Sin estallido a la vista. Por Vicente Massot

Cuanto ha sucedido en Ecuador y Perú, primero, y luego —casi sin solución de continuidad— en Chile y Bolivia, ha suscitado un sinfín de comentarios y dudas no sólo respecto al significado de los hechos que han puesto contra las cuerdas al gobierno del presidente Sebastián Piñera en el país transandino, y obligado a renunciar a Evo Morales en el Altiplano, sino también acerca de si algo similar podría darse en estas playas. Con base en la dificilísima situación por la cual atraviesa la Argentina, no parece que el planteo o la inquietud —como se prefiera definirlo— sea propia de una mente calenturienta. Preguntarse por la probabilidad de un estallido en Buenos Aires o en cualquier otro lugar de nuestro territorio, semejante a los ocurridos en las mencionadas naciones limítrofes, no representa unsinsentido.

Si bien un elevado índice de pobreza no resulta necesariamente la antesala de un estallido social, conviene tener presente que —de acuerdo con algunos datos preliminares conocidos en los últimos días— los números de la Encuesta Nacional de Hogares que se terminará de confeccionar en marzo próximo, dan cuenta de una cifra escalofriante: el indicador pasará del actual 35 % al 40 %. Con tamaña cantidad de pobres es lógico que Alberto Fernández y sus colaboradores más estrechos estén preocupados. Los anuncios del candidato electo sobre la participación que tendrían los caciques sindicales en su gobierno, unidos a los puentes que lesha tendido a los así llamados movimientos sociales, son la demostración de hasta qué punto el control de la calle es una preocupación prioritaria del elenco gubernamental que asumirá el 10 de diciembre.

Alberto Fernández —que se asume como un continuador de Néstor Kirchner y no se cansa de repetir que el santacruceño ha sido su principal maestro en la política— conoce mejor que nadie la fijación que éste tenía en punto al tema. Desde su asunción y hasta el momento en que su mujer abandonó la Casa Rosada en el año 2015, hubo entre las sucesivas administraciones K y los movimientos sociales una relación fluida. Algo —si no igual— al menos sí parecido se pretende construir ahora entre actores que ya se conocen y en principio no se recelan. Siempre le será más fácil negociar a Alberto Fernández que a Mauricio Macri con Hugo Moyano, Héctor Daer o Juan Grabois, para mencionar sólo a tres de los personajes más representativos del universo sindical y piquetero.

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Hay, en principio, dos razones que permiten descartar la probabilidad en el corto plazo de un levantamiento de parte de la ciudadania que pudiera compararse con los de Bolivia y Chile. La primera de ellas tiene que ver con la proverbial mansedumbre del pueblo argentino. En 1989, un proceso que se salió de cauce llevó al país a una hiperinflación de resultas de la cual el alfonsinismo debió abandonar la Casa Rosada ante de tiempo. La magnitud de la crisis —medida en términos económicos— fue descomunal y, sin embargo, no hubo un estallido siquiera parecido a cualquiera de los que se han producido en Sudamérica en el curso de los últimos meses. Otro tanto cabría decir de los efectos que tuvo el mayor default de la historia generado en el año 2001. Los muertos en la Plaza de Mayo y alrededores resultaron la consecuencia de la incompetencia gubernamental. Fuera de eso, se quemaron neumáticos por doquier, se rompieron vidrieras, se generaron cacerolazos al compás del “Que se vayan todos”, y fueron agredidos en distintos espacios públicos unos cuantos políticos. Nada más. En una y otra oportunidad la economía quedo deshecha, y las condiciones sociales empeoraron de manera significativa, pero la anarquía no hizo acto de presencia en ninguna parte.

El segundo motivo se vincula con el hecho de que a un gobierno recién asumido, con la componente peronista que lleva a cuestas, carecería de sentido meterle un palo en la rueda a fin de desequilibrarlo. No hay hoy en la Argentina actor ninguno en aptitud de soliviantar a las gentes de menores recursos o a cualquier otro colectivo castigado por la indigencia. La situación de la mayoría de la población es objetivamente mala y el pronóstico de cómo puede evolucionar la economía, en los primeros meses del nuevo gobierno, resulta de carácter reservado. Dicho lo cual, tanto en los sindicatos como en los movimientos sociales la consigna de la hora es no hacer olas. —¿Por cuanto tiempo? —Nadie está en condiciones, al momento, de responder a este interrogante porque el de Alberto Fernández será el primer gobierno populista de nuestro país que llegará sin plata a Balcarce 50.

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Juan Domingo Perón en 1945 asumió en condiciones inmejorables. La Argentina fue una fiesta —para utilizar la frase de Félix Luna— merced a los saldos acreedores y al extraordinario nivel de reservas con las que contaba. Cuando el líder justicialista volvió en 1973, lo hizo en paralelo con un verdadero boom de los precios de los commodities de origen agropecuario. Por eso, junto a José Ber Gelbard, estuvieron en condiciones de lanzar aquel Pacto Social que, al cabo del año, estaba agotado. Kirchner, por su lado, contó con otro boom, mayor y más prolongado que aquel de treinta años antes. Nada, siquiera parecido, tendrá a su favor Alberto Fernández.

Claro que una cosa es contar con la buena voluntad inicial de los que manejan la calle y en su gran mayoría consideran que la administración entrante o es la suya —en el caso de los peronistas— o tiene como propósito defender los “intereses y conquistas populares”, y otra distinta es que la predisposición favorable vaya a prolongarse si las promesas que les han sido extendidas no se cumplen. El dilema que deberán resolver los vencedores en los comicios recientes no es nada sencillo: cómo conciliar su falta de fondos con las medidas para incrementar el consumo y combatir la pobreza.

En este orden de cosas, la nueva directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georglieva, no ha podido ser más clara. En un reportaje concedido a la agencia de noticias Bloomberg el pasado día lunes advirtió acerca de la necesidad de que los planes del gobierno por venir deben tener “viabilidad fiscal”. La economista de origen búlgaro no lo dijo en tono conminatorio ni a modo de amenaza. Quizás sí haya sido un recordatorio, en atención a que la Argentina no está en condiciones de tirar manteca al techo.

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