Las organizaciones sociales intermedias y el principio de subsidiariedad. Por Gerardo Palacios Hardy

A pesar de su importancia, el tema de las organizaciones intermedias y el principio de subsidiariedad suele suscitar reacciones negativas y críticas. Es que se trata de uno de esos temas que en nuestros días se encuentran frecuente y fuertemente contaminados por los prejuicios ideológicos. Sin embargo, debemos tratar de rescatarlo como objeto de análisis para la filosofía política y para la doctrina social, porque del vector que pasa por dicho asunto y de las implicancias graves que contiene puede explicarse en buena medida por qué la Argentina no funciona. Es además un tema de gran importancia para una recta concepción del orden social, porque es consecuencia directa de una distinción importantísima que se debe hacer entre comunidad política y Estado. Si no sabemos distinguir entre ambos o si se pretende que son lo mismo, los cuerpos intermedios pierden razón de existir, y lo único que queda como resultado es el totalitarismo, que puede ser también democrático. Y éste es uno de los peores.

La susceptibilidad que se genera a partir de este tema llega hasta el hecho de que quien lo aborde se arriesga a que le asignen motes descalificantes, como el de “fascista”, por ejemplo[1]. Pareciera que sobre esto no hay que pensar, no se debe hablar y, si se hace, en todo caso será para criticar, descalificar, pero no para profundizar en ello.

¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué el tema de los cuerpos intermedios produce estas reacciones?

El éxito del liberalismo.

El éxito político poco menos que universal del liberalismo se produjo a partir de la Revolución Francesa. Esta victoria, sin embargo, no ocurrió sólo en el terreno político. Previamente, como suele ocurrir con todas las revoluciones, se había producido en el terreno de las inteligencias, configurando una mentalidad que hizo posible esa revolución y que dio su impronta a la modernidad. El triunfo, pues (con efectos en lo político, en lo social, en lo cultural), fue el de una concepción filosófica, una cosmovisión integral, que el marxismo-leninismo llevaría luego hasta sus consecuencias más extremas.

En lo que respecta a su relación con el tema de los cuerpos intermedios, lo que ocurrió fue una transformación radical de la sociedad, que de un conjunto jerárquico y ordenado de fuerzas y agrupaciones sociales, pasó a ser un agregado mecánico de individuos. El liberalismo filosófico, aplicado a lo político-social, dejará subsistente (e incluso potenciará) al Estado absolutista, como una torre edificada en medio de un desierto. Los granitos de arena de ese desierto serán los hombres reducidos a la condición de meros individuos, a los que el liberalismo procurará en vano proteger con constituciones y declaraciones de derechos y garantías, ya que tales derechos serán tales en la medida que el Estado los reconozca.

Es pertinente recordar que a este proceso contribuyó también algo que, considerado en sí mismo, fue sin duda muy positivo. Me refiero al notable progreso ocurrido entonces en las ciencias matemáticas y naturales, que indujo a que se hiciera prevalecer la cantidad (campo propio de las ciencias matemáticas, físicas y naturales, cuyo método es el experimental) sobre la calidad. Ello influyó en la sociología y en la filosofía política, inclinando a que se viese a la sociedad como un mecanismo, formado por un simple agregado de individuos indiferenciados. Esta concepción se trasladó pronto al terreno político, entendiéndose que los hombres, en cuanto son hombres, se igualan en todos sus elementos sustanciales – cuerpo y alma con sus potencias y diferentes facultades, activas -, sin tener en cuenta que cada uno de estos individuos lleva consigo un caudal enorme de vínculos, de antecedentes familiares, de condiciones individualizadoras, diferenciadoras, de características debidas a su posición económica, a su estado social, a su formación intelectual, a sus aptitudes físicas, morales e intelectuales, a su situación dentro de la colectividad.

Hizo así su aparición un concepto totalmente nuevo, que no sólo ha perdurado sino que ha alcanzado límites absurdos. Una palabra que parece decir mucho, pero que en último análisis se disuelve en la nada: apareció el Hombre, así, con mayúscula. Un Hombre que no era ni Juan ni Pedro ni nadie en particular; una suerte de prototipo que está por igual en millones y millones de seres que pueblan la tierra. Un Hombre desencarnado, un Hombre irreal, que debía representar lo que previamente se había pensado de él. No era por lo tanto aquello que la realidad había forzado a llamar hombre, sino una creación de los ideólogos, una pura abstracción. Pero como ese Hombre no existía[2] era preciso hacerlo, si fuere necesario con mucha guillotina o mucho Gulag. De modo que se hizo lo posible para quitarle a cada individuo todo aquello que pudiera distinguirlo, identificarlo, creando instituciones y sancionando normas que fueran despojando al hombre genuino de todo aquello que podía hacerlo distinto de los demás.

