Sáb. Dic 5th, 2020

Prensa Republicana

Con las ideas derechas

Un mito bien argentino. Por Vicente Massot

Era obvio que, una vez transcurridos los meses más duros del encierro obligatorio, sucederían al mismo tiempo tres cosas: 1) el gobierno, prescindiendo de considerar los discursos de barricada, se vería en la obligación de realizar un ajuste del gasto público; 2) ganarían mayor visibilidad las diferencias que, desde el comienzo de la gestión de Alberto Fernández, bullen —apenas soterradas— en el seno del Frente de Todos; y 3) las inquietudes que generan en el seno del oficialismo los comicios legislativos del año próximo pasarían a figurar al tope de su agenda política. Si bien los temas antedichos son parte de un conjunto, a los efectos del análisis conviene tratarlos de manera separada. No resultan —claro está— comprartimentos estancos, aunque se entenderá mejor su significado y su importancia si los planteamos como si lo fueran.

Comencemos por el que hace más barullo y del que nadie desea responsabilizarse. El presidente de la República acaba de decir —en respaldo de la carta que los senadores kirchneristas le extendieron a los técnicos del Fondo Monetario Internacional, de visita en Buenos Aires— que el único ajuste incluido en el presupuesto 2021, cuya discusión se halla a punto de iniciarse en el Congreso, es de carácter financiero. En atención al momento que se vive y a la administración que comanda, no podría haber expresado otra cosa. Si siquiera lo hubiera intentado, se habría incinerado delante de sus partidarios, en particular, y de la opinión pública, en general. Pero no deja de ser una mentira grande como una casa.

Basta poner atención en el proyecto de reforma previsional presentado por el oficialismo para caer en la cuenta de hasta dónde los jubilados —como es ya costumbre entre nosotros— harán las veces del pato de la boda. Sacando de juego el índice del costo de vida en la fórmula de actualización, la poda que se le hará a los haberes de la clase pasiva es cosa segura. Con esta particularidad, de la que pocos quieren hablar: el nuevo parámetro para determinar el monto de las futuras jubilaciones tuvo vigencia durante la anterior experiencia gubernamental de Cristina Fernández, sin resultados satisfactorios. En realidad, el problema de fondo es la quiebra del sistema de Seguridad Social que las moratorias dinamizadas por Diego Bossio, cuando estuvo al frente de la ANSES, no hicieron más que llevar a topes exponenciales.

Tanto Alberto Fernández como Martin Guzmán, si fuesen acorralados por la prensa y sometidos a interrogatorio respecto del fin del IFE, la desregulación de la política de precios máximos y el sinceramiento de las tarifas de los principales servicios públicos, sostendrían que semejante medidas no son parte de un ajuste sino la culminación de la emergencia que el país debió enfrentar debido a la pandemia de alcance planetario. Cuyos efectos en estas playas —no está de más repetirlo— han sido pavorosos en términos económicos y sociales. En una discusión académica los dos funcionarios llevarían razón. Sólo que, en medio de la recesión que padecemos y de las consecuencias que ha traído aparejadas la peste, al común de la gente le será bien difícil entender que —una vez más— no le están metiendo la mano en el bolsillo. Cuanto para el ministerio de Hacienda es imprescindible, para el grueso de la sociedad —al margen de sus diferencias ideológicas— puede resultar insoportable. El libreto de Guzmán y sus muchachos es acotado. No pueden posar de guapos delante del FMI —a la manera de Néstor Kirchner en la Década Ganada— por la sencilla razón de que, lo que al padre fundador de la secta le sobraba, a sus émulos de hoy les falta. Necesitan hacer, de la necesidad, virtud; y deben encontrar la forma de explicar desde una posición nacional y popular —de creérsele a sus corifeos— los motivos que los llevan a ponerse en manos del tan denostado FMI.

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En este contexto cobra sentido la misiva que se conoció el lunes, en la cual los miembros del oficialismo en la cámara alta del Congreso Nacional poco menos que se vistieron con togas de jueces y cargaron contra el organismo de crédito internacional como si fuese el responsable de nuestras desventuras. Ni bien se hizo pública, la mayoría de los análisis parecieron coincidir en que era una maniobra más del cristinismo, enderezada a complicar el curso de acción de Alberto Fernández. Craso error. A media mañana del mismo día fue el propio presidente de la Nación el que, en unas declaraciones efectuadas en la quinta de Olivos, ratificó los lineamientos redactados por Omar Parrilli y Héctor Mayans y supervisados por la vicepresidente.

¿Qué fue lo que pasó? —Seamos honestos, el fulbito para la tribuna resulta obligado en una circunstancia así. La puesta en escena no difiere demasiado de tantas otras del pasado que nos es común. Los personajes son distintos, la coyuntura es bastante parecida —aunque más grave— y el discurso —falsamente nacionalista— calcado. Se hace menester ponerle los puntos sobre las íes a la gente del Fondo, aunque nada más que en el orden discursivo. Es después de todo lo único que entiende y hasta celebra el popolo grosso, creyéndolo cierto. Mientras tanto, y por líneas interiores, lejos de las tribunas, Martín Guzmán negocia las condiciones que le permitirían tener el visto bueno del FMI para su plan de equilibrio fiscal.

