Mar. Mar 2nd, 2021

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Su impunidad después del 2015 se convierte en el problema central del cristinismo – Por Carlos Tórtora

La presidente partió hacia su gira europea en un nuevo clima de acechanzas, que sólo en parte provienen de la economía. Aunque sea en forma transitoria, el gobierno consiguió retomar el control del mercado cambiario e intenta pasar la tormenta de las paritarias con una inflación cercana al 5% mensual. Sus gestos de acercamiento al FMI con el nuevo índice de precios más el acuerdo con REPSOL y la moderación del discurso presidencial hacia el capitalismo internacional le generaron un espacio de relativa tranquilidad que puede ser clave para llegar al tiempo electoral. Pero si la transición económica empieza a tener cierto tono racional -aunque sea a medias- hay otro capítulo de la misma que es una pura incógnita. Ni el más optimista de los funcionarios que rodean a CFK está en condiciones de afirmar que, una vez electo un nuevo gobierno, no se agilizarán las causas por corrupción pendientes y se abrirán otras nuevas. También es impredecible si un proceso de este tipo se limitaría a un “Nuremberg de la corrupción”, es decir, el juzgamiento de los máximos responsables, o por el contrario se expandiría como una mancha de aceite involucrando a cientos de funcionarios y también a privados. Con determinación, el oficialismo fue construyendo un escudo protector que debería durar más allá del 2015. La Cámara de Casación fue integrada en la primera semana de noviembre pasado por un grupo de magistrados mayoritariamente adictos al gobierno: María Laura Garrigós de Rébori, Luis Mario García, Horacio Leonardo Días, Gustavo Alfredo Bruzzone, Luis Fernando Niño, Daniel Emilio Morín, Eugenio Carlos Sarrabayrouse, Héctor Mario Magariños, Carlos Alberto Mahiques y Pablo Jantus. De ellos, Garrigós, Bruzzone, Niño, Mahiques, Morín y Margariños son miembros de Justicia Legítima, la agrupación que surgió a fines del año pasado en plena pelea por la fracasada “reforma judicial” impulsada por Cristina Kirchner. El pliego de estos camaristas fue aprobado en julio por el Senado, aunque la oposición rechazó a los integrantes de la agrupación oficialista.

Recientemente, el Secretario de Justicia Julián Álvarez y el diputado Eduardo De Pedro, dos ultracristinistas, asumieron como nuevos representantes del Poder Ejecutivo en reemplazo de Hernán Ordiales y de Pedro por la diputada Stella Maris Córdoba, quien cesó su mandato en diciembre pasado.

Paralelamente, el proyecto de unificación de los Códigos Civil y Comercial contiene cláusulas que limitan seriamente la responsabilidad civil de los funcionarios. Y todavía no se sabe qué agregados que se vinculen con la corrupción puede contener el proyecto de reforma del Código Penal, que ocupa hoy el centro de la agenda pública. Todo esto sin olvidar el apartamiento de su cargo del Fiscal Federal José María Campagnoli, dedicado a la investigación del caso Báez, como una formal advertencia a otros fiscales federales.

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Por distintos caminos, el cristinismo busca entonces asegurarse la impunidad una vez que Cristina haya entregado la banda y el bastón.

Como es obvio, se trata de una cuestión más política que jurídica. Ningún candidato opositor -y ni siquiera oficialista- podría hacer campaña sosteniendo que se opondrá a que la justicia actúe en forma independiente. Y la justicia federal tiene por tradición acompañar los cambios de los tiempos políticos. En otras palabras, que un final económico de este gobierno marcado por la recesión y la contracción del empleo y el consumo crearía las condiciones esenciales para que la vindicta pública se traduzca en una oleada de procesos por corrupción. Sólo un fin de gobierno signado por el éxito económico relativizaría la cuestión de la corrupción. Pero esto no es sólo harto improbable sino que, en caso de ocurrir, le permitiría al gobierno ganar las elecciones casi con cualquier candidato, con lo cual el problema se resolvería solo.

Oyarbide actualizó la crisis

Así las cosas, el nuevo escándalo desatado en torno a Carlos Zannini, su segundo Carlos Liuzzi, el empresario Guillermo Greppi y el juez federal Norberto Oyarbide retrotrae al gobierno al inicio de las denuncias contra Lázaro Báez y su red de lavado, que echara a correr Jorge Lanata. El escudo judicial montado por el oficialismo le permitirá hasta que Oyarbide sobreviva vergonzosamente en su cargo, como ya se vio esta semana en el Consejo de la Magistratura. Nadie duda a esta altura que el gobierno estará en condiciones, durante la transición, de evitar amenazas mayores en materia de corrupción.

Y hasta es posible que mediáticamente el caso Ciccone siga funcionando como una cortina de humo para esconder docenas de causas de igual o mayor gravedad.

El punto es que nadie le garantiza el día después. Cualquier ley consagrando la impunidad que impulsara la actual mayoría oficialista en el Congreso se convertiría en la primera norma a derogar por un Congreso con mayoría opositora. En el campo político, la esperanza de que algún candidato presidencial -por caso Mauricio Macri- le garantice al kirchnerismo la no investigación de sus delitos, es simplemente fantasiosa. La diferencia de matices parece estar entre los presidenciables que simplemente le garantizarían a la justicia su independencia para actuar y los que, como Elisa Carrió, impulsarían una especie de CONADEP contra la corrupción. O sea, una diferencia de énfasis, pero nada más.

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Tampoco y por motivos obvios, CFK puede esperar demasiado en este terreno de sus buenas relaciones con Bergoglio, con quien almorzará mañana. El papado de Francisco nació bajo el compromiso de moralizar las cuestionadas finanzas de la Iglesia y mal podría entonces ser indulgente con un gobierno que no está en condiciones de rendir cuentas ante la justicia.

La realidad es que la presidente y el círculo ligado a la corrupción están acorralados y sólo tienen garantizada plenamente su impunidad por unos cuantos meses más. Claro está que entre los reaseguros del gobierno están las exhaustivas investigaciones de inteligencia realizadas sobre el patrimonio y los negocios de los jueces federales, una herramienta de control de gran eficacia. Pero habrá que ver si la crisis no llega a la justicia y se produce una renovación masiva de jueces y fiscales.

En síntesis, la necesidad de impunidad del cristinismo sólo podría satisfacerse mediante la conservación en el 2015 de una cuota de poder lo suficientemente importante como para negociar que los daños judiciales sean pocos y de escasa significación. Esto implica simplemente que el kirchnerismo, para intentar sacarse de encima la espada de Damocles judicial, debería por lo menos llegar a un supuesto ballotage y conservar importantes bloques de senadores y diputados, además de algunos gobernadores y una masa de intendentes. Con esta acumulación de poder y ante un gobierno relativamente débil, por ejemplo una reedición de la alianza que llevó a Fernando de la Rúa, las posibilidades de sostener la impunidad crecerían. Mucho peores serían las condiciones si, por ejemplo, el futuro presidente fuera Sergio Massa, porque éste, por los códigos que rigen al peronismo, se vería obligado a desmontar piedra por piedra la estructura de poder construida a partir del 2003 para garantizarse el control político del justicialismo. Cabe analizar que, si Daniel Scioli llegara a la Casa Rosada, sus esfuerzos para evitar la revisión judicial de la década ganada serían desde ya muy limitados, porque comprometerse en la defensa de CFK y su círculo le significaría un desgaste político enorme, prácticamente insoportable.

Fuente: informadorpublico.com

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