Un país de opereta. Por Vicente Massot.

La Argentina —mal que nos pese— se halla aquejada por una decadencia que lleva más de setenta años. Pero nuestro ocaso tiene tintes de opereta, en el sentido vulgar del término. Aquí todo es trucho o, si se prefiere, de utilería. Lo cual, si bien no le quita gravedad al derrumbe, le agrega una componente —que nos es característica— de livianos y poco serios en casi todo lo que hacemos. La fuga que desde hace días ocupa las primeras planas de los diarios y es el tema político de conversación por excelencia de los argentinos resulta una muestra cabal de lo expresado antes. Analizada la cuestión desde el costado institucional, su entidad es tal que nadie en su sano juicio podría tomarla a broma. En cambio, si por un momento nos olvidamos de lo que se halla en juego aparece el dato de farsa que acompaña en estas playas inclusive a los temas más serios.

Sería difícil o, lisa y llanamente, imposible imaginar a Al Capone fugándose de Alcatraz con un revolver de juguete. Sin embargo, por inaudito que parezca en la cárcel de máxima seguridad de General Alvear eso fue lo que sucedió. Menos creíble resultaría encontrar en China, Alemania o Israel —por nombrar al voleo a tres países serios— a un miembro del servicio penitenciario que, en el momento decisivo, en lugar de hacer uso del arma que porta para detener a los delincuentes en fuga, se niega en redondo a hacerlo escudándose en su condición de testigo de Jehová. No obstante, cuando los Lanatta y Schillaci todavía no habían salvado el último obstáculo que los dejaría fuera del penal, toparon con semejante personaje.

El minué de torpezas y grotescos no termina aquí. Los criminales hace días que deambulan a sus anchas por el territorio bonaerense o —a esta altura— por otros más lejanos, permitiéndose pernoctar en casa de amigos y hasta llegarse al domicilio de una ex–suegra para amenazarla y llevarse un auto. Todo en medio de un operativo policial que si lo hubiese planeado el estado mayor de la Armada Brancaleone seguramente habría dado mejores resultados. Es que, entre otras cosas, nuestros políticos en su gran mayoría son improvisados. Creen saber lo que desconocen y suponen que merecen cargos que les quedan grandes.

¿Qué hace un contador —seguramente muy honesto y competente en su profesión— puesto a manejar el servicio de informaciones del Estado? Pero, al mismo tiempo, ¿qué hace un político de comité, ducho como pocos en las lides parlamentarias y en las negociaciones con sus pares de otros partidos, al frente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? No es que corresponda poner en tela de juicio los nombramientos efectuados —respectivamente— por Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. Quienes los precedieron en esas oficinas estatales no sólo no fueron más capaces que Gustavo Arribas y Cristian Ritondo sino que ideologizaron sus gestiones hasta límites indecibles. Lo que sucede es que, al brillar por su ausencia las burocracias civiles capacitadas para entender en temas de defensa, inteligencia y seguridad, cualquiera aterriza en las dependencias más sofisticadas lo más campante.

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Hay en esta cadena de sucesos inconcebibles un elemento más que debe tenerse presente a la hora de trazar un cuadro de situación y hacer un juicio de valor: los criminales fugados también son argentinos. Si se comparasen de igual a igual con Escobar Gaviria y contasen con sus medios, el panorama luciría desolador en razón del estado calamitoso de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales y la inexistencia de un aparato de inteligencia capaz de guiar, a través de información fidedigna, al gobierno de turno en una emergencia como la presente. Como su envergadura —la de los Lanatta y Schillaci— es de cabotaje, la gravedad no es mayúscula. Estamos todavía a una distancia considerable de lo que en su momento fue Colombia o de lo que hoy es Méjico. Puede parecer un consuelo de zonzos, aunque no deja de ser cierto.

La dimensión de opereta de la cuestión no disuelve ni oscurece las consecuencias políticas de consideración. Estamos a años luz del país azteca en punto a la envergadura que allí poseen los carteles narcoterroristas pero ello no quita que, a escala Argentina, la impunidad con la que han actuado los delincuentes sueltos y la escuálida respuesta de las autoridades involucradas en el asunto pasen desapercibidas. Es enteramente lógico que el presidente de la República y la gobernadora bonaerense se encuentren entre preocupados e indignados. Pisan terreno desconocido y no saben a ciencia cierta quién es confiable y quién no en la policía de la principal provincia argentina y del servicio penitenciario del mismo estado. Si sospechaban, con buenas razones, de la herencia que recibirían, ahora han caído en la cuenta de que el pus brota por todos lados.

Las especulaciones que se han echado a correr en torno de los motivos del escape de la cárcel de General Alvear, de sus responsables intelectuales y de los eventuales desenlaces, podrían llenar una biblioteca. Las hay desde las que apuntan a integrantes de la pasada administración de Daniel Scioli hasta las que señalan al mismísimo Aníbal Fernández. Se habla de pactos inconfesables y de intercambio de favores que nacieron cuando se substanciaba la interna justicialista y competían, en las PASO, Julián Domínguez y el entonces jefe de gabinete nacional. Se tejen teorías que involucran a las cúpulas que fueron removidas y hasta alguno que otro analista ha metido en el singular embrollo a carteles mucho más robustos y peligrosos de los que habitualmente operan aquí.

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Como es común entre nosotros, cada cual tiene su versión y la considera la única verdadera. En realidad, nadie está en condiciones de dar una respuesta satisfactoria ni al cómo fue posible ni al por qué de la fuga ni tampoco al alcance de las complicidades de las fuerzas de seguridad bonaerenses con los narcos traficantes. En principio, ninguna de las explicaciones adelantadas puede ser descartada de cuajo. El que Scioli prefería a Julián Domínguez y no a Aníbal Fernández, lo sabe cualquiera. Que Jorge Lanata no podría haber llegado a la prisión donde estaban alojados los hermanos que se fugaron, para entrevistarlos, sin la anuencia del ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, también es de público conocimiento. Que el papel desempeñado por Aníbal Fernández en el escándalo de la efedrina nunca fue claro, no necesita más pruebas que las existentes. Por fin, que nadie sale de un penal de alta seguridad —aunque nos encontremos en la Argentina— de la forma en que lo hicieron los Lanatta, sin la complicidad de sus carceleros, es obvio. Los sospechosos son muchos. Sin embargo, ello no demuestra su culpabilidad.

En cuanto a los eventuales desenlaces, hay tres dignos de ser considerados: 1) que rápidamente el operativo de seguridad montado tenga éxito y los criminales sean apresados; 2) que aparezcan, sólo que muertos; y 3) que desaparezcan sin dejar rastros. Para el gobierno, y en este caso resulta indistinto el nacional y el provincial, si sucediese lo primero sería un triunfo espectacular, más allá de las consideraciones que quepa realizar respecto de los errores y complicidades de las cúpulas policiales y del servicio penitenciario. Si mañana se anunciase que están nuevamente tras las rejas, el éxito taparía los gazapos iniciales de las autoridades. Si, en cambio, el tercer escenario se convirtiese en realidad, Macri y Vidal sufrirían una derrota táctica de bulto. Lo que entonces quedaría al descubierto serían las debilidades estructurales de carceleros, policías y políticos. El segundo escenario es el más difícil de calibrar. Pero perderían tanto el oficialismo como el kirchnerismo.

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