La progresividad fiscal: Una de las mayores perversidades de la historia. Por Alejandro Pablo Marrocco

«El gobierno como un asaltador de caminos dice al hombre: tu dinero o tu vida y la mayoría, si no todos los impuestos, son pagados bajo la amenaza de esa coacción. Pero el asaltador de caminos toma sobre sí la responsabilidad, peligro y delito de su propio acto. No pretende tener ningún derecho sobre tu dinero ni tiene la impudicia de presentarse como un protector. El asaltador de caminos una vez que te ha quitado tu dinero te deja en paz y no te anda siguiendo intentando convencerte de que es tu soberano y que tiene el deber de protegerte». Lysander Spooner

            Ha trascendido en estos días que el Gobierno estaría diseñando un proyecto de modificación en el Impuesto a las Ganancias que contempla la elevación del tramo máximo de la escala para personas humanas al 40%, acentuando así la progresividad de la misma.

            Sin lugar a dudas, la perversidad de los sistemas tributarios no sólo en Argentina, sino, en general, en todos los países del mundo, en la actualidad, en el pasado y previsiblemente también en el futuro, provee material suficiente para escribir volúmenes. La reflexión que encabeza este artículo, escrita en pleno siglo XIX, es suficientemente sugerente e ilustrativa al respecto.  Pero permitámonos al menos reflexionar aquí en forma breve acerca de una de las manifestaciones del latrocinio: el sacrosanto fetiche de la progresividad fiscal.

            A todos los que alguna vez hemos pasado por las aulas universitarias en carreras de Ciencias Económicas o de Derecho nos han pretendido estampar a fuego con carácter de dogma que la progresividad fiscal, o sea, en términos simples, que el que más gana debe pagar más tributos, constituye un principio moralmente bueno y justo y un criterio económicamente eficiente. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos la yerra ha sido exitosa.

            Esta campaña de adoctrinamiento académico resulta concomitante a la que en forma incesante es dirigida al público en general por una caterva de políticos, analistas, burócratas y comunicadores sociales, integrantes de la progresía vernácula y también internacional, quienes pregonan por convencimiento o por conveniencia, pero siempre con fervor religioso, esa verdad revelada.

            En homenaje a la brevedad, me limitaré a analizar la cuestión de la progresividad fiscal desde el punto de vista del impuesto a las ganancias, aunque, “mutatis mutandis”, podrían formularse las mismas reflexiones en lo que respecta a la mayoría de los tributos.

            En nuestro país, al igual que en muchos otros, el impuesto a las ganancias para las personas humanas se determina en función de una escala progresiva por la cual quien más gana más paga, no sólo como resultado de la existencia de mayor base imponible, es decir de mayor ganancia -lo cual hasta cierto punto es inevitable salvo que se establecieran montos fijos de tributación- sino también por la aplicación de una mayor alícuota.

            Así por ejemplo, un sujeto que ha tenido una ganancia anual de un millón de pesos tributará más que el que ha ganado cien mil pesos, no sólo por la diferencia absoluta de ganancias entre ambos, sino también porque a aquel se le aplicará una alícuota mayor.

            En apoyo de la tesitura de la progresividad fiscal se esgrimen los más variados argumentos.

A la cabeza de las explicaciones se ubica el intocable principio de fe consistente en que la redistribución de la riqueza es necesaria y legítima. Así, se asegura que es moralmente bueno y económicamente eficiente extirparle recursos en forma compulsiva a quien más ganancias o bienes tiene para entregárselos a quienes  menos obtienen o poseen. El telón de fondo de esta proposición incuestionable, lo constituye otro insidioso aserto de inspiración colectivista: las necesidades son las que generan los derechos.

El estado, entelequia por definición irreprochable – si funciona mal, siempre es por culpa de funcionarios ineptos o corruptos, no hay nada malo en el estatismo en sí, dicen los apologetas de esta tesis- es quien está a cargo de esta sagrada función.

Y al que se opone en los hechos al dogma de la redistribución de la riqueza resistiéndose, por ejemplo, a pagar impuestos, se lo multa, se lo despoja de sus bienes, en ciertos casos se lo encarcela y Santas Pascuas. Este triple castigo es, obviamente, consagrado por vía normativa, con lo cual se busca dotarlo de indiscutible legitimidad procurando homologar lo legal con lo justo.

