Vie. Nov 27th, 2020

Prensa Republicana

Con las ideas derechas

“Más que un crimen, ha sido un error”. Por Vicente Massot

Es verdad que el Frente de Todos semeja, en punto a sus diferencias ideológicas y estratégicas, una verdadera bolsa de gatos. También lo es que ese mosaico variopinto, comandado a medias por Alberto Fernández y a medias por Cristina Kirchner, llevó al gobierno a muchos improvisados. El realismo mágico tiene estas cosas. Un dignísimo librero de la localidad de San Isidro transformado, de la noche a la mañana, en jefe de gabinete. Un dirigente que jamás se interesó por los asuntos exteriores del país y no es capaz siquiera de balbucear una palabra del idioma inglés, nombrado canciller. Un advenedizo de largo aliento, que de la ANSES sabía lo mismo que Marcelo Tinelli de la pobreza, puesto a administrar la política previsional. La lista es tan extensa que sería imposible publicarla completa. Con ministerios loteados, lealtades cruzadas y una predisposición por hacerse de las cajas del Estado al alcancede la mano, no resulta sorprendente que los kirchneristas se choquen entre sí en los pasillos. Pero aun siendo esto conocido, nada quita que el principal responsable de cuanto estamos viviendo sea el presidente de la República. Lo que ha quedado expuesto, a la vista de todos, es su falta de estatura para ordenar el espacio del cual es el jefe —la administración pública— y dejar en claro quién manda.

A principios de su gestión y con motivo de la polémica entablada respecto de si había o no en la Argentina presos políticos, la inefable Graciana Peñafort lo cruzó como si fuese el presidente del club de bochas del Río Salí. Acto seguido, le tocó el turno a Sergio Berni. La Casa Rosada hizo mutis por el foro. Más tarde, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, sin pedir permiso ni adelantarle a su superior jerárquico el paso que pensaba dar, solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria para Ricardo Jaime, ex–secretario de Transportes, condenado por la tragedia de Once. El presidente se enteró del pedido por los diarios y lo convocó a su despacho para que le explicara lo inexplicable. Terminada la reunión, respaldó lo actuado por su subordinado. Claro que, las mencionadas, resultaron meras anécdotas comparadas con lo que acaba de suceder. Una vez puede atribuirse el fenómeno a la casualidad. La segunda, a una coincidencia. Si, en cambio, el dato se repite sin solución de continuidad, hay que buscar otra explicación. Vayamos a cuentas.

El gobierno sabía que, desde el mes de diciembre, en La Plata se estudiaba cómo poner en marcha la liberación de determinados presos para descomprimir el hacinamiento de las cárceles bonaerenses. Nadie podía ignorar que esa decisión, avalada además por el colectivo de jueces garantistas de la provincia, no se detendría en razón de que llevaba el sello de la Corte Suprema provincial y la Cámara de Casación Penal de ese distrito. Hasta aquí la cuestión era opinable. Estallada la pandemia, el más elemental sentido común debió inducir a sus responsables a pensar dos veces en los alcances de la medida. Sin embargo, en el mismo momento que se pregonaba de cara a la población la conveniencia del aislamiento y se lo hacía obligatorio, se le concedía la libertad a asesinos, violadores y secuestradores como si fuesen nenes de pecho. ¿Cual fue la reacción del presidente? En su condición de profesor de Derecho dijo, a comienzos del entuerto, que estaba a favor de las “libertades restringidas”. Luego, virando en redondo y tras el estallido de las cacerolas, tomó cierta distancia y expresó que era conocida su posición contraria a los indultos. Para ese entonces 2900 reclusos —varios de ellos de extrema peligrosidad— gozaban de una canonjía inaudita.

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Como el escándalo escaló, Alberto Fernández no tuvo mejor idea que desligarse del asunto recurriendo a un argumento doblemente falso: al resultar competencia de la Justicia, él no puede hacer nada para remediarlo. Por de pronto, el viceministro entendido en la materia, Martín Mena, fue el primer negociador con los reclusos que, habiendo tomado algunos de los pabellones de la cárcel de Villa Devoto, se permitieron —ante la pasividad de sus interlocutores— ponerle condiciones a las autoridades. Salvo que cada uno haga lo que le viene en gana en esta administración, Mena depende de Marcela Losardo, titular de la cartera, y ésta —a su vez— del presidente. De modo que Alberto Fernández conocía lo que se preparaba. Protestar lo contrario es faltar a la verdad. Pero hay un segundo aspecto de la cuestión, aún más grave. Si viviésemos en un país con la solidez institucional y la división de poderes de Suiza, Finlandia o Australia —para poner tres ejemplos, tan sólo— se entendería que el responsable del Ejecutivo nacional se excusase de avanzar sobre los territorios de la judicatura. Como estamos en la Argentina, hubiera bastado un telefonazo rajante a Axel Kicillof, para que éste le transmitiese al mandamás de turno de la Corte Suprema bonaerense lo que debía hacer. El sinsentido de la desincriminación masiva se habría disuelto en cuestión de segundos. Con una ventaja a favor de Fernández: cualquiera que conozca a los integrantes del máximo tribunal provincial sabe dónde les aprieta el zapato. Por lo tanto, el presidente no hubiese corrido ningún riesgo y se habría evitado un porrazo de película.

