Tormenta – Por Vicente Massot

La jueza federal Servini de Cubría no es —no lo ha sido nunca— un modelo de independencia respecto de los caprichos de los últimos cinco presidentes de nuestro país: Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Sin llegar a los extremos de servilismo propios de su par Norberto Oyarbide, nunca se caracterizó por su celo a la hora de frenar en seco los avances del Poder Ejecutivo sobre el ámbito judicial. Solícita a los deseos políticos de los poderosos de turno, siempre demostró una notable habilidad para darles la espalda y atenerse a los códigos cuando aquéllos veían desfallecer su estrella política.

Que en el curso de la última semana haya decidido meterse de lleno en el tema —vaya si peligroso— de la efedrina y no haya trepidado en amenazar con un eventual allanamiento de la mismísima Casa Rosada pone al descubierto el grado de deterioro en la relación, otrora tan bien aceitada, del kirchnerismo con los magistrados federales. Representa, el súbito brote autonómico de la mencionada jueza, un indicio claro de que la rebelión en la granja del oficialismo resulta cada vez más extendida.

En este orden habrá que estar atentos a las cuatro trascendentales elecciones, a punto de substanciarse en distintos puntos del país, de las cuales saldrá conformado un nuevo Consejo de la Magistratura, probablemente más afín al arco opositor que al kirchnerismo. En los comicios de marras se renovarán los representantes de los estamentos con asiento en ese organismo: los jueces nacionales, los abogados de la ciudad de Buenos Aires, los abogados del interior y los académicos. El reparto de fuerzas, resultado de quienes ingresarán —que hasta el momento arroja una virtual paridad: 7 votos tiene el gobierno y 6 los independientes— amenaza ser distinto a partir del fin del año en curso.

Esto en atención a que, salvo en el caso de los académicos, en el resto de las pujas los K llevan las de perder y lo que se halla en juego —nada menos— es la facultad de promover y remover a los jueces; función ésta que, mientras tuvo mayoría, el kirchnerismo aprovechó para encumbrar a magistrados afines a su ideología y sepultar las aspiraciones de quienes no comulgaban con su credo. El equilibrio hoy vigente está a punto de astillarse en desmedro de la Casa Rosada.

Si abandonamos el terreno judicial para introducirnos en los territorios específicos de la política, fue una sorpresa para todos —Sergio Massa incluido— la performance, en la segunda ciudad en importancia de Santiago del Estero, del candidato del Frente Renovador. No faltó a la verdad Gerardo Zamora cuando confesó que en su provincia “las cosas quedaron igual” después de haberse conocido los números finales. Pero no dijo toda la verdad y en ello radica el punto central de la cuestión. Cualquiera podía pronosticar —sin ser un especialista en la materia— que el partido de gobierno se alzaría con el triunfo en 25 de los 26 distritos en discusión. Sólo existían algunas dudas respecto de La Banda, donde el postulante massista, Pablo Mirolo, hacía fuerza pero —según los más— con posibilidades remotas de ganar. Uno de los encuestadores K de mayor nombre, Enrique Zuleta Puceiro, con su proverbial justeza vaticinó un triunfo zamorista en esa localidad por casi 40 puntos de diferencia.

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No obstante ello, el ganador fue Mirolo y el gigantesco esfuerzo realizado por el aparato gubernamental para controlar La Banda resultó baldío. En ese distrito no se jugaba —claro está—la suerte de la provincia. Nadie pensaba que estuviera prendida de alfileres la gobernabilidad, o cosa por el estilo. Y, sin embargo, el municipio clave del comicio, y por lo tanto el centro de atención, era La Banda. No por otra razón la semana pasada viajó Cristina Fernández a los pagos de Zamora al solo objeto de posar, frente a miles de simpatizantes, junto a Mariela Massif, la candidata del Frente Cívico. Sergio Massa hizo otro tanto y el jueves se presentó en la caravana de cierre de la campaña de Mirolo.

Sería erróneo descubrir ahora —a instancias del resultado que arrojaron las urnas en La Banda y en la pequeña ciudad de Pinto— que al kirchnerismo le espera un futuro aciago. El Frente para la Victoria estaba desflecado desde mucho antes del domingo pasado. No cuenta en virtud de que no tiene un delfín a mano y carece de postulantes con peso electoral. Los únicos dos que —de producirse un milagro— podrían meterse en una segunda vuelta y, así todo, ser derrotados, no son kirchneristas puros. Salvo que alguien piense que lo son Daniel Scioli y Florencio Randazzo.

Como quiera que sea, ni la pérdida de influencia en la Justicia ni el panorama desolador que se abre para la presidente en el tablero electoral habrán de modificar su estrategia confrontativa. Cristina Fernández piensa que, en tanto y en cuanto no se mantenga en sus trece y aplique a sus oponentes el rigor característico en ella, su mandato podría acortarse. Acosada como está por los demonios del golpismo que la martirizan, y convencida de que sólo empuñando el látigo será capaz de mantener en orden a su tropa y poner en vereda al arco opositor, ha decidido—como siempre— escalar el conflicto y llevarlo, si acaso fuera necesario, hasta extremos difíciles de imaginar.

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El ascendiente que ya no tiene entre los jueces y la orfandad en términos de candidatos no quita que mantenga —nadie sabe por cuánto tiempo más— su poder en las dos cámaras del Congreso Nacional. Mientras no se produzca, entre sus hasta hoy incondicionales, la diáspora que es de prever al momento en que el peronismo descuente su ocaso irremediable, aprovechará el resto de poder que acredita para tratar de salirse con la suya.

El proyecto de reforma de la ley de Abastecimiento es una demostración clara de lo dicho antes. Con la totalidad del empresariado, buena parte del sindicalismo, la mayoría de la sociedad y el arco opositor casi en pleno levantados en contra de la iniciativa, la viuda de Kirchner apenas autorizó a que le quitaran algún punto y alguna coma al proyecto original. Nada más. El propósito que acaricia es causar miedo y no otra cosa. Suponer que, si la justicia no la declara inconstitucional, vaya a poder meter mano en las empresas privadas con arreglo al espíritu intervencionista de esa norma, es no entender algo fundamental en la Argentina, tan desasistida de instituciones: la posibilidad de ir por todo es directamente proporcional a la relación de fuerzas vigente. En octubre de 2011 —cuando fue plebiscitada, o poco menos, por una mayoría abrumadora— la Fernández hubiera podido hacer casi cualquier cosa. Tres años más tarde, esa misma mayoría electoral, más los jueces, el empresariado, la Iglesia, el gremialismo de mayor representatividad y los principales medios de difusión, le son esquivos.

Unido al hecho de que el contexto internacional —caída del precio de la soja en Chicago y comienzo de la recesión brasileña— no sólo no luce bien sino que amenaza con convertirse en una verdadera pesadilla. Se está formando la tormenta perfecta y sólo el kirchnerismo parece no darse cuenta de los riesgos presentes. De esta manera Cristina Fernández no llegará a cumplir su mandato. A semejanza de cuanto dijimos a principios del mes de enero, o cambia el rumbo o adelanta los comicios presidenciales o abandona el barco antes de tiempo.

Fuente: Massot/Monteverde

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