Estableciendo el divorcio, por ejemplo, se destruía a la familia, el primer vínculo diferenciador. Se destruyeron y prohibieron las corporaciones, dejando al obrero y al artesano nada más que con la fuerza de su trabajo, solos frente al que lo dispensaba. La enseñanza fue acaparada por el Estado, para igualar la formación y para borrar toda diferencia entre los programas educativos y culturales. Se constituyeron nuevas geografías políticas, se cambiaron nombres de regiones. En algunos países de Europa se suprimieron incluso los nombres de los regimientos tradicionales, que venían desde siglos atrás, sustituyéndolos por números. Se fue creando, en definitiva, ese desierto de granos de arena, todos iguales. Y se tuvo éxito.

Consecuencias.

El éxito brutal de ese proceso de ingeniería social se advierte hoy hasta en las costumbres en apariencia más inocentes. Tiempo atrás, cuando uno se presentaba o presentaba a un tercero, daba su nombre de pila y su apellido, porque eso era lo que identificaba primero. Pero ya no. Tanto en sociedad cuanto en los avisos fúnebres, uno ha pasado a ser Juan Carlos o Soledad, y tal vez menos que eso, tal vez simplemente “Juanca” o “Sole”. Aunque esto pueda parecer gracioso, todas las cosas, aún las cómicas, revelan algo. ¿Y qué otra cosa puede mostrar mejor que nuestro ejemplo que nos hemos ido convirtiendo en un conjunto anónimo de ciudadanos, en masa?

 Este aglomerado social es en efecto la masa, informe, maleable, manipulable, heterodirigida, porque desde fuera puede hacerse con ella lo que se quiera. Como dijo de ella Pío XII, “fácil juguete en manos de cualquiera que explote sus instintos o sus impresiones, presta a seguir sucesivamente hoy esta bandera, mañana otra distinta”[3]. Mezcla sin forma alguna de ciudadanos anónimos, en apariencia muy conformes con su situación, porque periódicamente ponen un papel (que ni siquiera han escrito) en una urna, creyendo que con ello han elegido a sus gobernantes. Y esa es toda su actividad como miembros de una sociedad. Para la enorme mayoría de los argentinos eso es todo, lo único. Después están su trabajo, su familia, lo que individualmente puedan realizar.

En una medida insospechada (porque pocos piensan ya en estas cosas) esto ha sido posible por la extinción de los cuerpos intermedios en sentido auténtico, órganos indispensables que debieran existir entre el individuo y el Estado y que serían la mayor garantía de la libertad personal, de la realización de los fines individuales y de la responsabilidad, a la que el ser humano no puede renunciar. Asunto por lo tanto de tremenda importancia, en el cual va comprometido el futuro.

El Estado inservible.

Si el Estado se encuentra edificado frente al individuo aislado o al conglomerado informe de individuos, el espacio entre ambos será llenado por el propio Estado. También en la política, como sucede en la física, los espacios vacíos tienden a ser llenados. Y lo normal (lo natural, podría decirse) es que el espacio vacío sea ocupado por el más fuerte. La invasión por el Estado de la ancha franja que lo distancia del individuo se ha presentado casi como una necesidad. Desaparecidos los cuerpos intermedios, aunque sigan teniendo una existencia virtual[4], pero no real, el Estado democrático, ávido de mayores competencias y atribuciones, se ha visto liberado de todo contrapeso.

Es que desde finales del siglo XIX y decididamente desde principios del XX, determinadas ideas derivadas de la catástrofe social y económica que el liberalismo capitalista había causado al mundo, condujeron a que en el Estado se fuera gestando la convicción de que debía extender sus funciones a los ámbitos de la seguridad y el bienestar social, hasta alcanzar incluso los de la salud, la educación, la cultura. El Estado se fue así atiborrando de cosas que debía hacer él, sencillamente porque no había nadie que pudiera hacerlas en su lugar.