Si se pasa revista al historial de nuestra relación con el FMI —que viene de lejos— los que saltan a la vista, sin que resulte necesario calar hondo en el análisis, son dos fenómenos: por un lado, el hecho de que los compromisos que asumieron las diferentes administraciones criollas que fueron a tocarle la puerta a las autoridades de ese organismo de crédito pocas veces resultaron honrados en tiempo y forma. La regla no resultó el cumplimiento estricto de lo acordado. Por eso el acuerdo al que ahora se intenta sellar, en el mejor de los casos lo que hará es algo que cualquiera con un mínimo de conocimiento sabe de memoria: la Argentina no pagará un dólar durante la gestión de Alberto Fernández y pateará para más adelante la abultada deuda que contrajo el macrismo. A cambio, prometerá realizar una serie de deberes que —como las reformas estructurales brillarán por su ausencia— apenas obrarán el efecto de una aspirina en un cuadro de infección grave.

En paralelo, han salido a la luz las contradicciones que anidaron desde siempre en un conglomerado tan variopinto como el liderado por la viuda de Kirchner. Imaginar que todo sería miel sobre hojuelas en la relación de los dos Fernández era imposible a poco de posar la lupa sobre el carácter y las ambiciones de la Señora. Dar un paso al costado y otorgarle la derecha al ex–jefe de gabinete de su marido —a quien no podía ver ni en figuritas— fue el precio que debió pagar para salir airosa en las elecciones. Pero de ahí a interpretar su jugada táctica como una suerte de renunciamiento estratégico, que implicara bajarse de la conducción política, hay un abismo.

Está fuera de duda que ella no coincide con muchas de las decisiones que ha tomado en los primeros once meses de gestión Alberto Fernández. También que las rispideces han escalado en el aspecto que más le interesa a la jefa del Frente de Todos. El de la Justicia es un ámbito en donde la ex–presidente se ha reservado no sólo el poder de veto. A diferencia de otras disciplinas y materias que ni le quitan el sueño ni le van ni le vienen, sabe que —en parte, al menos— su futuro y el de sus hijos dependerá de las acusaciones levantadas por determinados fiscales y de los eventuales fallos de ciertos jueces. Por lo tanto, y aun situándose en la vereda de enfrente de la Casa Rosada, en punto a la remoción de magistrados a los que juzga enemigos, al copamiento de la Procuración, y a la reforma de la Justicia, lo que opine su compañero de fórmula le tiene sin cuidado. Así como hay campos en los cuales ha optado por no interferir con el Ejecutivo aun cuando disienta con su curso de acción, en otros nadie la hará callar y está dispuesta —le guste o no al Excelentísimo Señor Presidente— a llegar hasta las últimas consecuencias. Esto asentado, sigue siendo cierto que las dos figuras principales del gobierno no pueden darse el lujo de romper relaciones y suscitar entre ellos una disputa que representaría —para ambos— un verdadero suicidio.

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Por fin, hay un tercer hecho menos tratado en los medios aunque cobre cada día que pasa mayor trascendencia. Es el de las elecciones de medio término que habrán de substanciarse en octubre del año próximo y en donde se renovarán las bancas de 127 diputados nacionales —cuyo mandato se extenderá hasta el año 2025— y de un tercio del Senado —24 escaños correspondientes a las provincias de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Tucumán, Catamarca, Chubut, Corrientes y La Pampa. La posible suspensión de las PASO, que se ha comenzado a agitar en estos días y ha suscitado —como no podía ser menos— un debate acalorado entre miembros del oficialismo y del arco opositor, tiene relación directa con lo que unos y otros conjeturan que podría suceder en el cuarto oscuro en el mes de agosto. Dejando de lado por ahora lo que significaría una derrota de la coalición macrista-radical, en las tiendas oficialistas las dudas están concentradas en cómo conjugar la irremediable necesidad de un ajuste con las exigencias propias de una campaña electoral. Porque sufrir una derrota electoral supondría para el Frente de Todos un revés difícil de remontar.

Negar a tambor batiente la puesta en marcha de una política de ese tipo se entiende en razón del discurso kirchnerista y de la posición ideológica que ocupa. Lo último que haría es reconocer que la cirugía es obligatoria y que lo mejor sería encararla cuanto antes. Pero ni el presidente ni la vice —malgrado sus diferencias de criterio— se llaman a engaño respecto de las dificultades que tienen por delante. Ganar en las urnas que se abrirán dentro
de once meses o antes —dependiendo de si se suspenden o no las PASO— después de obligar a la ciudadanía a ajustarse el cinturón es una tarea poco menos que imposible. Los ajustes raramente son exitosos cuando se ejecutan antes de un comicio. Para ver sus resultados se requiere tiempo y eso es lo que el gobierno no tiene. Por lo tanto, el oficialismo ha escogido una vía intermedia: realizar ajustes en términos de tarifas, precios y jubilaciones, sin rozar las grandes distorsiones de la economía argentina. La apuesta es esquivar la devaluación y llegar a abril como sea. Luego comenzarán a entrar los dólares del complejo agrícola y le prenderán velas a la Virgen para que el precio de la soja tienda a la suba. La idea de que con esfuerzo, algo de magia casera y mucha suerte los problemas pueden resolverse es un mito bien argentino.

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