Los riesgos de una tiranía democrática. Por Horacio Giusto Vaudagna

Todo lector entregado a las obras de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino rápidamente podría advertir la incongruencia que hay entre los conceptos de “tiranía” y “democracia”. En principio, una democracia practicada en un pueblo poco virtuoso devendría en una demagogia, mas no en un gobierno tiránico.

La “Democracia” es a la luz de la verdad, un excelente sistema de deliberación mediante el cual se pueden abordar consensos que mantengan unidos los grupos de oposición. Las democracias liberales son superadoras a cualquier otro sistema que ostenta promover la igualdad de los hombres ante la ley; tal es así que en un sistema democrático cada voto de un ciudadano posee el mismo valor en relación a otro, independientemente de su posición económica, jerárquica o social. Sin embargo, si uno analiza la historia universal de la política podrá observar cuantiosos casos en los que alguna persona, carente de respeto por las libertades individuales, fue electa a través de los canales democráticos que receptan las instituciones estatales. El ejemplo paradigmático y más cercano para el pueblo argentino es la figura de Cristina Fernández de Kirchner, que fue procesada como “jefa de asociación ilícita”. Esta señora comandó el rumbo de una nación entera junto a un equipo de funcionarios, muchos de los cuales han sido y están siendo condenados por diversos actos de corrupción. El proyecto “Nacional y Popular” se arrogó una increíble omnipotencia al considerar que al poseer el aval de la mayoría de los votantes podría realizar cualquier acto, aún si era lesivo para las minorías disidentes.

Sería simple centrar todo análisis en las lamentables actuaciones que una corporación política realiza en contra de la sociedad, pero desafiante es intentar observar cómo se llegó a tal situación. Es oportuno visualizar que la democracia por sí misma no es un valor absoluto e infalible. Como toda herramienta que posee un hombre, el destino que se le dé dependerá exclusivamente del uso virtuoso que haga su portador. En este sentido, es válido afirmar que los derechos inherentes a toda persona no deberían estar sometidos a una mayoría circunstancial. La comprensión de esta tesis fue lo que avaló los juicios de Núremberg. Ante fenómenos políticos de tal envergadura queda demostrado que el postulado de J. J. Rousseau sobre la “infalibilidad” de la voluntad general del pueblo es totalmente falaz. Así como un individuo puede cometer un error, una comunidad, ya sea política, científica, religiosa o artística, también pueden incurrir en equivocaciones.

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Frente a la falibilidad propia de la condición humana, una alternativa superadora sería retomar una senda republicana para las instituciones políticas de la nación. Esto implica que para salvaguardar la democracia sea preciso que ciertos valores, que hacen a la dignidad humana, no puedan ser sometidos a la consideración de terceros. No se sigue de que un gobierno tiránico deba ser unipersonal, ya que nada obsta a que corporaciones o grupos ideologizados se organicen para acceder al poder y llevar adelante un proyecto político totalitario. Una democracia republicana implica que prerrogativas trascendentales, como la vida, la libertad (expresión, culto, circulación o prensa) y la propiedad privada, queden consolidadas en cabeza del ciudadano sin el riesgo de que un tercero, haciendo un abuso de los mecanismos de elección y representación, restrinja aquello que le es propio por naturaleza.

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