La solución a los holdouts en un clima político más difícil. Por Rosendo Fraga.

La misma semana que el gobierno logra resolver con éxito un tema económico crucial como es el de los holdouts, enfrenta una situación política más compleja en lo interno. Es que converge en abril la inflación mensual más alta desde el año 2002, con el fin del período de «luna de miel», que acompaña a los nuevos gobiernos en sus primeros meses. La encuesta de confianza del consumidor de la Universidad Di Tella muestra que en abril ha bajado 10,3 puntos respecto a marzo y 18,3 en comparación con el mismo mes de 2015. Coincidentemente, la encuesta de Managment&Fit publicada por Clarín el domingo 24 de abril informa que la imagen favorable de Macri está en 42%, 9 puntos menos que al cumplir los cien días de gobierno, el pasado 19 de marzo. Macri ha reaccionado tomando una serie de medidas para atenuar el ajuste en los sectores de menores ingresos, convocando al sector empresario para que contribuya a frenar la inflación y acelerar inversiones y buscando instalar un mensaje positivo, utilizando para ello el concepto de felicidad. Al mismo tiempo, ante la posibilidad que el Congreso sancione la «emergencia ocupacional», que impide los despidos duplicando la indemnización para ello, anunció que vetará la iniciativa.

En el plano político enfrenta un Congreso más difícil y el retorno de Cristina, si bien puede beneficiarlo en los sectores anti-kirchneristas, radicaliza las posturas del Peronismo frente al gobierno. En el Senado, las comisiones de Legislación Laboral y Presupuesto y Hacienda dieron dictamen favorable al proyecto impulsado por las centrales sindicales y los bloques opositores, para establecer la doble indemnización por despido los próximos 180 días. El proyecto podría tener media sanción el 27 de abril, día en el cual también puede tratarse el proyecto para que sea necesario que el Congreso autorice el endeudamiento del gobierno nacional. En la cámara alta entró el proyecto del senador Adolfo Rodríguez Sáa, para elevar la cantidad de miembros de la Corte de 5 a 9, postergándose el tratamiento de los candidatos propuestos por el oficialismo. En diputados, una versión más dura de la emergencia ocupacional -la establece durante 22 meses entre el 1 de marzo de 2016 y el 1 de enero de 2018- tiene dictamen pero sólo de la Comisión de Legislación Laboral. El bloque liderado por Massa, que en el Senado apoyó el proyecto, en diputados presentaría uno alternativo que permitiría al oficialismo impedir la aprobación de la emergencia ocupacional, sin pagar el costo político de usar el veto. Cristina por su parte tuvo una intensa actividad política durante la semana: recibió a 51 de los 55 intendentes bonaerenses del FPV, su éxito político más importante tras el retorno; se reunió con intelectuales, artistas y científicos kirchneristas, con los movimientos sociales y los sacerdotes del Movimiento «Opción por los pobres» y logró encontrarse con 22 de los 42 senadores peronistas. El fin de semana, el PJ bonaerense se reunió decidiendo apoyar el «Frente Ciudadano» que ella propone, pero al mismo tiempo se dividió el bloque de diputados bonaerenses, quedando 23 alineados con el Kirchnerismo y 13 con el Peronismo. Eludió convocar a los gobernadores, consciente de que hubiera fracasado en este intento.

Pero es en el campo social donde el gobierno trata de moverse con celeridad, consciente de que la situación es crítica en los sectores «vulnerables».  La mitad de la población económicamente activa (integrada por 18.000 millones), esta formalizada, ya sea como trabajador en relación de dependencia o monotributista y pueden ser definidos con el concepto de «incluidos». La otra mitad son informales: trabajadores en negro, desempleados y quienes reciben subsidios como la Asignación Universal por Hijo (AUH).  Un tercio de esta mitad se considera «vulnerable» por sus bajos ingresos que frente a los golpes inflacionarios, como el que tiene lugar en este mes, están en situación crítica. A este segmento, se agregan los jubilados que cobran la minima  y los pensionados que tienen un ingreso menor a ella. Frente a la demora en la ejecución de medidas como la devolución del IVA a los alimentos y la extensión de la tarifa social, el gobierno daría a estos sectores un pago excepcional de 500 pesos a fin de abril. El epicentro de la tensión social es el Gran Buenos Aires. La situación de la policía bonaerense es de tensión y reclamo y  por eso la Gobernadora en estos días, tras aumentar 25% los salarios, anunció una inversión de 1.600 millones de pesos para su reequipamiento. Las cinco centrales sindicales se reunieron a comienzos de la semana pasada con la Comisión de Pastoral Social del Episcopado y el próximo viernes realizan una movilización en apoyo de sus reclamos: emergencia ocupacional, cambio escala del impuesto a las ganancias, etc. tomando distancia del gobierno, pero sin convocar medidas de fuerza por ahora.

Las investigaciones judiciales por corrupción centradas en el Kirchnerismo se extienden en varias direcciones. En las 6 causas que tiene Cristina en la justicia federal, las dos que lleva el juez Bonadío son las que muestran más actividad, al definir esta semana la Cámara Federal si lo confirma en la del dólar futuro y recupera el magistrado las pruebas que secuestrara en Río Gallegos y Calafate en la causa Hotesur. Las investigaciones sobre los empresarios kirchneristas Lázaro Báez y Cristóbal López avanzan complicando al ex titular de la AFIP (Echegaray), que de ser procesado podría ser relevado de la Auditoría General de Gobierno, decisión que es tomada por los presidentes de las dos cámaras del Congreso. El Fiscal de Estado de Jujuy, ha denunciado que Milagros Sala entregaba dinero desviado de la construcción de viviendas a Máximo Kirchner. Esta semana vuelve a declarar en la justicia federal el ex ministro Julio De Vido, citado ya para una tercera causa. La Unidad de Investigación Financiera (UIF), avanza con información de los Panamá Papers, en seguir la «ruta del dinero K», mediante el Fideicomiso Aldyne domiciliado en las Sheylles, titular de 123 sociedades en Nevada (EE.UU.). Pero las investigaciones también están alcanzando al PRO. Mientras el Fiscal Delgado investiga los alcances del rol del Presidente en empresas offshore, abre una investigación por lavado contra la subdirectora de la AFI (ex SIDE); el Juez Casanello concentra la investigación sobre Macri, agregando la denuncia recibida por el Procelac, contra su ex Secretario de Hacienda en la Ciudad (Grindetti) y la emisión de bonos de ella en 2010. En su defensa en la causa del dólar futuro, la ex Presidente acusa a los actuales funcionarios que lo compararon desde el sector privado, entre los que se cuentan dos secretarios de estado de la Jefatura de Gabinete.

En conclusión: la misma semana que el gobierno termina de solucionar un problema central como los holdouts, enfrenta una situación política interna más compleja, que se manifiesta en la disminución de su imagen; el Congreso es un ámbito más difícil, con el Senado aprobando la “emergencia ocupacional” y un proyecto de Massa neutralizándolo, cuando el Peronismo avanza en ampliar la cantidad de miembros de la Corte; los sindicatos realizan el 29 de abril su primera movilización en apoyo de sus reclamos, pero son las medidas sociales urgentes para atenuar los efectos de la inflación en los sectores “vulnerables” la prioridad del gobierno y la justicia avanza en las causas de corrupción del Kirchnerismo en diversos casos y ámbitos, pero también las denuncias están alcanzando al PRO, planteando el interrogante si no puede surgir una situación como la de Brasil.

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