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Un 24 de marzo con la “memoria” en cuarentena. Por Nicolás Márquez

Télam Buenos Aires, 21/03/2009Jorge Rafael Videla, cabeza del primer gobierno de la dictadura festeja con la multitud el título mundial logrado por la selección juvenil en Japón, un locutor decía "muestrenles a esos señores que los argentinos somos derechos y humanos".Foto: Archivo Télam/jcp

En este 24 de marzo y por causas de público conocimiento, difícilmente las habituales comparsas de izquierda y sus activistas asociados puedan batir el parche en las calles de Argentina, repudiando la revolución cívico-militar que 44 años atrás la población apoyó sentidamente. En efecto, al menos en la vía pública, no se podrá alegar que en los años 70´ hubo un “genocidio” ni insistir con la falsa cifra de los 30 mil desaparecidos, ni tampoco enaltecer a los guerrilleros y terroristas que la propaganda oficial ha exculpado y convertido milagrosamente en “militantes populares”.

Sin embargo, a pesar de que los medios masivos de comunicación (no sin motivos) ahora están abocados a cubrir novedades en torno al temible coronavirus, no faltarán articulistas, periodistas, políticos y comentaristas masivos en las redes sociales que serán afines y funcionales a la mentira organizada en aras de nuestro pasado reciente.

Por empezar vale señalar la injusticia de contar los episodios a partir de una fecha arbitraria, sino que la guerra civil desatada por la subversión terrorista comenzó formalmente y aproximadamente en 1970, cuando ERP y Montoneros salieron a la palestra con sus primeros homicidios.

Pero vayamos un poco al contexto previo a la revolución cívico-militar de 1976: durante los casi tres años que iban de gobierno peronista, desde mayo de 1973 hasta marzo de 1976, el terrorismo paraestatal de la Triple A ya había asesinado a medio millar de personas; el terrorismo marxista protagonizado por el ERP y Montoneros había causado 1.358 homicidios (cantidades informadas y ratificadas en su momento por diarios antagónicos como La Prensa o La Opinión), y el número de guerrilleros desaparecidos tras las órdenes presidenciales emitidas en febrero y octubre de 1975 consistentes en «aniquilar el accionar de los elementos subversivos» ya ascendía a 900.

Desde mayo de 1974 centenares de guerrilleros del ERP operaban en los montes de la selva de Tucumán, dándole guerra al Estado en el afán de segregar la provincia del territorio nacional. En esa intentona secesionista fueron famosos los crímenes de niños cometidos por la subversión: el caso más escalofriante fue el de las hermanas María Cristina y María Fernanda Viola, de 3 y 5 años, respectivamente; la primera fue asesinada a balazos y la segunda acabó un mes internada en estado de coma, con secuelas irreparables. El padre de ambas, el capitán Humberto Viola, también fue asesinado en el mismo ataque.

Lo expuesto no fue un hecho aislado: entre 1969 y 1979 las bandas terroristas cometieron 21.665 actos de subversión, entre ellos, 5.052 colocaciones de bombas, 1.748 secuestros y 1501 asesinatos, cantidades ratificadas en la sentencia dictada el 9 de octubre de 1985 por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, cap. 1. Cuestiones de hecho, causa 13.

En todo el período de barbarie y desgobierno previo al 24 de marzo de 1976, no solamente no se dictó ninguna condena a un solo terrorista, sino que centenares de ellos fueron premiados y amnistiados durante el lamentable pasaje presidencial de Héctor Cámpora: de los más de mil terroristas beneficiados con la impunidad, 371 ya tenían condena judicial.

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Como si los escalofriantes datos de la guerra civil entonces vigente fuesen insuficientes, los números económicos se desplomaban y la hiperinflación, según informe de FIEL, arrojaba una proyección anual del 17.000% para 1976.

Durante los días previos a la revolución, las declaraciones de personalidades y las notas de los diarios reflejaban el clima imperante: «Un muerto cada cinco horas, una bomba cada tres» publicaba La Opinión (19/03/76). «Es inminente el final. Todo está dicho» redundaba La Razón. Pero la expresión más clara de lo que la clase política podía dar fue del diputado Molinari: «¿Qué podemos hacer? Yo no tengo ninguna clase de respuesta».

De la oposición nada podía esperarse. El jefe de esta, Ricardo Balbín, a la sazón presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), efectuó un público y desembozado lavado de manos el 22 de marzo, alegando: «Hay soluciones, pero yo no las tengo». Ya el 27 de febrero el Comité Nacional de la UCR había incentivado el golpe al publicar la siguiente exhortación: «Toda la nación percibe y presiente que se aproxima la definición de un proceso que por su hondura, vastedad e incomprensible dilación, alcanza su límite».