Esto nunca había sido propio del Estado, ni lo es. El Estado debe ser para la persona, y no al revés. La persona debe realizarse ella misma en el ámbito de su libertad para poder ser responsable. El hombre está obligado a alcanzar su fin, puesto que no hemos sido arrojados al mundo por un Dios impiadoso, inclemente, juguetón, que se complace con nuestros infortunios, como el niño que enloquece a las hormigas jugando con un palito en la entrada del hormiguero. Por el contrario, hemos sido creados como criaturas racionales, para estar un tiempo en esta vida y (de acuerdo con lo que hagamos) llegar a la vida verdadera, a la que vale la pena, para la cual en realidad hemos sido creados. Sabemos que tenemos un fin y que debemos alcanzarlo cumpliendo con nuestros deberes de estado; como sabemos que esa responsabilidad es intransferible y que nadie tiene derecho a interferirla ni a suplirnos en su cumplimiento.

Quizás lo peor de ese Estado usurpador es que termina por no cumplir o por cumplir muy mal tanto las funciones que le competen, cuanto aquellas de que se ha adueñado y sin embargo no son suyas. La Argentina ofrece el ejemplo patético de un Estado gigantesco, pero no por eso fuerte, comparable a un gordo fofo, atrofiado, inútil y sin vida, pero al mismo tiempo muy molesto. Ese Estado, que en realidad debe facilitar, impulsar, completar, coordinar, se ha puesto a hacer, interfiriendo nuestro deber de alcanzar por nosotros mismos nuestro fin, tornándonos irresponsables y quitándonos libertad. Y es a partir de esa constatación que conviene volver, una y otra vez, a ese principio liminar del orden político-social: el principio de subsidiariedad.

El principio de subsidiariedad.

 Este principio tiene un clásico enunciado, que le fue dado por Pío XI en su encíclica Quadragesimo Anno, después de advertir que él se mantiene en pie y firme en la filosofía social, inamovible e inmutable, aún siendo verdad que por el cambio operado en las condiciones sociales muchas cosas que en otros tiempos podían realizar incluso las asociaciones pequeñas hoy son posibles sólo a las grandes corporaciones: “…como no se puede quitar a los individuos y dar a la comunidad lo que ellos pueden realizar con su propio esfuerzo e industria, así tampoco es justo, constituyendo un grave perjuicio y una perturbación del recto orden, quitar a las comunidades menores e inferiores lo que ellas pueden hacer y proporcionar y dárselo a una sociedad mayor y más elevada, ya que toda acción de la sociedad, por su propia fuerza y naturaleza, debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos ni absorberlos”[5].

Como suele suceder con todo principio, la generalidad de su enunciado puede hacer que su aplicación parezca sencilla, cuando en realidad no lo es. De ahí que, sin la pretensión de agotar todas sus posibilidades, conviene efectuar algunos comentarios, comenzando por el origen etimológico del sustantivo subsidiariedad.

Este término proviene de la palabra subsidio, que en la Argentina es casi una mala palabra, puesto que la asociamos (con bastante razón) con  dádivas que por lo general recibe quien no las merece o más directamente con sobornos. Pero en realidad estos significados no existían ni siquiera en la voz latina, subsidium, que en la fuerza militar designaba lo que llamaríamos reserva o segunda línea, llamadas a reforzar a los que combatían en el frente. De dicho significado derivan los otros que conocemos, pero lo esencial es la noción de ayuda, que no la de suplencia. La diferencia es importante: cuando se ayuda se auxilia a otro para que haga lo que tiene que hacer; cuando se suple, en cambio, se hace lo que el otro tendría que hacer. Subsidio, pues, rectamente entendido, es ayudar, no suplir.

 Aspectos importantes del principio de subsidiariedad.

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         Las dificultades que plantea el principio de subsidiariedad no se deben a que haya sido o sea incomprendido, sino a que no se lo aplica o se lo aplica mal. Lo que posiblemente sea el resultado de que los profesionales de la política en verdad no quieren su aplicación. De ahí la importancia de poner de resalto algunos de sus aspectos desde un enfoque fundamentalmente práctico[6], tales como su dependencia de las circunstancias particulares de cada sociedad, su aplicación irrestricta a todas las formas de organización social, la exigencia que impone a todos los actores de la vida social, el papel que asigna al Estado y la conciliación que promueve entre la libertad y la autoridad.

