Los mapuches del kirchnerismo. Por María Zaldívar

El movimiento indigenista es otra de las herramientas del globalismo internacional utilizado para consumar el proyecto narco-chavista en la América hispana.

Los desmanes que están causando los supuestos mapuches argentinos en el sur del país son consecuencia de una política orquestada desde los despachos oficiales. Solo por desconocimiento absoluto o por vaya a saber qué intereses se puede ignorar que la población ancestral de aquellas zonas eran los tehuelches y que los mapuches no son originarios de la República Argentina sino de Chile, o sea del otro lado de la cordillera de los Andes. Allí son particularmente violentos, al punto de transformarse en un problema de estado con aristas que exceden sus fronteras y adquirir trascendencia internacional.  No es exagerado el enfoque que considera terrorismo esos ataques a la propiedad pública y privada y a la integridad de las personas, más aún si se percibe connivencia con grupos asentados fuera del territorio nacional.

Por ese motivo, hace pocas semanas Juan Francisco Galli, subsecretario de Interior chileno, viajó a la Argentina, visitó al ministro de Seguridad, le planteó la preocupación de su país por la escalada de violencia mapuche y solicitó formalmente trabajar en conjunto para frenar la radicalización y extensión del conflicto que ambos países presentan en el sur de sus respectivos territorios.

Chile no vio con buenos ojos la asistencia que prestó el embajador argentino en su país al líder mapuche Facundo Jones Huala, de nacionalidad argentina y detenido en Chile. Esas acciones se explican en el marco de la tolerancia de la administración kirchnerista con las tomas de tierras. La cooperación argentina es escasa y se reduce exclusivamente al ámbito policial. La Argentina se niega a reconocer envergadura guerrillera a las confrontaciones que se producen entre los contingentes y las fuerzas regulares y al tipo de delitos cometidos.

El ministro argentino se ocupó de calificar como “irresponsable” hablar de terrorismo en referencia a esos episodios. En el mismo sentido, minimiza la gravedad y cantidad de hechos de violencia y delincuencia que se multiplican a lo largo de todo el territorio nacional; su teoría es que la inseguridad es un flagelo mundial y que, las estadísticas indican que la Argentina está, inclusive, comparativamente mejor que otras naciones, una explicación que causa el rechazo masivo de la población y la indignación de miles y miles de víctimas.

Hay otra explicación de los acontecimientos que se desarrollan en la zona austral: Argentina está oficiando de apoyo para los ataques perpetrados en Chile. Si bien las autoridades del país trasandino denuncian tráfico de drogas y armas a través de la frontera, la función principal del sur argentino sería la de representar una zona de descanso y reorganización para los combatientes. Este sería el modo en el que Chile entiende el problema y el motivo para reclamar cooperación internacional.

La Argentina ha desarrollado una política errática respecto de los incidentes que vienen ocurriendo en el sur del país y que involucra a estos supuestos pueblos originarios. El kirchnerismo siempre fue proclive a apañar las tomas de tierras. La administración Macri intentó frenar, con la tibieza que caracterizó su gestión, ese embate; le tocó afrontar el sonado episodio de Santiago Maldonado, un joven artesano que se ahogó intentando escapar de un control de la Gendarmería tras el desalojo de un corte de rutas del que participaba. La izquierda sigue intentando presentarlo como una víctima de la represión policial y pretenden caratular el hecho como “desaparición forzada de persona”. Sin embargo, la investigación judicial determinó que la muerte del joven se produjo como consecuencia de su huida cruzando el río Chubut. No saber nadar y las bajas temperaturas le impidieron acceder a la otra orilla.

Para quienes insisten con rescatar la figura del caudillo peronista Carlos Menem, es importante recordar que impulsó una reforma constitucional para lograr su reelección presidencial, vedada hasta entonces. El costo de su ambición fue altísimo para el país pues en esa oportunidad, se introdujeron muchas modificaciones a la letra de lo que era una constitución modelo en América; por ejemplo, incluyó un reconocimiento de la “preexistencia étnica y cultural  los pueblos indígenas argentinos”; eso implicó derechos que ahora esgrimen los ocupantes de tierras cuya legitimidad no está comprobada pero que cuentan con el beneplácito del kirchnerismo y el respaldo de la ley que, paradójicamente, violan sistemáticamente.

En ese marco, el Gobierno se niega a dar solución a las demandas de orden y siguen sin tomar medidas concretas frente a los desmanes provocados por los autodenominados mapuches. Mientras tanto, el miedo se apodera de los pobladores de la zona que suman este conflicto y la inestabilidad que provoca, a los problemas sociales y económicos que el país arrastra. Las inversiones que la Argentina necesita con desesperación ponen pausa cuando comprueban que el Estado argentino no garantiza el respeto de la propiedad privada.

Las recetas del Foro de San Pablo y del Grupo de Puebla parecen guiar la inacción oficial. Es imperioso denunciar estas prácticas y estas políticas, exigir la definición de los partidos políticos que se ofrecen como alternativa al peronismo y restablecer la convivencia pacífica. Grupos que siembran el terror, usurpan viviendas y vandalizan propiedades no pueden ser tolerados. No existe otra opción que la de condenar sus prácticas y a los responsables de llevarlas adelante.

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