Sáb. Sep 26th, 2020

Prensa Republicana

Con las ideas derechas

La sensatez y el descaro. Por Vicente Massot

Cecilia Todesca expresó el fin de semana pasado una verdad redonda, contundente. En unas declaraciones que a nadie le pasaron desapercibidas, se sinceró dando de lado las medias tintas y los pronósticos políticamente correctos. Algo poco común en un gobierno que, hasta el momento, ha obrado en materia económica imitando las prácticas del avestruz. Sostener, sin que le temblara la voz, la gravedad de la crisis, y anunciar el empeoramiento del
índice de inflación, del nivel de empleo y de la situación de las empresas en los días por venir, ha representado la primera muestra seria de realismo que se le conoce a la administración de Alberto Fernández. Claro que nadie sabe el calado de su poder dentro del gabinete de Martin Guzmán o la importancia de sus galones a la hora de hacerse escuchar entre sus pares. Porque bien podría suceder que las suyas hayan sido las expresiones de una suerte de francotiradora y nada más.

Como quiera que fuese, su voz no resultó la única que trasparentó sensatez en el curso de la semana. Desde fuera del ámbito público, pero —al mismo tiempo— con la importancia propia de haber sido viceministro de Cristina Kirchner hasta diciembre del año 2015, en la edición de Clarín del lunes se publicó un reportaje impecable en términos del análisis del actual contexto económico y de lo que debería hacerse cuando la cuarentena llegue a su fin. Si el citado diario hubiese olvidado dar el nombre del entrevistado, hubiera sido difícil imaginar que se trataba de Emmanuel Álvarez Agis. Comparado con el artículo del periodista Alfredo Zaiat en Página 12 —elogiado con estridencia por la vicepresidente—, la sinceridad de la vicejefa del equipo de Guzmán y del economista que, en su momento, secundara a Axel Kicillof en la cartera de Hacienda, ponen al descubierto que existen personas en el universo kirchnerista conscientes de dónde estamos parados y de las enormes dificultades que enfrentaremos.

¿Esa lucidez anida, de igual manera, en el jefe del Estado y en su ministro llegado de Harvard? —Si nos dejáramos llevar por las palabras, no. Y si miramos los hechos, tampoco. La manía de hablar de cualquier cosa, como un sabelotodo, le juega en contra a Alberto Fernández. El problema no es que se vaya de boca, sino que insiste en tropezar con la misma piedra y no se inmuta. En lugar de aprender de la experiencia repite el error en forma contumaz. El motivo que adujo para plantear la estatización de la empresa Vicentin —creer que la gente festejaría en las calles— es de esos que dan vergüenza ajena. En cuanto a la quijotada de reformular el capitalismo junto a Andrés Manuel Lopez Obrador en el preciso momento que éste se abraza a Trump y lo llenaba de elogios, resultó penosa.

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Guzmán, por su lado, en lo único que verdaderamente maneja —la negociación de la deuda— no ha hecho otra cosa más que zapatear fuerte debajo de la mesa, posar de duro y anunciar a los cuatro vientos que no se movería de su oferta, para enseguida retroceder, modificar su posición anterior y volver a compadrear. Lo repitió cuatro veces seguidas y en el camino comprometió U$ 15.000 MM que no estaban en el proyecto original.

La semana pasada los fondos Blackrock, Pimco, Templeton y Fidelity rechazaron el esquema de pagos que el gobierno argentino presentó ante la Securities and Exchange Commission de Nueva York. Entre otras razones porque no fue consensuado con ellos. Es decir, faltó diálogo. Más allá de quién tenga la verdad, y de si la verdad existe en materia financiera, lo cierto es que mientras Ecuador resolvió el tema en dos meses, aquí llevamos siete y todavía “el pescado está sin vender”. La opinión unánime es que las cosas se van a arreglar y que se llegara a un acuerdo. Pero da la impresión de que el wishfull thinking se halla a la orden del día. Nadie se anima a pronosticar que el infierno tan temido —un nuevo default— a esta altura no sólo es posible sino también probable.

Claro que, antes de que a semejante escenario deban subirse los funcionarios de esta administración —empezando por Alberto Fernández y Martin Guzmán— y atento a lo que hasta aquí ha sido la estrategia del oficialismo, nada tendría de extraño que —así como hubo una cuarta oferta rechazada— ello dé lugar, después de la primera semana de agosto, a una quinta y que —para no innovar con el libreto ensayado hasta aquí— el jefe del Estado y su ministro anuncien que esa sí será la última vez. Total, en eso de aflojarse los pantalones de a poquito son mandados a hacer.

Por fuera del manejo de la pandemia en clave sanitaria, el gobierno ha ido de tropiezo en tropiezo. El último fue más que eso: le pegó una bofetada a una parte considerable de la sociedad, azorada ante la inminente puesta en libertad de Lázaro Báez. Vayamos por partes. Suponer que el presidente de la Nación o la titular del Ministerio de Justicia llamaron a dos fiscales con el propósito de que procedieran a aliviar la situación del empresario patagónico es disparatado. Nada es tan lineal. Báez se benefició, en parte, por el artículo 210 del Código Procesal Penal —que entró en vigencia en el año 2019—, según el cual los jueces deben resolver en correspondencia con lo que establezcan los fiscales y, en parte, porque los que le tocaron en suerte responden a los lineamientos de Justicia Legítima. Si no hubiesen sido militantes incondicionales de esa agrupación, seguramente uno de los mayores corruptos de la historia argentina seguiría tras las rejas. Pero Abel Córdoba, el fiscal ante el TOF 4 y Javier de Luca, su similar ante la Cámara de Casación, dictaminaron en favor de aquél sin necesidad de recibir instrucciones de sus superiores políticos.

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El kirchnerismo es una hermandad, secta o banda —como prefiera denominársela— que en determinadas ocasiones obra a impulsos de órdenes estrictas y en otras actúa de manera automática. Abel Córdoba y Javier de Luca sabían de memoria lo que debían hacer. Como Félix Crous y Alejandro Slokar, para sumar otros dos incondicionales a la lista. En eso no se equivocan nunca. Distinto es el caso que eventualmente podrá beneficiar, a través de una norma, a Cristóbal López. Nadie escribe un proyecto de ley que elimina la prohibición para que las empresas —incluidas las del rubro energético que se encuentra en proceso de quiebra, con causas judiciales abiertas en su contra— puedan acogerse a un plan de pagos y saldar sus deudas con el fisco sin que alguien poderoso se haya ocupado específicamente del asunto. Las casualidades en este orden no existen.

Desde el instante en que Alberto Fernández juró como presidente era predecible que el destino de todos los ex–funcionarios o amigos de Néstor y de Cristina, detenidos por actos de corrupción, seria el de recuperar la libertad. Resultaba, pues, sólo una cuestión de tiempo que el último de esos presos emblemáticos fuera a abandonar su celda a los efectos de refugiarse —con tobillera electrónica y fianza de por medio— en un cómodo country. El área de justicia es de estricta incumbencia de Cristina Fernández. Eso significa, básicamente, una cosa: la sola idea de que la vicepresidente corre algún riesgo de ser condenada —ni hablar de ser detenida— representa un sinsentido. No hay la más mínima posibilidad de que algo por el estilo ocurra. Entre los tiempos eternos de la Justicia criolla y el carácter servil de la amplia mayoría de los jueces federales respecto del poder de turno, el blindaje de la viuda de Kirchner es a prueba de balas.

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