Horas antes del fin de aquel caótico régimen capitaneado por la bailarina Isabel Perón, se escapaba al exterior el máximo líder sindical, Casildo Herrera: «Yo me borro» fue su conocida sentencia al llegar sano y salvo a Montevideo. Y lo bien que hizo en huir, a sus antecesores en el máximo cargo jerárquico de la CGT no les había ido nada bien: tanto José Alonso como José Ignacio Rucci habían sido asesinados poco antes por las balas montoneras.

Dos días previos al 24 de marzo renunció también el intendente de la Ciudad Buenos Aires, José Embrioni, y mientras tanto, el hombre fuerte de aquel gobierno, el hechicero José López Rega, se encontraba prófugo de la Justicia, escondido en Europa. Pero la bochornosa competencia de estampidas y deserciones también llegó al Congreso de la Nación: «Los legisladores que asistieron al Parlamento se dedicaron a retirar sus pertenencias y algunos solicitaron un adelanto de sus dietas» informó Clarín el 21 de marzo.

En suma, la ceguera ideológica de los que ahora repiten la estereotipada historieta oficial con base en aforismos parciales y sensibleros oculta que «la inmensa mayoría de los argentinos rogaba casi por favor que las Fuerzas Armadas tomaran el poder. Todos nosotros deseábamos que se terminara ese vergonzoso gobierno de mafiosos», palabras dirigidas a la revista alemana Geo en 1978 por el escritor Ernesto Sábato: el mismo tránsfuga que después presidió la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y encima prologó el libro Nunca Más, el emblemático best seller financiado por el inconcluso gobierno de Raúl Alfonsín.

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Pero el apoyo generalizado a los militares, proveniente de los mismos sectores que hoy los repudian, no se limitó a la sublevación del 24 de marzo. Una vez constituido el nuevo gobierno, sus aplaudidores se sumaron a cogobernar con entusiasmo: de las 1.697 intendencias vigentes en la gestión del Presidente Jorge Rafael Videla, solo el 10% de ellas eran comandadas por miembros de las Fuerzas Armadas. El 90% restante estaba conformado por civiles repartidos del siguiente modo: el 38% de los intendentes eran personalidades ajenas al ámbito castrense de reconocida trayectoria en sus respectivas comunas, y el 52% de los municipios restantes era comandado por los partidos tradicionales en el siguiente orden: la UCR contaba con 310 intendentes en el país, secundada por el PJ, partido presuntamente «derrocado», con 192 intendentes; en tercer lugar se encontraban los demoprogresistas, con 109; el MID, con 94; Fuerza Federalista Popular, con 78; los democristianos, con 16; el izquierdista Partido Intransigente, con 4 y el socialismo gobernaba la ciudad de Mar del Plata. En otras áreas, el socialista Américo Ghioldi se constituía en embajador en Portugal; en Venezuela, el radical Héctor Hidalgo Solá haría lo propio, Rubén Blanco en el Vaticano y Tomás de Anchorena en Francia; el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda en Italia, el desarrollista Oscar Camilión en Brasil y el demócrata mendocino Francisco Moyano en Colombia. En tanto, el Partido Comunista ratificó su apoyo a Videla y fue la primera vez que una gestión de facto no prohibió ni declaró ilegal a ese partido.

Por supuesto que en el marco de la guerra civil desatada por el terrorismo el gobierno militar cometió errores y horrores indefendibles, pero en absoluto estos fueron en la proporción ni en la dimensión que pretenden endilgarles hoy los vendedores de memoria: ya sabemos oficialmente que durante el gobierno de facto los desaparecidos no fueron 30 mil sino 6447 (listado gubernamental confeccionado en 2015 durante la Presidencia de Cristina Kirchner), y que dentro de esta aminorada cantidad: «Habrá alguno que otro desaparecido que no tenía nada que ver, pero la inmensa mayoría era militante y la inmensa mayoría eran montoneros», literal confesión brindada por Mario Firmenich al periodista español Jesús Quinteros en 1991.

Se va otro 24 de marzo, y de nuevo nos estamos perdiendo una renovada oportunidad de discutir y repensar en serio, y con afán superador, el triste pasado reciente. Muy probablemente nada de lo aquí citado en esta nota será mencionado por el establishment derecho-humanista, cuyo libreto desempolvan año tras año en torno a un exótico feriado que, para lamento del grueso de los habitantes de Argentina, esta vez por la cuarentena los encuentra sin expectativas turísticas.

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