Pero también hay palos para los que  pagamos  puntual y estrictamente los tributos y así también lo asesoramos a terceros sin convicción moral ni intelectual alguna, por cierto, pero sin otra alternativa, compelidos y motivados únicamente por la coacción de la norma positiva. Ello sucede cuando nos atrevemos a cuestionar en público o en privado la verdad revelada de las bondades de redistribuir riqueza. O sea, para quienes no  nos resignamos a la violencia a la que el estado – en definitiva, un conjunto de gobernantes elegidos o no y de burócratas más o menos crónicos – nos somete a diario. Invariablemente somos anatematizados, cuanto menos, como egoístas y desaprensivos.

No es que estos epítetos importen demasiado, pero en honor a la paradoja y sin siquiera necesidad de entrar a analizar filosófica, psicológica o económicamente las bondades o maldades del egoísmo, no podemos evitar preguntarnos quién es en realidad más egoísta: el que se resiste a que lo despojen compulsivamente del fruto de su trabajo, de su iniciativa empresarial y del producido de su capital o, por el contrario, el que no siendo capaz ni intentando valerse por sí mismo pretende que otro lo mantenga en forma permanente y obligatoria apelando al tranquilizador opiáceo mental de la redistribución de la riqueza, para la cual la progresividad fiscal constituye una herramienta operativa imprescindible.

 Obviamente no nos estamos refiriendo aquí a casos excepcionales de minusvalía o imposibilidad de auto-sustento, sino a la generalidad de las situaciones que se reproducen en casi todo el planeta, sustentadas en las falacias del socialismo, difusión gramsciana mediante.

 En suma, como lo ha sugerido Hayek, es posible que algo similar a la redistribución de la riqueza encuentre alguna explicación o justificación evolutiva, con sus orígenes en la época del cavernícola. Entonces era necesario que todos salieran a cazar para poder dar alcance a la presa y en consecuencia era útil que todos pudieran alimentarse con un trozo de carne a fin de volver a salir a cazar. Pero han pasado millones de años desde tales tiempos y sujetarnos en el siglo XXI en forma consciente o inconsciente al atavismo instintivo de la horda  reduciendo a los individuos a servidumbre fiscal, se vislumbra como una condición cuanto menos psicótica.

Ya desde el punto de vista económico, la progresividad fiscal se procura justificar en la supuesta utilidad decreciente que tendría cada unidad monetaria adicional ganada en el bolsillo de una persona con mayores recursos, con respecto a la que tendría para alguien con menores recursos.

Esta idea carece claramente del más mínimo rigor, porque las utilidades atribuibles a cualquier bien son claramente subjetivas y funcionalmente incomparables entre distintas personas. Pretender conocerlas y determinarlas desde afuera no sólo es imposible, sino incluso, peligrosamente autoritario. Ello así, ya que el estado, un gobernante o un funcionario no pueden ni deben atribuirse la prerrogativa de imponer cuánto vale una unidad monetaria para cada persona.

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 En el fondo, este pseudo-fundamento abreva en la denominada “teoría objetiva del valor”, de raigambre marxista, la cual fue defenestrada por absurda hace ya más de cien años por los primeros economistas de la escuela austríaca.

Es que aún en la hipótesis de que para un determinado individuo cada unidad monetaria adicional agregada a su bolsillo reporta menos utilidad que la anterior, esto no significa que cualquiera de esas unidades monetarias tenga objetivamente mayor o menor valor o utilidad que las que agregue a su patrimonio una persona de menores recursos. El concepto de utilidad marginal decreciente es siempre personal, o sea únicamente predicable con respecto al mismo individuo, pero no inter-subjetivo. En consecuencia, no es idóneo para efectuar comparaciones o juicios de valor que involucren a dos o más personas. En suma, mal podría servir para avalar la progresividad fiscal.