  1. Dependencia de las circunstancias.

La forma de obligar y el ámbito de vigencia del principio de subsidiariedad dependen de las circunstancias. Es un principio que, si bien no es formal (como no lo es cualquier principio del derecho natural, porque tiene contenido), no tendrá la misma aplicación ni el mismo ámbito de vigencia en un país donde exista un gran desarrollo de los cuerpos intermedios y de las fuerzas sociales, que en un país donde esto esté completamente anulado. No será igual la aplicación del principio de subsidiariedad en la Rusia de hoy, que viene de salir de la tiranía comunista, que la que debe tener en países como Francia o Alemania, donde hay una fuerte presencia de los cuerpos intermedios, aunque todavía lejos de lo que debiera ser.

Es preciso estar muy atentos a la evolución de las circunstancias, porque el mundo parece estar en vísperas de transformaciones dramáticas. Es frecuente en nuestros días que se hable de la crisis del Estado-nación (hijo dilecto de la Revolución Francesa). Hace años incluso que se viene hablando desembozadamente de su desaparición y sustitución por el “Estado virtual” (es decir, un Estado sin territorio), como lo ha hecho Richard Rosencrance, profesor de Ciencia Política y Director del Centro de Relaciones Internacionales de la Universidad de California (además de miembro conspicuo del Council on Foreign Relations), para quien el ideal de Estado para el siglo XXI es Hong Kong[7]. Para el principio de subsidiariedad surgen así ámbitos de aplicación insospechados pocos años atrás.

Es posible entonces que el destino reservado a países como el nuestro se esté fijando en otros lugares del mundo. Mientras nosotros nos empeñamos en vivir prolongando nuestros duelos del pasado e ignorando los dramas y desafíos del presente[8], otros proyectan un mundo en el que los individuos, la masa amorfa a la que se vieron reducidos los pueblos, ya no encuentren frente a sí al Estado-nación todopoderoso, sino a poderes mundiales, globalizados, o tal vez al mismo Estado mundial.

La Argentina, huérfana de corporaciones articuladas en un fuerte tejido social, pasaría a ser entonces una provincia de la aldea planetaria que, si tomase la decisión de desarrollar tal o cual industria o área de la cultura o de la inteligencia, podría toparse con algo venido de afuera que le dijese: “no, esa no es su función, eso se hará en el sur de África, y ustedes en cambio deben dedicarse a esta otra cosa”. Lo cual es absolutamente posible cuando uno se cree libre porque tiene nada más que la ilusión de la libertad. Será imposible ser libres frente a estas tremendas fuerzas mundiales, si nos hemos conformado con ser tan sólo individuos, átomos indiferenciados de un compuesto sin energía vital.

El principio de subsidiariedad depende pues en su aplicación de las circunstancias que vive un pueblo, pero siempre significa afirmación o determinación de las competencias propias o específicas. Por eso mismo no debe verse en él nada más que la obligación de prestar ayuda, sino antes bien la de que no se invada la esfera de autonomía propia, el poder propio de decisión y de autonomía. Como bien ha sido dicho, el principio de subsidiariedad es un principio de responsabilidad. Y su vigencia será tanto más efectiva cuando en vez de urgir al Estado para que venga a ayudarnos, estemos en condiciones de reclamarle: “déjeme solo, lo haré por mí mismo”.

  1. Independencia de las asociaciones.

Una forma conocida para los argentinos de esterilización de los esfuerzos y de las ganas de hacer de muchas organizaciones intermedias, ha sido la multiplicación de entidades de segundo y hasta de tercer grado, que terminan por absorber toda la actividad de las entidades menores. En algunos casos se ha llegado a situaciones penosas (por no decir ridículas), porque peticiones efectuadas por organizaciones intermedias no tenían curso si no estaban avaladas por algún instituto o entidad de tercer grado, creado muchas veces por el propio Estado. Esta clase de corporaciones ha resultado ser a veces peor enemigo de las asociaciones intermedias que el propio Estado.

Debe subrayarse entonces que el principio de subsidiariedad afecta a todas las instituciones sociales y no solamente al Estado. Por lo tanto este principio no sólo se opone al crecimiento del Estado a expensas de la sociedad, sino que también se opone a la omnipotencia de las organizaciones naturales mayores.

