Preocupado por el costo político del ajuste, el gobierno cede en otros temas – Por Carlos Tórtora

Si hubo dos mensajes significativos que marcaron el cambio de discurso de CFK en la última semana, estos fueron el anuncio del envío al Congreso de un proyecto de ley antipiquetes y el aviso de ayer a la cúpula de la UIA de que el gobierno no convalidará aumentos de sueldos desmedidos. Es que las paritarias docentes ya le pusieron un piso del 31% al resto y el gobierno teme que, con una inflación de entre el 4 y el 5, se desencadene una escalada sindical de presiones que desequilibre aun más las cuentas fiscales. De ahí la amenaza de la ley antipiquetes, una confesión de que el oficialismo teme que la reacción social contra el ajuste pueda en los próximos meses generar un clima de desorden que supere incluso las intenciones moderadas de la mayor parte de la dirigencia. Esto cuando ya se avizoran los nuevos aumentos de tarifas y el boleto de subte pasará a 5 pesos este viernes.

En este punto la preocupación del gobierno es doble. Por un lado, que la agitación se transforme en focos de violencia y, por el otro, que sea inevitable reprimir y pagar entonces los costos políticos de haber hecho aquello que el kirchnerismo siempre consideró un tabú: esto es criminalizar la protesta social.

No es de extrañar entonces que la Casa Rosada actúe a la defensiva y vaya cediendo en distintos campos con tal de no acumular conflictos durante la etapa critica de los próximos meses. Algo así como recorrer el camino inverso al de los últimos 10 años, que consistió en acumular conflictos para generar dialécticas que impusieran las tesis oficiales. La débil reacción oficial ante la reacción opositora contra el nuevo proyecto de reforma del Código Penal, encabezada por Sergio Massa, mostró a las claras que el gobierno preferiría dilatar el tratamiento legislativo del tema antes que soportar un movimiento mayoritario de la opinión pública en su contra.

Esta moderación coincidió con el paso atrás dado por el Juez Federal Sebastián Casanello al alivianar la situación procesal de Mauricio Macri en la causa de las escuchas ilegales, dejándolo al menos por el momento excluido de un juicio oral. En el Senado hay quienes interpretan que los dos nuevos senadores del PRO, Gabriela Michetti y Diego Santilli, habrían quedado obligados a ciertas devoluciones.

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Realineamiento internacional

En el plano internacional, el viernes pasado, el Consejo de la OEA aprobó por 29 votos contra 3 (EEUU, Canadá y Panamá) un lavado documento. que pide solidaridad con el pueblo venezolano, expresa pésame a las víctimas, pide rechazar todas las formas de violencia y solicita al Consejo Permanente que se mantenga al tanto del diálogo, pero no especifica cómo se hará. Trascendió que la embajadora argentina ante el organismo, Nilda Garré se habría mostrado sumamente prudente en cuanto a la postura argentina de respaldo al régimen bolivariano. Esta moderación coincidió con el tono presidencial sobre el tema en el discurso del sábado pasado ante la Asamblea Legislativa.

Más significativo aun fue que anteayer en Nueva York el canciller Héctor Timerman haya fijado la postura de nuestro gobierno ante la crisis ucraniana adhiriendo practicamente a la posición de la administración Obama y en contra del gobierno ruso, uno de los principales aliado de Venezuela. Timerman rechazó ” la injerencia externa por medios militares, económicos y políticos en los asuntos internos de países soberanos”.

Este realineamiento con el Departamento de Estado sin duda se vincula con el conflicto judicial con varios holdouts que tiene lugar ante los tribunales de Nueva York y la Corte Suprema en Washington. Esta semana, este ultimo tribunal envió un claro mensaje: resolvió que la Argentina deberá pagar a la empresa British Gas, 185,3 millones de dólares, por los perjuicios patrimoniales ocasionados, tras el congelamiento de tarifas en 2002, según reportaron agencias internacionales. El máximo tribunal de los EE UU dictaminó por 7 votos a 2 y revocó un fallo de una cámara de apelaciones que había modificado una anterior disposición de un juez de primera instancia.

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La resolución judicial cierra el reclamo de British Gas para recuperar el dinero perdido como consecuencia de la decisión del gobierno argentino de congelar los precios del gas en el 2002 y por violar un tratado recíproco de protección de inversiones, de 1993 entre Gran Bretaña y Argentina.

El reclamo de la compañía británica se inició en el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, con sede en Washington.

No hay duda de que para el cristinismo sería una combinación fatal que se produjera simultáneamente una oleada de protestas contra el ajuste y que la Corte Suprema de los EEUU se pronunciara a favor del pago inmediato de 1330 millones de dólares a los holdouts que ganaron la sentencia de segunda instancia. En este marco de realineamiento se inscribe también la creciente valorización oficial de la lucha contra el narcotráfico, tema practicamente prohibido a lo largo de toda una década y que ahora es obligatorio para los funcionarios de Seguridad y hasta de Defensa.

Por supuesto que estas retiradas tácticas del gobierno ante la inminencia de una etapa de alta tensión social tienen que ver también con los cálculos electorales. El principal objetivo del oficialismo es que Massa no continúe creciendo como alternativa presidencial, para lo cual hoy es casi obligado seguir exhibiendo a Daniel Scioli como una especie de sucesor natural de Cristina, lo que no estaría en el animo real de esta. Para el gobernador bonaerense su destino político tiene mucho de incógnita. Ya están lejos los tiempos en los cuales se diferenciaba sutilmente del gobierno en las cuestiones económicas y de política exterior. Ahora es un vocero de la ortodoxia oficial y corre el riesgo de que su kirchnerización tardía le signifique un alto costo en votos si el gobierno llega al 2015 demasiado maltrecho.

Fuente: http://site.informadorpublico.com/

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