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Petro propone medidas económicas demagógicas y nombra jefe de campaña a Alfonso Prada, acusado de corrupción. Por Santiago José Castro

En lo que sin duda fue uno de los más graves desatinos políticos del actual Gobierno, el presidente de Colombia, Iván Duque, anunció una inversión de 4,5 billones de pesos (1100 millones de euros) por parte de los fondos de pensiones en proyectos de infraestructura que promueve y gestiona el Ejecutivo nacional. Lo hizo rodeado de los representantes de los fondos de pensiones más importantes y del presidente del gremio, Asofondos.

En otro momento sería una información muy importante, pues se genera rentabilidad para los ahorradores (toda inversión busca eso, un retorno a la misma) y además se inyectan recursos para mejorar la infraestructura del país; pero justo cuando el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, hace críticas al sistema privado de pensiones y el presidente tiene la peor tasa de aprobación en la historia reciente de Colombia, fue un acto de suma irresponsabilidad política.

De inmediato Petro escribió en Twitter: “La pregunta es y por qué entonces no se puede pagar media pensión a 3 millones de mayores y mayoras sin pensión y elevar pensiones a los actuales pensionados de acuerdo al salario mínimo”. Esto encendió el debate nacional y alteró los ánimos de quienes han caído en el populismo de la desinformación y hoy alegan que los trabajadores que ganan el salario mínimo no se podrán pensionar. Olvidan que el sistema colombiano garantiza que todo aquél que haya cotizado en un fondo privado por al menos 1150 semanas (23 años) y llegue a la edad de pensión (hombres 62 años y mujeres 57 años) podrá recibir una mesada de un salario mínimo, independientemente del ahorro que ha logrado para ese momento.

La propuesta de Petro realmente beneficia a la minoría que goza de pensiones superiores al salario mínimo y, en especial, a quienes logran jugosas mesadas en el sistema público. En Colombia es obligatorio que las mesadas pensionales aumenten de acuerdo con el índice de precios al consumidor (inflación); pero Petro quiere que aumenten de acuerdo con el incremento al salario mínimo, que este año fue del 10,07%, mientras que el IPC fue de 5,62%. Es decir, el Estado deberá pagar más en pensiones, asunto que no beneficia a los más pobres -pues nadie puede recibir una pensión por debajo del salario mínimo- sino a los más ricos de Colombia.

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Además, el candidato del Foro de Sao Paulo anunció públicamente y entre aplausos de sus áulicos que pretende hacer uso de esos recursos, que han ahorrado los colombianos en las últimas décadas, para pagar altas pensiones y asignar mesadas a quienes no han cotizado al sistemaEs decir, en vez de invertir, anuncia gasto. El asunto es tan absurdo que hay quienes alegan que Duque le entregó los ahorros de los colombianos a los banqueros, en una lógica absurda según la cual el dinero que la gente deposita en las cuentas de ahorro es de los bancos.

Todo se desprende de una posición ideológica según la cual la riqueza solo puede provenir del trabajo. De allí la crítica tan fuerte al sistema financiero, a los programas de inversión, a la acumulación de capital y demás. Es propio de quien ve en el Estado el encargado de redistribuir riqueza y no de crearla. De quien está rodeado de personas que viven del Estado y lo quieren ampliar, expandir y controlar.  

Petro propone, además, entre otras cosas, que el Estado dé empleo a todo aquel que lo requieraEsto costaría 42,6 billones de pesos (1.040 millones de euros), tomando como base la actual tasa de desempleo. Eso es 2,5 veces el monto del total de subsidios que el Gobierno nacional otorgó para enfrentar la pandemia del COVID en 2020 y requeriría una reforma tributaria nunca aprobada en Colombia.

Mientras tanto, además del expresidente Samper (1994-1998) -recordado por haber logrado el triunfo en la segunda vuelta presidencial gracias a la financiación del cártel de Cali-, han llegado al equipo de campaña de Petro exfuncionarios que él mismo cuestionaba hace pocos años. Hoy se anunció que su jefe de campaña será Alfonso Prada, exsecretario general de la presidencia y exdirector del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) durante el gobierno de Juan Manuel Santos, a quien los hoy militantes del Pacto Histórico acusaron de corrupto. Incluso el senador Gustavo Bolívar publicó en noviembre de 2017 que Prada había adjudicado 18 mil millones de pesos en contratos a su esposa.

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La estrategia del Pacto Histórico es clara: tratar de integrar a su campaña a quienes acompañaron a Juan Manuel Santos, quien hoy mantiene una significativa participación burocrática en el Gobierno nacional, tal como lo ha denunciado la senadora María Fernanda Cabal y algunas facciones del Partido Conservador.

El presidente Duque, por su parte, ha decidido enfrentar a Petro y refutar sus propuestas, olvidando que cada vez que lo hace, termina favoreciendo su campaña. Palacio debe callar y evitar intervenir en la contienda electoral, si en realidad quiere evitar que Colombia transite hacia el socialismo.

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