  1. Responsabilidad individual y social.

El principio de subsidiariedad obliga también a que los individuos y los cuerpos intermedios cumplan con sus fines por propia iniciativa y utilizando medios propios, evitando generar los espacios vacíos que el Estado se siente tentado a ocupar para acrecentar su poder. Al fin y al cabo el Estado no constituye una abstracción, sino que está dirigido y se expresa a través de personas que ocupan determinados puestos o funciones y que tienen ciertas responsabilidades.

Cuando el Estado se mueve es porque no se están moviendo por debajo suyo o frente a él otras fuerzas u otros individuos. En esto tienen una enorme cuota de responsabilidad los partidos políticos o la clase política en general, porque ésta crea la ilusión, para conseguir votos, de que todos los problemas van a ser resueltos desde el Estado, de modo que el político, desde el llano nomás, se presenta violando el principio de subsidiariedad: “Voy a hacer lo que usted debería hacer. Desde el Estado, no voy a crear los medios para que se desarrollen los cuerpos intermedios y los individuos tengan más posibilidades. No les voy a dar más libertad, y consecuentemente más responsabilidad; no, voy a hacer todo en lugar de ustedes”. Y la gente sencilla lo cree así, porque esto suena muy atractivo. Los malos efectos de esto se van a ver después, y de varias maneras: en primer lugar porque esa promesa es falsa, porque no se puede resolver todo desde el Estado, aunque se quiera hacerlo. En segundo lugar porque es nocivo, porque atenta contra la libertad del hombre, contra el deber que tiene de buscar sus propios fines y contra la responsabilidad que es inherente a esa tarea. Y finalmente porque ese discurso hace que ganen los peores.

La moraleja es que la sociedad debe desarrollar la energía necesaria para no esperarlo todo del Estado. En la Argentina el proceso inverso ha sido tan intenso que es frecuente que, frente a alguno de los tantos problemas que padecemos, nuestra respuesta sea una pregunta: “¿por qué no se hace algo para corregir esto?” o “¿cómo alguien no se ocupa de resolver este problema?”. Ese “alguien” generalmente es el Estado. Y así se da la contradicción de que mientras abominamos del Estado y de su omnipresencia porque anula nuestra libertad y responsabilidad, al mismo tiempo reclamamos su intervención en asuntos que la sociedad debería ser capaz de resolver por sí misma. De donde la sociedad se hace responsable de que el Estado no haga lo que debe hacer, esto es coordinar las fuerzas sociales y asegurar el imperio de la justicia[9].

  1. Posibilidad de intervención estatal provisoria.

A veces el Estado debe suplir funciones o actividades sin que ello implique violar el principio de subsidiariedad, porque en ciertos casos no se encuentra quién lo haga, como por ejemplo ante catástrofes naturales o emergencias sanitarias y sociales. En la Argentina de hoy, por ejemplo, es evidente (y lamentable) que hay muchos problemas que nadie puede resolver, aunque existan varias organizaciones intermedias. Pero éstas de ello sólo tienen el nombre, de modo que el Estado se ve obligado a intervenir, porque algunos de esos problemas son de tal gravedad que alguien debe resolverlos.

Lo que es malo, no obstante, es que esa intervención obligada del Estado se vuelva definitiva, cuando su deber sería, mientras suple, fomentar el desarrollo de los grupos sociales, dejando que éstos alcancen la posibilidad de realizar sus fines por sí mismos. Respecto de lo cual debe tenerse presente que el principio de subsidiariedad no se relaciona directamente con la eficacia, sino, como se desprende de todo lo antedicho, con la libertad y la solidaridad entre los grupos sociales.

  1. Libertad vs. autoridad.

Es un grave problema de la filosofía política y social hacer compatibles dos cosas que pueden parecer contradictorias y al mismo tiempo resultan ser necesarias. Hacemos bien en querer y aspirar a tanta libertad como sea posible, pero al mismo tiempo nos damos cuenta de que la autoridad es necesaria. El individuo quiere libertad prácticamente irrestricta, pero con rapidez advierte que en la búsqueda de su fin individual entra en tensión con los fines de la comunidad política.

El principio de subsidiariedad ayuda a resolver la tensión entre el individuo y la comunidad, que es tanto como decir la tensión entre la libertad y la autoridad. Incitando a que tanto individuos cuanto cuerpos intermedios ejerciten sus competencias y deberes propios e impidiendo que éstos sean absorbidos por el Estado y las sociedades mayores, queda asegurado el ejercicio de la libertad en cada campo de la actuación responsable.