Un ejemplo basta para ilustrar lo dicho: ¿Con qué criterio podría alguien sostener que cada dólar adicional agregado al patrimonio de Bill Gates tiene objetivamente para él menor utilidad o valor que cada dólar adicional agregado al patrimonio de John Smith? O al revés. Las utilidades y las valoraciones siempre son subjetivas. Realmente suena ridículo, si no fuera directamente indignante, que un funcionario elegido o no, o un burócrata se arroguen la facultad de establecer una escala objetiva de comparación entre utilidades marginales o valoraciones económicas de dos o más individuos.

Por otra parte, más bien es razonable pensar que el dólar adicional agregado al patrimonio de Gates, o sea ese dólar que no le ha sido arrebatado por parte del estado con la loable intención de entregárselo a John Smith, tiene un altísimo potencial de creación de riqueza a través de la inversión y la iniciativa empresarial. Yendo un paso más allá, hasta sería perfectamente posible hipotetizar que ese dólar de Gates contribuirá decisivamente a que Smith pueda agregar un dólar a su patrimonio en el futuro, más que a la inversa.

En conclusión, pretender fundamentar la progresividad fiscal en el concepto de utilidad marginal decreciente hace agua por todos los costados. Echar mano de esta explicación no hace más que poner en blanco sobre negro que quienes la esgrimen padecen un prejuicio ideológico: está bien sacarle a Gates a la fuerza para darle a Smith, porque Smith no pudo, no supo o no quiso ganar lo que ganó Gates.

En nuestra tesis, no existe justificación moral alguna en imponer una carga fiscal más gravosa por vía de una mayor alícuota a quien más gane.

 El principio de progresividad fiscal en el fondo no pasa de constituir la legitimación de la rapiña sobre quien más valor crea en el medio en el cual se desempeña. Esto es así ya que habitualmente y dejando de lado supuestos de criminalidad y exotismos inevitables en cualquier cultura, quien más ganancias obtiene es quien mayor valor genera. O al menos esto es así percibido por su entorno, el cual, justamente por tal motivo, se lo retribuye en mayor cuantía.

En pocas palabras, someter a imposición fiscal más gravosa a quien más gana ha constituido en la historia de la humanidad una de las más eficientes armas de destrucción masiva de  riqueza, no  ya solamente del sujeto sometido a la exacción sino de todo el sistema social.

 Para peor, el despojo al que se hace referencia no importa sólo expoliación material, sino liso y llano vampirismo de retazos de vida. Huelga recordar que como norma, la generación de riqueza requiere esfuerzo, tesón, postergación de satisfacciones, reducción del tiempo libre disponible, frustraciones soportadas,  sometimiento a situaciones estresantes y una miríada de privaciones.

Piénsese al respecto que quien en Argentina tributa en forma íntegra y puntual debe destinar entre siete y ocho meses completos de sus ingresos para cumplir con la imposición fiscal nacional, provincial y municipal y con las cargas sociales que salen de su bolsillo. En otros términos, debe trabajar desde enero hasta agosto para el Fisco. Por cierto, las prerrogativas del señor feudal sobre el siervo de la gleba empalidecen ante tamaño dislate. Lógicamente, ceteris paribus, la progresividad fiscal agrava esta situación en perjuicio del que más gana.

En forma complementaria a lo señalado, la progresividad fiscal implica castigar a quien más se esfuerza para generar riqueza, incentivando como contrapartida el conformismo y la irresponsabilidad – “total, los que más ganan tienen obligación de mantenerme”-

Desde otro ángulo, dicha progresividad se refuta al considerar que la detracción de recursos – en este caso no sólo al que más valor crea, sino a cualquier individuo-  para pasar a ser administrados por el estado, es decir, una vez más, por un conjunto de gobernantes, funcionarios y burócratas mantenidos por los propios sujetos víctimas de la exacción,  determina, por lo general, una mala asignación de los mismos.

La decisión e iniciativa individual para la asignación de los propios recursos es por lo general y por lejos, mucho mejor que la que puede realizar un planificador central. Esto aunque más no sea por el simple hecho de que el que los obtuvo conoce de primera mano cuáles son sus necesidades, cuánto esfuerzo le exigió conseguirlos y cómo es la mejor manera de emplear los excedentes en el futuro, sea derivándolos a ahorro, sea  a inversión, sea  a consumo.

Adicionalmente, existe otro argumento que, al menos en nuestro país, debería bastar para desbaratar la progresividad fiscal: el principio de igualdad como base del impuesto, consagrado en el artículo 16 de la Constitución Nacional.