Es del caso recordar la frase —desde entonces famosa— atribuida al ubicuo Talleyrand pero, en rigor, creación de Fouché, al enterarse del asesinato del duque de Enghien por parte de Napoleón: “Más que un crimen, ha sido un error”. La idea no es equiparar al gran corso con el maestro Fernández sino reparar en la distinción de la moral y la política. La suelta de los delincuentes resulta un acto inmoral por donde se lo analice. Eso está claro. Ahora bien, considerado desde una perspectiva específicamente política, resulta más dañoso. Representa una pifia de proporciones que sólo tiene explicación con base en la incompetencia del presidente. No supo ver más allá de sus narices —cuando todo indicaba que era la única decisión que no podía tomarse en este contexto— y no se animó a desandarla cuando todavía había tiempo para hacerlo y atemperar así las consecuencias del hecho.

La falta de reflejos, de la Casa Rosada y de los funcionarios bonaerenses, resultó colosal. Lograron que más del 80 % de la población argentina se manifestara abiertamente en contra de la liberación de los presos, unido al hecho de que los cacerolazos se escucharon esta vez no sólo en Barrio Norte, Palermo y Belgrano sino en buena parte del AMBA. El repudio cruzó en diagonal a la sociedad sin que se manifestasen diferencias ningunas entre los ordenancistas y los progresistas, los pañuelos verdes y los celestes, las gentes de los barrios acomodados y los de los carenciados. El gobierno se pegó un tiro a sí mismo y consiguió —aunque parezca increíble— lo que el mejor plan de la oposición para ponerlo de rodillas no hubiese logrado.

Muchos han creído que el kirchnerismo más duro le ha colocado en estos días diversos palos en la rueda al jefe del Estado. Esos analistas suponen, además, que las últimas dos semanas han sido las peores para un Alberto Fernández que venía haciendo las cosas razonablemente bien. En realidad los tropiezos y vuelcos gubernamentales vienen de lejos, y la incidencia del Instituto Patria y de sus adláteres en la causación de los mismos resulta dudosa. Salvo que todos los desaguisados del oficialismo se quieran atribuir —por razones de odio o de comodidad— a la vicepresidente, lo cierto es que ella no se ha metido de lleno en el manejo de los asuntos diarios del Estado. Que no pierda la oportunidad de poblar las oficinas públicas con funcionarios de su máxima confianza no supone un mando en paralelo. Alberto Fernández no tiene nada que ver con Cámpora ni tampoco con el improvisado que nombró en una de las dos embajadas más importante de la Argentina en el mundo, Daniel Scioli. No es un personaje que reciba las órdenes de la Señora para cumplirlas, con cabeza gacha, a rajatabla. La cohabitación es una cosa; el cogobierno, otra

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El problema del presidente es que el cargo le queda algo grande. No reside en su falta de carácter sino en su falta de preparación. Véase lo que pasó, para dar un ejemplo de los muchos que podrían traerse a comento, en el plano de la política exterior. Hace dos semanas, poco más o menos, el secretario de Relaciones Económicas de la cancillería, Jorge Neme, en una reunión comercial del Mercosur informó que nuestro país se retiraba de las negociaciones de ese bloque con terceros que no fueran europeos. Más allá de si la decisión era razonable, lo que resultó inconcebible es que un subalterno —de segunda categoría— hiciese semejante anuncio y no hubiera sido el ministro de Relaciones Exteriores o el mismísimo jefe de Estado el encargado primero de ponerlos en autos a sus pares del cambio de rumbo de la Argentina, y recién después hacerlo público. La polvareda que levantó el tema obligó a Alberto Fernández a tomar el teléfono y limar asperezas con sus iguales de Uruguay y Paraguay. La jugada pareció la de un elefante en un bazar.

Como quiera que sea, el daño está hecho. Fuera exagerado considerarlo irreparable, pero que el gobierno ha dejado jirones de su integridad en el camino no admite discusión. El caso de las excarcelaciones todavía no ha terminado. Conocida la decisión tardía y express de la Corte bonaerense, habrá que rezar para que uno de los tantos desalmados que la irresponsabilidad del garantismo y la falta de criterio del oficialismo han puesto en la calle, no vuelvan a violar o matar. Más allá del tema que se halla en boca de todos, el gobierno tiene entre manos dos problemas que le queman los dedos: por un lado, la continuación de la cuarentena en medio del hartazgo general y el derrumbe de la actividad económica; por el otro, la negociación con los bonistas cuya insatisfacción, analizada la propuesta de pago argentina, resulta manifiesta.

Ninguno parece tener solución en el corto plazo. Al aislamiento masivo y obligatorio fue fácil y acertado entrar, de la misma manera que resulta complicado sacárselo de encima en los grandes centros urbanos —Capital Federal, Gran Buenos Aires, Gran Rosario y Gran Córdoba— donde se concentra 80 % de la actividad económica del país. En cuanto a la deuda con los bonistas, cada día que pasa gana consenso entre los especialistas la convicción
de que caminamos al borde del precipicio. El default, si finalmente se produce, nos arrastrará aún más abajo de lo que ya hemos caído.

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