Conclusión: valoración de un sistema social.

A modo de conclusión puede decirse, sin incurrir en exageración, que del principio de subsidiariedad es posible derivar los criterios que nos permitan juzgar un sistema social.

Así, en primer lugar un sistema social será tanto más perfecto cuanto mayores sean las posibilidades de acción que encuentren el individuo y los cuerpos intermedios, sin perjudicar por eso el bien común. El margen de libertad personal y corporativa, sin menoscabo del bien común, está pues en relación directa con la bondad del sistema social[10].

También será tanto o más perfecto un sistema social, cuando la autoridad máxima actúe mayormente por medio de autoridades menores. Este tema es capital cuando se habla de cuerpos intermedios y el principio de subsidiariedad, y se enuncia con una sola palabra: descentralización. Palabra que en la Argentina debe asociarse con otra, federalismo, entendido con un significado más profundo que el meramente territorial o geográfico.

Con razón ha dicho Marcelo R. Lascano que entre nosotros el federalismo “no rige más allá de la letra de las normas superiores que establecen la convivencia en la sociedad”; para agregar que “terminamos por transgredir la misma esencia del federalismo, que tiene que ver precisamente con el arraigo al lugar, el gobierno para el lugar, la vigencia de los intereses para el lugar, la cultura enriquecida de las viejas tradiciones actualizadas en el lugar, la proyección de los bienes desde el lugar, el ahorro aplicado hacia el lugar, el ingenio y la retención de los talentos, la vida universitaria académica en el lugar. […] Esto lo hemos desarticulado nosotros mismos. No se trata de un problema de un condicionamiento imperial de otra sociedad, sino directamente de una declinación argentina, declinación que no nos atrevemos a tratar, y que constituye una desaprensión firme al federalismo y así no sirve”[11].

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Lo cual se vio confirmado por “la nefasta reforma constitucional de 1994, que destruyó y sepultó los restos del federalismo argentino, clausurando de paso los últimos vestigios de subsidiariedad y haciendo de los gobernadores de provincia súbditos y mendigos del poder concentrado en Buenos Aires”[12].

Pero además tanto o más perfecto será el sistema social, cuanto menor sea la intervención directa del Estado, ya sea nacional, provincial o municipal. Y aquí también la Argentina marcha por la senda opuesta, como lo demuestra “la proliferación de leyes, decretos, resoluciones, disposiciones, directivas, circulares, instrucciones, etc. etc., que en su aspecto más grave han subvertido los principios y costumbres más raigales de los argentinos, sin perjuicio de lo cual han engendrado además un claro escepticismo (cuando no palpable desprecio) por la ley positiva, a la que tienen como mera expresión de una voluntad de poder sin límites”[13].

Ahora bien, ¿es posible lograr un sistema social ajustado al principio recordado y a sus pautas de aplicación? ¿qué debe hacerse, entonces, para superar la crisis permanente a que nos ha conducido el “orden” social criticado?

Más de cincuenta años atrás, el francés Paul Archambault escribía lo siguiente: “La idea de un régimen representativo es necesaria, pero insuficiente: no logro resignarme a ver en esa boleta de sufragio, muchas veces impotente, la suma de mis derechos, de mis privilegios, de mis responsabilidades de ciudadano. Lo que puede y debe ser realizado es, bajo formas múltiples infinitamente diversificadas y multiplicadas, una participación más y más íntima y activa de cada uno de nosotros en la gestión de la cosa pública. […] Cuando, padre de familia, soy llamado a decir mi palabra acerca de la enseñanza dada a mis hijos, la elección de los libros o el régimen de la escuela; cuando en mi carácter de usuario de un servicio público participo en las comisiones que reglamentan sus condiciones de ejercicio; cuando, consumidor, ingreso en las que vigilan el precio de las subsistencias; cuando como secretario de un sindicato discuto las cláusulas del contrato colectivo que será ley de la profesión; cuando como propietario rural adhiero a una sociedad sindical que goza de la personería jurídica, no alcanzo a ver que con ello enajene mi calidad de ciudadano, antes bien, percibo en qué la acreciento. Ya indiscutiblemente no intervengo como individuo, unidad abstracta, en nombre de mis derechos personales, sino como hombre concreto, que forma parte de un ambiente concreto, como miembro de una familia o de una profesión, en nombre de derechos y de intereses que me son comunes con otros hombres vinculados a idéntica tarea. Estas cosas se completan sin perjudicarse. Y por lo que toca a la sociedad en que vivo, ella deja de tener esa apariencia geométrica que le infundió la ideología jacobina y cesarista, esa simplicidad de máquina que satisface a la inteligencia pero nos expone a tantas sorpresas y sacudidas. Al encontrar la sociedad de nuevo la complejidad, halla también la riqueza, la flexibilidad, la continuidad, la facultad de adaptarse a la vida. ¡Realismo ahora y siempre!”[14].

