Los primeros diez días de Macri. Por Rosendo Fraga.

Los diez días de gestión de Macri muestran avances, un retroceso, interrogantes y desafíos por delante. En lo económico logró levantar el cepo sin turbulencias. Además de haber tomado el control del Directorio del Banco Central en la semana anterior, pudo hacer lo mismo con una serie de organismos que el Kirchnerismo dejó en manos «militantes» y que están defendidos por leyes de autonomía. Tales son los casos de la UIF (investiga el lavado), el organismo que conduce los medios de comunicación públicos, la Comisión Nacional de Valores y el Instituto del Cine, con lo cual pudo designar nuevos funcionarios en todos ellos. Al mismo tiempo, la justicia avanzó sobre el Kirchnerismo en diversas causas: dos jueces (Lijo y Bonadío) impidieron al ex Vicepresidente (Boudou) salir del país; otro magistrado falló contra la AFP por «perseguir» a Elisa Carrió; Margarita Stolbizer presentó nuevas pruebas contra Cristina Kirchner en la causa Hotesur, reactivándola; el Fiscal Stornelli pidió que se investigue la vinculación de los hoteles de la familia Kirchner con la gestión de Aerolíneas Argentina de Recalde hijo; un juez imputó al ex titular del Banco Central (Vanoli) en la causa por amenazas contra el grupo Clarín; otro (Cayssials) anuló el procedimiento de oficio del AFSCA del mismo grupo; el fiscal Pleé remitió al juez Rafecas documentación para reabrir la renuncia de Nisman; la jueza Palmaghini separó a la fiscal Fein de la investigación de la muerte del ex fiscal y dispuso 49 medidas de prueba, y la causa podría pasar al fuero federal, donde tendría nuevo impulso. A ello se han sumado nuevas denuncias contra la propia Cristina y los ex titulares del Ministerio de Planificación y el PAMI. Pero la Cámara de Casación Penal -con mayoría K- dilató dar por concluido el acuerdo con Irán y esta semana se elige el Presidente del Consejo de la Magistratura. A estas acciones y medidas se le agrega la recomposición de relaciones con el Papa, que eran frías desde la elección.

Pero si bien Macri está obteniendo victorias importantes en remover el poder remanente del Kirchnerismo, también ha tenido un retroceso en su iniciativa de designar miembros de la Corte por decreto. Si bien es una medida de discutible legalidad -que sólo adoptó el Presidente Mitre en 1863 para crear la Corte cuando terminaba una guerra civil y se justificaba entonces como medida provisoria-, no tiene legitimidad y además ha sido un error político. Fue una medida adoptada en la tarde del lunes 14 de diciembre que entró en contradicción con el lema del «arte del acuerdo» que planteara como estrategia política frente a los ex candidatos a Presidente primero y los gobernadores después. Juristas que apoyaban al gobierno (Gil Lavedra, Sabsay y otros) la criticaron, al igual que dirigentes del Radicalismo (Cobos y Alfonsín), aunque la conducción partidaria la respaldó; además, Massa la calificó de «horrible» y Stolbizer de «grave retroceso institucional». El Kirchnerismo encontró el argumento para convocar la primera marcha opositora frente al Congreso «en defensa de la institucionalidad» y unificar sus bloques en el Congreso. La Corte se negó a tomarles juramento y frustró la maniobra de Macri, el bloque de senadores del FPV hizo público que si juraba nunca obtendrían el acuerdo y una senadora del Movimiento Popular Neuquino presentó un proyecto para derogar la emergencia económica, apoyado por el presidente del bloque del FPV (Pichetto). En la tarde del miércoles 16, la canciller anunció que también los embajadores serían designados por decreto, lo que implicaba profundizar el conflicto que de político ya había pasado a institucional. Pero Macri reaccionó adecuadamente, cambiando el rumbo con rapidez: anunció que se ponía en marcha el mecanismo normal para designación de miembros de la Corte y que convocaría a sesiones extraordinarias para que sus candidatos (Rossatti y Rosenkratz) obtuvieran el acuerdo del senado. El costo político en la opinión pública fue menor, aunque en los medios políticos se ha percibido como una improvisación en el gobierno. El asesor jurídico de Macri (Rodríguez Simón) ha defendido la medida frustrada y anticipó vendrán otras en la misma línea.

