Un crimen aberrante del ERP. Por Agustín de Beitia y Jorge Martínez

Era un radiante mediodía tucumano. Una familia tipo próxima a agrandarse llegaba a un clásico almuerzo dominical con los abuelos. Padre, esposa embarazada de cinco meses y dos niñitas. Pero los Viola no eran una familia cualquiera ni ese 1 de diciembre de 1974 iba a ser un día como los demás.

El capitán del Ejército Humberto Viola (de 31 años) quería estacionar el auto en el garaje de la casa de sus padres. Bajó primero su esposa, Maby, para abrir el portón. Se alejó unos metros. Entonces estallaron los disparos sobre el vehículo que partían desde otros autos. Ráfagas de fusil, perdigonadas de escopeta. Una emboscada en plena calle, a siete cuadras de la Casa de Gobierno de San Miguel de Tucumán.

Viola escapó del auto como pudo, por la puerta del acompañante, malherido. Quería preservar a sus hijas, alejarse para que los atacantes concentraran sus dispararos en él, quitarlas del punto de mira. Corrió media cuadra hasta que más balazos lo derrumbaron antes de llegar a la esquina. Allí lo remataron.

En el asiento trasero del vehículo habían quedado las dos pequeñas:  María Fernanda, de 5 años, con una gravísima herida cerebral, y María Cristina, de 3 y medio, a quien los proyectiles le habían arrancado la mitad de la cabeza y llegaría muerta al hospital.

Los agresores pertenecían al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), la guerrilla marxista lanzada a tomar el poder a sangre y fuego. Viola estaba en una lista de oficiales del Ejército a los que querían ejecutar en venganza por la muerte de 16 guerrilleros ocurrida cuatro meses antes, en el intento fallido de copar un regimiento en Catamarca. Su campaña insurgente, iniciada en 1970, desconocía la vigencia de la ley y el estado de derecho. El argumento de que combatían contra una dictadura, que tanto usarían en las décadas posteriores, era por completo infundado. En 1974 regían las instituciones democráticas y el país estaba gobernado por el Justicialismo.

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En el ERP conocían los hábitos de Viola. Como en cualquier banda terrorista, la inteligencia previa era un requisito imprescindible para cometer sus crímenes. Sabían que los domingos iba a comer a la casa de sus padres con su esposa y sus hijas de corta edad. Sabían que las pequeñas podrían quedar en la línea de fuego. Aun así eligieron esa fecha y ese lugar para asesinarlo, sin importarle la presencia de las niñitas. Después buscarían excusas para justificar la matanza y hasta barajaron negar su responsabilidad, conscientes de la conmoción que habían causado.

Años más tarde fueron atrapados varios de los asesinos. Los juzgaron y condenaron durante el régimen militar, pero una ley de la democracia los benefició con conmutaciones de penas, antes de ser indultados en 1989 (en 2016 y 2017 algunos incluso llegaron a declarar como testigos en el proceso por la Operación Independencia). El intento de reabrir la causa Viola situándola en la categoría de «crímenes de lesa humanidad» transita sin pena ni gloria por los sumisos tribunales nacionales. Tampoco han prosperado los reclamos en cortes internacionales.

La Argentina de la guerrilla, la que devastó a la familia Viola, no figura en la historia oficial. Sus crímenes se esfumaron, sus asesinos fueron convertidos en mártires, sus víctimas desaparecieron de la «memoria histórica». La pesadilla está lejos de concluir. No falta mucho para que los que procuren mantener vivo el recuerdo de las atrocidades sean tachados de «negacionistas», en una inversión orwelliana del más elemental sentido de justicia.

Lejos de concitar repudio, esa Argentina sigue teniendo sus admiradores nostálgicos que sueñan con reeditarla, aunque por otros caminos. Pueblan la Justicia y la clase política, son legión en los ambientes educativos, en el periodismo y los medios culturales. Y eso no es todo. Muchos de ellos están a días de volver al poder.

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