Los beneficios de la vicepresidente Cristina Kirchner son nuevamente noticia ya que el alcance de esas conveniencias ahora se extienden a la fortuna de sus hijos en la polémica desatada por el pago de impuestos a la riqueza. Paradojas de una Argentina en crisis y sin rumbo. Los que gobiernan con impulso y verborragia socialista, viven sin necesidades y pidiendo prórrogas al Estado para pagar sus propios impuestos.
Pareciera que la arenga proclamada por la expresidenta contra jueces y fiscales en el pasado mes de marzo dejó sesgos de temor en otros funcionarios responsables de impartir derecho de manera imparcial y justa para todos. En esta ocasión, la Administración Federal de Ingresos Públicos, el organismo recaudador de impuestos a nivel nacional, se rindió ante las urgencias y reclamos de la familia Kirchner. La instalación de un socialismo del relato con dirigentes millonarios encuentra su mayor exponente en Cristina Kirchner. Su fortuna es inestimable. En marzo de 2016 concedió todo su patrimonio en partes iguales a sus dos hijos y, desde entonces, el principal patrimonio de la familia Kirchner lo posee el actual líder de La Cámpora, Máximo Kirchner.
En su presentación ante la Oficina Anticorrupción, el diputado nacional declaró tener 291.739.213,02 pesos, lo que representa un incremento de casi 100 millones en un año en relación al periodo fiscal anterior. Esta cifra es muy superior al patrimonio que tenía Cristina Kirchner cuando dejó la Casa Rosada, declarando bienes por 77 millones de pesos.
Por estas horas, la fortuna K volvió a ser noticia. Favorecidos por medidas extremadamente benévolas, Máximo y Florencia Kirchner podrán pagar el impuesto a las grandes fortunas financiado en cinco cuotas. Asesorados por un equipo de abogados y contadores de la familia, los hermanos Kirchner solicitaron ingresar a un plan de pagos de cinco cuotas para empezar a pagar al Aporte Solidario y Extraordinario, más conocido como “impuesto a la riqueza”, una ley recientemente impulsada por el propio legislador en el Congreso.
La Ley de Aporte Solidario y Extraordinario de las grandes fortunas se aprobó a principios de diciembre del año pasado. El proyecto fue impulsado con el objetivo de recaudar 300.000 millones de dólares adicionales para moderar los efectos de la pandemia de coronavirus y alcanza a unas 13.000 personas. La norma gravó a los patrimonios superiores a los 200 millones. Las alícuotas para el pago se escalonan según el patrimonio declarado a la fecha de promulgación de la ley. Quienes tiene patrimonios de 200 millones de pesos deberán tributar un 2%. Esa tasa se eleva a 2,25% para fortunas entre 300 y 400 millones de pesos; a 2,50% entre 400 y 600 millones de pesos, y el ascenso continúa al 2,75% para quienes sean dueños de una fortuna de 600 a 800 millones de pesos.
En el caso de Máximo Kirchner, que tiene su fortuna embargada, quedó incluido en el universo de los contribuyentes que deben pagar el impuesto a las riquezas, ya que declaró tener 292 millones de pesos.
De esta manera, el hijo mayor de la vicepresidente deberá pagar 7.700.889 dólares, y su hermana menor Florencia, una cifra levemente inferior, 7.298.368 dólares.
El responsable de avanzar con la propuesta fue el mismo abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, quien elevó un informe contable a la AFIP donde solicitó que ambos hermanos paguen el correspondiente impuesto en cuotas con la excusa de que que afrontan una situación judicial compleja. Máximo y Florencia Kirchner deben afrontar los pagos con fondos que están bajo la administración judicial. Es así que a través de su contadora, María Cecilia García, los hijos de la expresidenta avisaron de que no tenían disponibles los fondos para pagar el 100% del impuesto y que, por tal motivo, necesitaban un plan de pagos.
La mayor parte de la riqueza del hijo de la vicepresidente es, en gran medida, producto de los bienes heredados de su padre, Néstor Kirchner. El patrimonio incluye 25 propiedades, la participación accionaria en tres empresas (Los Sauces SA, Hotesur SA, CoMa SA) y un conjunto de plazos fijos que derivaron años después en los seis millones de dólares que la Justicia encontró en una caja de seguridad a nombre de su hermana, Florencia Kirchner.
Por ahora, Máximo Kirchner se enfrenta a dos procesos judiciales por lavado de dinero y en una de esas causas está procesado como organizador de las maniobras delictivas, siendo la vicepresidente la jefa de la asociación ilícita, según sostiene la acusación. En total sus embargos superan los 900 millones de pesos.
Así las cosas, los hijos herederos de Cristina Kirchner continúan gozando de los beneficios de una Argentina sometida al rigor del poder de la exmandataria.
gaceta.es
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