Los desafíos por delante son diversos y difíciles tanto en lo económico, como en lo político y, especialmente, en lo social. El gobierno tuvo éxito con la salida inicial del cepo y con el tipo de cambio, pero tendrá que definir rápidamente su política fiscal para dar una idea de futuro. Sin embargo en lo inmediato, contener la inflación para evitar que la devaluación se traspase a los precios, especialmente en alimentos en  días sensibles como son al finalizar el año, es el desafío inmediato. El acuerdo económico-social con empresarios y sindicalistas no es viable en lo inmediato. El sindicalismo peronista formalizó su reunificación y Macri ha comenzado a materializar el acuerdo con ellos, designando a un medico de confianza de los sindicatos al frente del organismo que maneja dinero de las obras sociales (SSS) y en la segunda línea del Ministerio de Transporte a varios funcionarios de los gremios del sector. Pero los sindicatos exigen un bono de 3.000 pesos para todos los trabajadores y jubilados para compensar el aumento de la inflación y el gobierno se niega a hacerlo, aceptando solo convalidar acuerdos voluntarios. El desafío más relevante en lo social son las protestas sociales en las calles. El caso crítico es la agrupación piquetera Tupac Amaru de Milagro Sala. El gobernador de Jujuy (Morales) intenta desmontar su poder, anulando su intermediación en la distribución de los planes sociales, y ella ha llevado la protesta no sólo a la capital jujeña sino también al centro de Buenos Aires. Piqueteros, contratados que resisten el cese de sus contratos y el Kirchnerismo ya están en la calle desafiando al gobierno. El bono de 400 pesos para quienes cobran la Asignación Universal por Hijo y los jubilados, así como la represión del corte en el acceso a Ezeiza, muestran que el gobierno comienza a operar sobre este problema. Remover a la Procuradora (Gils Carbó) y a los titulares del AFSCA y el AFTIC (medios y telecomunicaciones) son claves para avanzar en desmontar el poder remanente del Kirchnerismo. La Cumbre del Mercosur que se realiza en Asunción es el desafío de Macri en política exterior.

Mientras tanto la gobernadora de Buenos Aires logra un pacto de gobernabilidad que paradójicamente puede ser una referencia para el gobierno nacional. Tras acordar con Massa sumar legisladores para tener mayoría en las dos cámaras de la legislatura provincial y convocarla a extraordinarias para el 29 de diciembre, enviará entonces todas las leyes claves: presupuesto, emergencia de seguridad, endeudamiento, infraestructura y fin de la reelección indefinida de los intendentes. Además de haberse partido el bloque de senadores del FPV y avanzar los conflictos en el de diputados, los intendentes peronistas se han dividido en tres: kirchneristas, peronistas y «jóvenes». Mientras tanto, el FPV nacional tomó la iniciativa con la protesta frente al Congreso del jueves, que fue apoyada por el bloque de Diputados y Scioli. El PJ ya ha puesto en marcha la renovación de sus autoridades. En febrero las provincias presentan su lista de congresales y la elección indirecta de autoridades será antes de mayo. El Kirchnerismo ha acelerado el proceso, temiendo perder poder a medida que pase el tiempo y el gobernador de Salta (Urtubey) ha pedido que la elección sea por voto directo.

En conclusión: en sus primeros diez días de gestión, Macri ha logrado remover con eficacia parte del poder remanente del Kirchnerismo y levantar el cepo con eficacia, manteniendo el dólar bajo control; pero la Corte y el Senado bloquearon su decreto para nombrar dos integrantes de la Corte «en comisión» sin pasar por el Senado y ello ha sido un retroceso importante; por delante, debe impedir que la devaluación se traspase a los precios, que los gremios contengan sus reclamos y evitar que la protesta social se extienda en las calles e impedir saqueos con motivo del fin de año y la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires ha logrado el acuerdo de gobernabilidad que le permite enviar las leyes claves a la legislatura y el PJ puso en marcha la renovación de sus autoridades.

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