Alguien podría sostener que la escala fiscal progresiva satisface el principio de igualdad porque a todos los individuos que se encuentran en el mismo tramo se les aplica la misma alícuota.

Este argumento constituye, claramente, una falacia, cuando no una hipocresía. Quienes nos desempeñamos en la práctica del Derecho sabemos muy bien que siempre es posible justificar la inexistencia de desigualdad o el respeto a la igualdad introduciendo variables adicionales en el análisis para crear así categorías tan restringidas como se desee. Hecho esto, es  muy sencillo argumentar que a todos los individuos incluidos en una misma categoría se les dispensa el mismo tratamiento.

Sin ir más lejos, en materia fiscal un ejemplo clarísimo y no menos grosero de esta circunstancia lo constituye el tratamiento diferencial y claramente discriminatorio que se le otorga en cuanto a la deducción especial en impuesto a las ganancias – inciso c) artículo 23 de la Ley – al profesional que se desempeña en forma autónoma, con respecto a aquel que con el mismo título realiza la misma tarea pero en relación de dependencia.

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En el primer caso, o sea en el supuesto del profesional independiente, la mentada deducción en términos anuales asciende a la fecha a $ 42.318. En el segundo, a $ 203.126,40, o sea un 380% más.

 ¿Cuál es el fundamento lógico o racional de esta distinción? Ninguno. El que existe es meramente cultural: en nuestro país el imaginario colectivo promedio valora más al dependiente – al fin y al cabo éste es “un laburante”- que al independiente – “un cuentapropista”- y, dicho sea de paso, también que al empresario- “un explotador”-. Y sobre la base de esta discriminación puramente ideológica se crean dos categorías con efectos fiscales diferentes para situaciones sustancialmente análogas. Obviamente que se dispensa el mismo tratamiento a todos los profesionales dependientes entre sí y a todos los profesionales independientes entre sí, pero esto no subsana la violación del principio de igualdad, porque el criterio con el cual se pergeñó legislativamente cada categoría es irrazonable al límite de lo absurdo.

Es que en el extremo siempre es posible introducir tantas variables adicionales como se desee – edad, sexo, nivel educativo, nacionalidad, residencia, o cualquier otra aparentemente racional o incluso hasta alguna descabellada-  para encoger al mínimo el universo de sujetos incluidos en una categoría, a fin de eludir o de restringir a través de este sencillo artilugio la plena virtud  del principio de igualdad.

Llegados a este punto es preciso ofrecer soluciones alternativas a la progresividad fiscal.

Desde luego, que la solución de fondo es ir avanzando sin pausa hacia una disminución drástica del tamaño y de las funciones del estado. Las mismas, a lo sumo, deberían  limitarse a las que tuvo en nuestro país en la época más próspera y brillante de su historia: seguridad, defensa, administración de justicia, educación y poco más. Y esto en la medida en que los privados no puedan desarrollar eficiente o regularmente esas actividades.

En este marco de estado mínimo, las cargas tributarias también deberían ser mínimas y fundamentalmente basadas en tasas retributivas de servicios, no en impuestos. Estos últimos siempre son, por definición, de asignación discrecional por parte de los funcionarios y burócratas y, para peor, no tienen correlación directa alguna con los servicios que supuestamente presta el estado, lo cual genera un caldo de cultivo ideal para la septicemia no sólo de la corrupción, sino también del populismo e, incluso, del estatismo “honesto”.

Este sistema fiscal inherente al miniarquismo, debe estructurarse, además, sobre la base de montos fijos iguales para todos. Y si esto no fuera posible, al menos deberían aplicarse alícuotas muy reducidas e iguales para todos, en función del denominado principio del “Flat Tax”[1].

Pero es claro que hasta que pueda llegarse a ese estadio, primero será menester salir de la terapia intensiva a la que el estatismo y el socialismo han sujetado a los habitantes de la Nación desde hace por lo menos setenta años.