He elegido esta cita, entre muchas otras posibles, porque sintetiza bien la concepción corporativa del orden social clásico y cristiano, basado en una comunidad política articulada por sus cuerpos y órganos intermedios, que son la viva y auténtica expresión de la naturaleza social del hombre. “El orden,” – decía Pío XII – “base de la vida social de los hombres, […] no es una mera yuxtaposición extrínseca de partes numéricamente distintas; es más bien, y debe ser, la tendencia y la realización cada vez más perfecta de una unidad interior que no excluye las diferencias, fundadas en la realidad y sancionadas por la voluntad del Creador o por normas sobrenaturales”[15].

Es imperiosa pues la reconstrucción de la comunidad política. Tarea restauradora de los valores de siempre que se revela muy difícil, habida cuenta su alteración por la revolución moderna, hasta su transformación en sociedad de masas: “Para poder sobrepasar la actual decadencia de la sociedad civil, se requeriría: primero, que el hombre orientara su libertad guiado por su razón natural de un modo íntegramente realista y sin dejarse arrastrar por apetitos y utopías; y además, que el Estado, sin desatender la protección de las masas, la oriente de modo tal que favorezca la desmasificación, la iniciativa y la responsabilidad personal; y que, a la par de un retorno al sentido de la responsabilidad personal y social, se produzca el inicio de la autorestauración de la genuina sociedad civil, comenzando por la familia – restauración ciertamente muy difícil con la actual nueva legislación y por el clima que es reflectado por los medios de comunicación de masas -, seguida, después, por la restauración de la empresa, como comunidad humana productiva, el municipio, etc.”[16].

Para la restauración que hace falta, hay que comenzar por airear las inteligencias, limpiándoles el polvo espeso con que la modernidad las ha obnubilado. Contamos para ello con muchos y valiosísimos intelectuales. Son infatigables y brillantes investigadores y propaladores de la verdad, que refutan con solidez los errores de la modernidad, a la que incluso llegan a poner en ridículo. Tal vez falten, en cambio, los hombres de acción, es decir, los que sean capaces de transformar el mundo a partir de la verdad enseñada.

…………………………………………………………………………………

[1] “…el adversario capitalista-burgués es sustituido por el adversario <fascista>. Se crea, pues, el mito del fascismo, en el que es situado un adversario mortal que no tiene nada que ver con el fascismo histórico. A través de la transfiguración mítica, el concepto de fascismo se ha ampliado lo más posible, de forma que cualquiera puede ser acusado de fascista; ….. Mediante la identificación del fascismo con el mal radical – que por tanto no puede tolerarse – y mediante la mitificación antedicha, se ven restringidos límites a que queda reducido el pluralismo cultural y político.” Augusto Del Noce, Italia y el eurocomunismo-Una estrategia para Occidente, Edit. Magisterio Español S.A., 1977, pág. 48.

[2] J. De Maistre decía: “He conocido en mis viajes persas, franceses, alemanes, húngaros, pero al hombre no lo he encontrado en ninguna parte”.

[3] Pío XII, Benignitas et Humanitas, nº 16.

[4] Este sería el lugar para referirse a ciertas organizaciones, como los sindicatos de obreros o las asociaciones de empresarios o las universidades, que fungen como cuerpos intermedios, pero que en sentido estricto no lo son, habida cuenta que carecen de los requisitos básicos de aquellos. Por de pronto deben su misma existencia y funcionamiento al Estado, que con toda clase de normas los regula hasta en sus más mínimas funciones y hasta puede decidir su liquidación. Además lo habitual es que se encuentren en tensión dialéctica entre sí, sin agruparse en virtud de las necesidades de la producción. Por otra parte reproducen en su interior las luchas internas de la política, a su vez reducida ésta a la contienda por ocupar espacios de poder. No es posible abordar ahora este aspecto del asunto, pero debe quedar enunciado, para que no se confunda, como regularmente ocurre, a los auténticos cuerpos intermedios con los que son meros factores de poder.

