En el idioma inglés se la denomina brinkmanship. Entre nosotros podría traducirse como la política del borde del abismo. Por supuesto no está hecha para cualquiera y menos si no existe —de parte de quien quiera implementarla— una dosis acusada de responsabilidad y de prudencia. Si el gobierno nacional y el de la provincia de Buenos Aires conocen el término, poco importa. Si Alberto Fernández y Axel Kicillof son conscientes de su significado y de los pormenores de la estrategia montada con base en la misma durante la Guerra Fría, es un asunto que interesará a los académicos pero que es poco trascendente en términos específicamente políticos. El hecho relevante es que tanto el presidente de la Nación como el gobernador bonaerense juegan sus cartas en estos momentos a metros del precipicio. Un paso en falso y el último de los nombrados podría despeñarse en cuestión de segundos, arrastrando al primero a una situación harto complicada.
A esta altura parece claro que las dudas que existían respecto de la independencia con la que habría actuado Kicillof al plantear, días atrás, que el estado provincial a su cargo no estaba en condiciones de honrar el compromiso contraído por Daniel Scioli en el año 2010, han quedado despejadas. No hay motivos serios para especular con un paso dado —beneplácito de Cristina Kirchner mediante— para complicar a Alberto Fernández. Esas son fantasías conspiracionistas que carecen de todo asidero.
En La Plata no decidieron avanzar sin la anuencia de la Casa Rosada —lo cual, además, hubiese sido una tontería. Lo que estamos viendo no es otra cosa que la estrategia conjunta de dos administraciones —una nacional y la otra provincial— que no se llaman a engaño acerca de cuáles serían las consecuencias si acaso una deuda de U$ 250 MM condujese a Buenos Aires —nada menos— al default.
Aun cuando esa cifra estuviese al alcance de la tesorería bonaerense y fuese posible salvar el escollo del 5 de febrero, los vencimientos posteriores, a los que deberá hacer frente Kicillof y su equipo en mayo y meses subsiguientes, resultan de cumplimiento imposible. Salvo —claro— que los bonistas involucrados aceptasen una reestructuración del calendario de vencimientos y una quita, en el capital y/o en los intereses de la deuda.
En la definición de los roles que se asignaron mutuamente, el jefe del estado provincial sería quien llevase la voz cantante y obrase como el más firme de los dos a la hora de poner contra las cuerdas a sus interlocutores. Por eso se permitió fijar una fecha tope y advertirles —con tono de amenaza— que no habría prorrogas. De su lado, el presidente se reservó el papel del que da consejos y simula ser más moderado. Bien mirada la situación, uno y otro cumplen su cometido y representan sobre el escenario los papeles previamente fijados. Actúan, pues, de común acuerdo, tratando de medir sus palabras y acciones.
No son ellos, por supuesto, los únicos subidos a las tablas. Desde Nueva York, el maestro de Martin Guzmán dijo lo suyo. Joseph Stiglitz no se fue de boca ni inventó una teoría descabellada ni expresó algo sin sentido. En realidad, anticipó lo que ningún funcionario argentino está en condiciones de hacer y —en el fondo— todos se imaginan: que la quita en términos del capital de la deuda y de los intereses será considerable. Hay razones para pensar que la movida del premio Nobel de Economía fue conversada y analizada con su discípulo antes de que la hiciese pública. Alguien con autoridad política o académica debía —en consonancia con el libreto kirchnerista— sincerar el panorama y manifestar lo que nadie desea escuchar. En el foro de Davos sostuvo que un modelo razonable de reestructuración de la deuda debería tener quitas significativas. “Seria una fantasía pensar lo contrario”, concluyó. Más claro, imposible.
Resta señalar un pequeño detalle. Y es que en está negociación —como en cualquier otra de características similares— existen contrincantes con posiciones, intereses y estrategias diferentes. En cuanto al gobierno nacional, está clara su posición de máxima —hallar la manera de postergar los vencimientos y conseguir una suerte de gracia por espacio de cuatro años para honrarlos— aun cuando nadie sabe cuál es su posición de mínima en la materia. En el caso de los bonistas, hay cientos o miles de voluntades involucradas. Para aceptar la propuesta de Axel Kicillof —que, no nos equivoquemos, es la del gobierno argentino— el 75 % de los acreedores deben ponerse de acuerdo. Hasta el momento sólo el 26 % habrían aceptado —de creérsele a Martín Guzmán, que eso dijo en Estados Unidos el lunes pasado.
Alberto Fernández ha repetido una y otra vez, desde que se hizo cargo de la presidencia en diciembre, que tenía voluntad de pagar, aunque “no a costa de la miseria de los argentinos”. Es la suya una posición que ensaya pensando más en el frente interno que en el externo. Se atrinchera levantando la bandera de la solidaridad social y desenvuelve un discurso con el cual es imposible disentir de puertas para adentro del país. Su fortaleza reside en el hecho de que la totalidad de los acreedores sabe que el gobierno —por muchos esfuerzos que haga— carece de las divisas necesarias para cumplir con los compromisos asumidos en materia de endeudamiento externo. Su debilidad tiene nombre: default.
La Argentina parece repetir su historia. En los últimos 40 años se declaró tres veces en cesación de pagos y ocho veces en los últimos 70 años. Pero si en esta oportunidad nuestro país confirmase la fama que arrastra en materia de no honrar sus obligaciones, difícilmente se saldría con la suya sin consecuencias. El escenario en el que deben moverse Alberto Fernández y Axel Kicillof no tiene punto de comparación con el que tocó en suerte, entre 2003 y 2005 a Néstor Kirchner y a Roberto Lavagna. Éstos pudieron salir airosos como producto de una serie de factores favorables para la Argentina. Aquéllos, en cambio, carecen de la libertad de maniobra de sus antecesores. Para desarrollar, desde una posición desfavorable, una estrategia de brinkmanship resulta menester no sólo haber vertebrado un plan de acción realista en términos de medios y de fines económicos, sino también tener en claro cuál es la posición de mínima que le permitirá a los responsables de la administración kirchnerista bordear el abismo a los efectos de no caer en él.
