueces nombrados por Macri y ex-abogado de una asociación de homosexuales, denunció a su predecesor Lorenzetti por haber “vaciado” una Oficina esencial de la Corte Suprema al disponer en sus últimos días en el cargo supremo el traslado de 10 de sus 16 funcionarios.  Lorenzetti es un político que fue “montonero” en su juventud y está acusado por la diputada Carrió de diversos delitos, pero sigue siendo ministro de la Corte Suprema. Presidió la Corte durante 12 años y firmó diversos fallos inicuos, entre ellos el conocido caso F.A.L. que excusó el crimen del aborto más allá de lo que lo excusa el art. 86 del Código Penal, la retroactividad de las leyes penales, la convalidación de la decisión inaudita del Congreso de anular en lo que respecta a los antiterroristas las leyes de amnistía dictadas por el mismo Poder hace más de 20 años y mantener su vigencia en favor de los terroristas, etc.

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Si Macri termina su «gobierno» sin prestar al país por lo menos este servicio, su presidencia pasará a la Historia como una de las mayores frustraciones que ha sufrido la Patria.

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