Mié. Abr 14th, 2021

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Panamá investiga a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por lavado de dinero. Por Karina Mariani

Cristina Kirchner no consigue la paz ni aún teniendo todas las riendas del poder. Sumado al  impacto de la sentencia que condenó hace pocos días a Lázaro Báez, el testaferro más icónico del kirchnerismo, recibió otra noticia inesperada: la Justicia de Panamá investiga a la vicepresidente argentina por supuestas maniobras bancarias irregulares y lavado de dinero en ese país.

Se trata de un exhorto enviado por la Procuraduría General de Panamá a la justicia argentina para solicitar información sobre los movimientos financieros de Fernández de Kirchner y más de 90 personas y empresas offshore relacionadas a su gobierno. Las operatorias investigadas proceden del estudio de abogados Mossack Fonseca, famoso por protagonizar el escándalo de Panamá Papers. Se investiga:  “Que en dicho esquema y/o contrataciones estarían vinculadas las personas físicas y jurídicas por las cuales exhorta; siendo que la actividad ilícita generó una lesión de millones de dólares a la República Argentina”, dice el exhorto recibido por la jueza María Servini.

La Fiscalía contra la Delincuencia Organizada de Panamá que investiga a Cristina solicitó a la Procuraduría “obtener todo el material probatorio que permite identificar transacciones bancarias producto de actividades ilícitas, acreditar el destino y origen de los fondos, así como su relación con las personas jurídicas y naturales que participaban en las transacciones que ingresaron al sistema bancario panameño”.

También están siendo investigados, además de Cristina Fernández de Kirchner, otros involucrados en la red de corrupción montada durante el kirchnerismo, como Lázaro Báez y sus hijos, Cristóbal López, Leonardo Fariña, Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco y Néstor Marcelo Ramos, y empresas de ese periodo como Austral Construcciones; Tigan, una offshore con sede en Panamá involucrada en la “Ruta del Dinero K”; y Helvetic Service Group.

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La jueza Servini envió el exhorto al juez Sebastián Casanello, dado que fue él quien investigó junto al fiscal Guillermo Marijuan el caso de la Ruta del Dinero K. A pesar de tener fama de ser extremadamente lento, cuando se trata de casos relacionados con el kirchnerismo, Casanello respondió rápidamente la requisitoria: “Le mandó a Panamá solo un link donde se puede descargar el procesamiento de Báez. Sin embargo, ahí no hay ninguna mención a Cristina ni aparece el grueso de la documentación de la causa”, indicaron desde la oposición.

Panamá necesita saber si existen procesos penales contra estas personas o empresas, “el objeto común de la investigación nace de una investigación periodística en la que se menciona un esquema de corrupción de las contrataciones públicas, entre otros delitos, en el cual está mencionada la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otras personas sobre las que concretamente se requiere”.

El procurador panameño considera que en las contrataciones “los fondos aparentemente fueron objeto de un sinnúmero de operaciones financieras llevadas a cabo tanto en Nevada como en la Argentina, por medio de estructuras societarias creadas por el Estudio Jurídico M.F. Corporate Services, filial del estudio jurídico Mossack Fonseca”.

La empresa Mossack Fonseca “habría creado algunas de esas sociedades en la República de Panamá y en otras jurisdicciones, y fueron presuntamente utilizadas para facilitar el ocultamiento del dinero” de la Ruta del dinero K.

Resulta paradójico que justamente los Panamá Papers fueron un caballito de batalla del kirchnerismo contra el expresidente Mauricio Macri, al que acusaban de fugar dinero fuera del país. Esta noticia aparece justo en el momento en el que el Gobierno se encuentra realizando múltiples maniobras para domesticar la justicia, presionando la salida de jueces, creado tribunales intermedios y buscando todo tipo de artilugios que permitan evitar el derrotero del kirchnerismo por tribunales. Cristina puede maniobrar fuertemente contra la justicia argentina, el discurso del 1 de marzo de Alberto Fernández deja claro ese objetivo, lo que no puede hacer es manipular a todos los jueces del mundo.

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