[5] Pío XI, Quadragesimo Anno, nº 79. La Iglesia ha hecho del principio de subsidiariedad uno de los pilares de su doctrina social. El Concilio Vaticano II, por ejemplo, señalará que los gobernantes deben cuidar de “no entorpecer a las asociaciones familiares, sociales o culturales, los cuerpos o las instituciones intermedias, y de no privarlos de su legítima y constructiva acción, que más bien deben promover con libertad y de manera ordenada. Los ciudadanos, por su parte, individual o colectivamente, eviten atribuir a la autoridad política todo poder excesivo, y no pidan al Estado de manera inoportuna ventajas o favores excesivos, con riesgo de disminuir la responsabilidad de las personas, de las familias y de las agrupaciones sociales.” (Gaudium et Spes, nº 75). Conceptos similares y muy enérgicos se pueden encontrar, por ejemplo, en Pacem in Terris (nº 24) de Juan XXIII y en Centesimus Annus (nº 48) de Juan Pablo II.

[6] De aquí en más pueden consultarse con ventaja a Johannes Messner, Ética social política y económica a la luz del derecho natural, Madrid, RIALP, 1967, esp. pág. 331 y ss.; Michel Creuzet, Los cuerpos intermedios, Buenos Aires, Ediciones del Cruzamante, 1979, esp. pág. 71 y ss.; Bernardino Montejano, El bien común nacional y la región en un sano federalismo, en Curso de Derecho Natural, Buenos Aires, LexisNexis, 2005, pág. 245 y ss.; Joseph Höffner, Manual de Doctrina Social Cristiana, Madrid, RIALP, 1983, pág. 51 y ss.; Robert Spaemann, Ética, Política y Cristianismo, Madrid, Palabra, 2007, pág. 59 y ss.; Juan Antonio Widow, El hombre, animal político, Buenos Aires, APC y Nueva Hispanidad, 2002, pág. 162; Gustave Thibon y Henri de Lovinfosse, Solución social, Madrid, Magisterio Español, 1977, págs. 55/73; Antonio Millán Puelles, Persona humana y justicia social, Madrid, RIALP, 1982, pág. 135 y ss.; Francesco Gentile, El principio de subsidiariedad como reapertura de una pedagogía del derecho natural, en El Derecho Natural Hispánico – Actas de las II Jornadas Hispánicas de Derecho Natural, Córdoba (España), Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2001, pág. 285; Miguel Ayuso Torres, ¿Después del Leviatán? Sobre el Estado y su signo, Madrid, Dykinson, 1998, págs. 145/169.

[7] Richard Rosencrance, The Virtual State, Foreign Affairs, julio-agosto 1996, pág. 45.

[8] Pensar el futuro, aún el más próximo, aparenta ser una tarea imposible para los argentinos.

[9] Es lícito dudar, sin embargo, de que una campaña en pro de que el Estado haga tan sólo lo que debe hacer traiga votos suficientes.

[10] La aclaración puede parecer innecesaria por demasiado obvia, pero la realidad que vivimos parece reclamar que se precise que ese margen de libertad no debe ser confundido con la legitimación de la acción directa traducida en escraches y cortes de calles o caminos, como medio para obtener ventajas económicas o políticas.

[11] Discurso pronunciado el  19/10/95 en las Terceras Jornadas Nacionales sobre Ética y Economía organizadas por el Centro de Investigaciones de Ética Social y publicado en Estabilidad, crecimiento y desarrollo-Hacia una idea de Argentina, Buenos Aires, CIES, 1996, pág. 101.

[12] ¿Justicia o venganza?, Declaración del Instituto de Filosofía Práctica, Buenos Aires, 30/12/2008.

[13] Ídem y cfr. también Acerca de la función de legislar, Declaración del Instituto de Filosofía Práctica, Buenos Aires, 1/7/2008.

[14] Cit. por Gustavo J. Franceschi, Comentario a la Alocución de S.S. Pío XII Benignitas et Humanitas, Buenos Aires, Difusión, 1945, págs. 81/82.

[15] Pío XII, Con Sempre, nº 6.

[16]  Juan Vallet de Goytisolo, El tejido social y su contextura, en Anales de la Fundación Francisco Elías de Tejada, año VI/2000, Madrid, pág. 137.

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