Otra vez el ajuste del gasto público recaerá sobre el bolsillo del sector privado. Por Roberto Cachanosky

Todas las señales que emite el Gobierno indican un aumento de tarifas; más financiamiento interno al gobierno en detrimento del dirigido a las empresa y familias y nulo recorte de partidas presupuestarias

Como se señalaba en otra nota la semana pasada, el gobierno está complicado políticamente firmando o no firmando con el FMI, aunque estaría mucho más complicado no firmando con el FMI, porque las empresas perderían acceso al financiamiento comercial, es decir, sin poder abrir cartas de crédito, deberían pagar al contado los insumos recurriendo al CCL, con lo cual el costo de insumos se duplicaría de acuerdo a la brecha cambiaria actual, paralizando aun más el nivel de actividad.

Pero la mayor angustia de la población, sea empresario grande, PYME o siempre empleado formal o informal, consiste en la incertidumbre sobre el futuro económico. La gente no ve, y con razón, que un nuevo esfuerzo para hacer frente a los aumentos de las tarifas de los servicios públicos permitan ver la luz al final del túnel. Y no es que la gente no ve la luz al final del túnel por no entender el proceso económico, es que por el camino que el gobierno está llevando la economía nos hunde más en el túnel.

El problema de fondo es que el gobierno no genera credibilidad alguna para atraer inversiones. Argentina tiene una larga tradición de no cumplir con las reglas de juego y el kirchnerismo en particular, no solo no las cumple, sino que las que aplica espantan inversiones.

La única manera de salir de la pobreza y la desocupación es atrayendo inversiones, y para que un país atraiga inversiones tiene que lograr una combinación de calidad institucional y respetabilidad de su dirigencia política más una política económica que permita desarrollar la capacidad de innovación de la gente, invertir y arriesgar. Pero, previamente, hay que corregir todas las distorsiones macroeconómicas que introdujo el kirchnerismo en 14 años de gobierno.

El problema que se presenta es que, dada la política ahuyenta inversiones del gobierno, lo único que le queda por hacer es ver cómo va a ajustar al sector privado. Si va a utilizar solo un tarifazo, o lo reemplaza por emisión monetaria o bien por más deuda pública profundizando el problema fiscal por mayor stock de deuda e intereses a pagar.

En efecto, si aumenta las tarifas de los servicios públicos, para tener algún efecto importante en la baja del gasto público, tiene que hacerlo en forma más amplia que el mapita que presentó de ajuste de energía, que parece más un castigo a quienes no votan kirchnerismo que algo serio en términos de distribución del aumento de las tarifas. Los gastos en subsidios representan 3,25% del PBI, de los cuales 2,43% del PBI son destinados a energía. Macri había recibido un monto de subsidios económicos equivalente a 4,18% del PBI y lo bajo en 2019 a 1,64%. En dos años el kirchnerismo anuló el esfuerzo que hizo la población por desandar el camino del populismo tarifario y lo llevó nuevamente a 3,25% del PBI. Es decir, duplicó el problema y ahora, con más pobreza, menores ingresos reales de la población, desocupación e indigencia, hay que tratar de resolver este tema.

Si no lo hace, tiene que emitir con lo cual, en vez de pagar facturas y costo de transporte altos, la población seguirá pagando el impuesto inflacionario con lo cual caerá su ingreso real. En otros términos, o cae el ingreso real por poner en orden las tarifas de los servicios públicos o caen los ingresos reales por más inflación.

Finalmente, puede tratar de bajar la inflación dejando de emitir y tomando deuda, pero en ese caso termina de hacer el crowding out del sector privado del mínimo mercado de capitales argentino y, además, siendo el estado el principal tomador de crédito en el mercado interno, subir la tasa implicará aumentar el costo fiscal por mayor stock de deuda pública y por gasto cuasifiscal. Es decir, más gasto público y profundización del déficit fiscal.

Cualquiera de las opciones que este gobierno elija empeorará la situación del sector privado por la sencilla razón que no ofrece una salida de crecimiento económico, sino que simplemente busca entre diferentes opciones de financiar un gasto público que agobia al sector privado.

En síntesis, mientras no haya un gobierno que genere confianza, un horizonte de política económica consistente y recuperación de la credibilidad de la Argentina como país para atraer inversiones, es imposible resolver el problema fiscal sin seguir destruyendo al sector privado.

En definitiva, la actual situación económica tiene similitudes y diferencias con el rodrigazo de 1975. Las similitudes son la existencia de un gobierno sin credibilidad, un gran desorden fiscal y precios relativos totalmente distorsionados por el gobierno.

Las diferencias es que hoy el colchón social para soportar la corrección de los precios relativos es muy finito por la pobreza, indigencia y desocupación existente. Además, el nivel de gasto público consolidado es sustancialmente mayor al que había en 1975 y no se habían destruido tantos signos monetarios y credibilidad.

Para salir adelante, Argentina requiere de mucho más que un acuerdo con el FMI y de un cambio de precios relativos. Requiere de una dirigencia política seria, preparada y dispuesta a asumir los costos políticos de desarmar el aparato populista que está destruyendo el país y dejando sin esperanza a la gente.

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