Durante todo este tiempo muchas personas que hoy viven y otras tantas que ya han muerto han sido adoctrinadas para hacerles creer – y efectivamente se les ha hecho creer- que son o eran minusválidos funcionales, que nunca podrían valerse por sí mismos, que no es bueno ni conveniente ser autosuficientes y que siempre necesitarían de los funcionarios y de los burócratas, los cuales son intrínsecamente bondadosos, omniscientes y justos. Los lazos sanguíneos entre esta concepción de la vida y la corrupción son obvios e inquietantes.

Como plan para salir de este estado de patológica calamidad espiritual y material y despuntar un círculo virtuoso, debe plantearse una progresiva, tenaz, irreversible y explícita reducción o directamente eliminación de tributos – con taxativo cronograma incluido – e implementar ya mismo un sistema de “Flat Tax”, con alícuotas bajas y decrecientes, a manera de antídoto de todos los vicios morales, jurídicos y económicos consustanciales a la progresividad fiscal.

En este sistema, en lo que respecta al impuesto a las ganancias, se aplicaría la misma alícuota a todos los individuos, independientemente de las utilidades obtenidas.

Han implementado el “Flat Tax” con mucho éxito, entre otros, algunos países de Europa del Este tales como Estonia, Lituania y Letonia, e incluso Rusia, luego de la debacle de la pesadilla comunista.

También, a nivel sub-nacional, utilizan este criterio algunas jurisdicciones estaduales en Estados Unidos de Norteamérica, tales como Illinois, Massachusetts y North Carolina.

El precandidato republicano Ted Cruz, quien fue finalmente vencido en las primarias de ese partido por el impredecible e histriónico Donald Trump, también llevaba en su plataforma de simplificación tributaria la propuesta de “Flat Tax” en cuanto al Federal Income Tax – el equivalente a nuestro Impuesto a las Ganancias- con  una alícuota del 10% para todas las personas humanas y del 16% para las corporaciones, siendo que actualmente, en la administración Obama, las mismas alcanzan hasta el 39,6% y el 35% respectivamente. Esta reducción tributaria se planteaba como un pilar esencial para disparar un crecimiento rápido, sostenido y genuino de la economía norteamericana, azotada actualmente por largos años de dispendiosa, irresponsable  y populista acción gubernamental, lo que ha conducido a dicho país al borde de una nueva crisis de proporciones inimaginables con efectos sistémicos globales, de la que no muchos son conscientes.

Finalmente,  valga la licencia de recordarles a los integrantes de la progresía vernácula e internacional – incluidos políticos, comunicadores sociales, burócratas, empresarios con sentimientos de culpa y biempensantes en general- que si tanto veneran a la redistribución de la riqueza y a la progresividad fiscal, no necesitan de ninguna reforma para materializar su anhelo con su propio patrimonio.

Lo que tendrían que hacer es, simplemente, donar su dinero al Fisco – la AFIP acepta desde óbolos hasta grandes sumas- o con mayor sencillez aún, no computar las deducciones o créditos fiscales que invariablemente incluyen en sus declaraciones juradas para disminuir el impuesto a pagar, ya que las mismas, como va de suyo, no son obligatorias.

Asimismo, como sugerencia no menor, deberían declinar la consciente o inconsciente vocación autoritaria que evidencian al fomentar ideas tendientes a la aplicación de medidas compulsivas sobre quienes no queremos que nos expolien.

Es que como le respondía en un muy divertido video que circula en internet[2] el empresario Grant Cardone al culposo – ¿o taimado?- multimillonario keynesiano Warren Buffett en ocasión de una de las tantas propuestas que éste formuló para elevar los impuestos a las rentas más altas: “Warren, if you`re really feeling a little guilty, write a check”.

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El autor es Abogado y Contador Público. Es titular del Estudio Jurídico Marrocco & Asoc. (www.estudiomarrocco.com.ar) con especialidad en materia tributaria, penal tributaria y delitos económicos. Profesor universitario de grado y posgrado. Ex Director de la carrera de Contador Público y del Posgrado en Contabilidad, Auditoría y Tributación Internacionales  de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

[1] También conocido como  “Hall-Rabushka Flat Tax”, en homenaje a los economistas Robert Hall y Alvin Rabushka, quienes fueron unos de los primeros en conceptualizarlo.

[2]https://www.youtube.com/watch?v=B6BQxLkMCC0

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