Lo mejor como enemigo de lo bueno. Por Vicente Massot.

A medida que trascurren los días y comienzan a hacerse notar con mayor intensidad los efectos del ajuste puesto en marcha por el gobierno, se profundiza la divisoria de aguas entre quienes se permiten advertir acerca de los peligros implícitos en cualquier estrategia gradualista —incluyendo, por supuesto, en esa categoría, al programa económico del macrismo— y quienes, en la vereda opuesta, sostienen que hablar de gradualismo para definir el camino elegido por el presidente y su ministro de Hacienda, Alfonso de Prat Gay, es no entender la diferencia entre los deseos y la realidad.

Antes de entrar en la disputa es conveniente señalar dónde estamos parados, qué es lo que se ha hecho desde el 10 de diciembre en adelante y qué cosas cambiaron. Por de pronto, se modificó el sistema de tipo de cambio: pasamos de uno fijo con política monetaria expansiva a otro flotante, sin controles de ninguna índole y una política monetaria que apunta a reducir la inflación y no a financiar expansivamente al fisco.

Las dos metas que se han propuesto cumplir las autoridades se centran en el déficit fiscal y la inflación. Para el corriente año se busca reducir en un punto porcentual del PBI el citado déficit mientras en el Palacio de Hacienda aspiran a que la inflación no pase de 25 %. Más allá de cuán difícil pueda resultar cumplir en el curso del 2016 con los topes programados, la discusión de algunos de los principales economistas que, en general, coinciden con los lineamientos expuestos, ha pasado a ser si un plan correctivo gradual de las desmesuras kirchneristas alcanza o no. Todos coinciden, en mayor o menor medida, en que las metas no resultaran de fácil cumplimiento. A la vez también concuerdan en que si las medidas son insuficientes y —en lugar de bajar— el déficit fiscal sube, el problema de cómo financiarlo sin acelerar la emisión hace indispensable un arreglo rápido con los hold-outs. Ello le daría a la actual administración la capacidad —hoy inexistente— de tomar deuda externa. Sin esa posibilidad, sería poco probable alcanzar la deseada disciplina monetaria que permitiese refrenar la inflación. Pero, además, entramos ahora en tiempos de paritarias, y de lo que sea factible consensuar con los sindicatos y los empresarios dependerá también, en buena medida, llegar a finales de año con una inflación que orille o apenas exceda 25 %. Para reducir las presiones en el alza del índice de costo de vida, que se hacen sentir cada vez más, los dos datos claves son, pues, los hold-outs y las paritarias. La cuestión es clara; o sea, no hay misterios al respecto. Sólo que una cosa es fijar metas y otra, muy distinta, es cumplirlas.

La polémica a la que hicimos referencia antes no es nueva entre nosotros y ha resurgido en los últimos setenta años, poco más o menos, al compás de las distintas crisis que jalonaron el derrotero de la economía argentina. La historia, en este aspecto, no ha hecho más que repetirse sin solución de continuidad. El gobierno que heredaba el despilfarro del anterior debía necesariamente ajustar las cuentas, reducir el rojo fiscal, sincerar el tipo de cambio y trasparentar la distorsión de los precios relativos. Al margen de la diferencia en punto a los escenarios políticos y a las relaciones de fuerza del momento, la tarea que hoy tiene el ministro Alfonso de Prat Gay antes debieron hacerla suya —por razones de fuerza mayor— predecesores como Domingo Cavallo, José A. Martínez de Hoz, Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo y tantos otros.

Claro que lo primero que necesitaron definir fue el calado del ajuste; es decir, shock o gradualismo. En esta misma columna, dos semanas atrás, decíamos que Mauricio Macri había escogido la primera de las alternativas. Algo con lo cual muchos no están de acuerdo pues suponen que, en realidad, se ha inclinado por una táctica de cuentagotas, descartando el shock desde un principio.

Si para determinar con precisión qué entendemos por una y otra de las variantes sujetas a debate partimos de posiciones de máxima, está claro que el gobierno abrazó el gradualismo. Claro que las posiciones de máxima en general pueden colmar nuestros deseos pero, al mismo tiempo, apartarse de la realidad y resultar impracticables. Sólo teniendo en claro cuál es el contexto político y sin perder nunca de vista la relación de fuerzas vigente en un determinado momento histórico, un gobierno responsable puede definir la dimensión del ajuste.

Un par de ejemplos vale más que mil explicaciones. El 14 de enero, con el propósito de “reducir el costo de envío”, el Banco Central decidió implementar un sistema de distribución de la correspondencia de los bancos por e-mail. En la era del capitalismo globalizado y la revolución tecnológica con base en las telecomunicaciones, la medida era enteramente lógica. Sin embargo, irrumpió en escena el gremio de choferes de camiones, cuya visión de la economía atrasa medio siglo; pero que, al margen de ello, goza de un enorme poder. El resultado estaba cantado: el BCRA cedió a la presión de Moyano que había amenazado con medidas de fuerza. Por otro lado, el ministro de Educación, a trece días del comienzo de las clases, ofreció una suba de 29 % a los maestros. Superior al 25 % que parecía ser el máximo al cual podía comprometerse el gobierno nacional.

En uno y otro caso lo que queda al descubierto es la necesidad de respetar la relación de fuerzas. En teoría, una política de shock hubiese consistido en ignorar a Moyano y no ceder un tranco de pollo a los reclamos de docentes poco calificados. No obstante, semejante estrategia es impracticable.

El que se ha puesto en marcha es un programa progresivo, matizado, porque no puede darse el lujo el gobierno —en atención a sus insuficiencias parlamentarias y a la falta de conciencia de una parte importante de la sociedad— de pecar por exceso. Una devaluación de más de 50 %; aumentos de entre 200 % y 500 % en las tarifas eléctricas; la reducción de las retenciones y otras medidas por el estilo forman parte del único shock posible, capaz de conciliar dos lógicas no siempre en sintonía: la de la economía y la de la política.

En determinadas circunstancias echar mano al viejo refrán de cuño español que reza “lo mejor es enemigo de lo bueno”, resulta saludable analíticamente. No porque una frase breve y sentenciosa agote el problema. Más bien en razón de que las acciones políticas sólo se entienden con base en un cuadro de coordenadas de tiempo, lugar y poder.

Massot/Monteverde