Sáb. Dic 5th, 2020

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La organización de la ONU: 75 años. Por Pedro F. Carmona Estanga

Al momento de escribir esta nota, la ONU conmemora los 75 años de su fundación, ocurrida en 1945, tras la culminación de la II Guerra Mundial. Como otras instituciones de la posguerra, surgieron también en lo económico el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el GATT, y poco después, los líderes visionarios de la integración europea sentaron las bases del proyecto de integración más ambicioso de la historia, la actual Unión Europea, con una motivación política aunque con herramientas económicas, para restablecer la confianza, cicatrizar heridas, impulsar un desarrollo articulado, y evitar que pudiera reeditarse la tragedia de dos devastadoras guerras mundiales en menos de medio siglo.

Por su parte, el objetivo de la ONU, plasmado en la Carta de San Francisco, al reemplazar a la Sociedad de las Naciones de 1919, ha sido el de mantener la paz y la seguridad internacionales. La organización, creada por 51 países, cuenta hoy con 193 miembros. Uno de sus primeros logros fue la proclamación en 1948 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DDHH), tan golpeada en décadas posteriores por unas 50 dictaduras existentes en el planeta. La ONU cuenta con siete órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, el Consejo de Administración Fiduciaria, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría General, amén de decenas de programas, fondos, institutos de investigación, capacitación, y comisiones regionales.

En los 75 años de existencia, la ONU ha enfrentado complejas situaciones que han afectado a la paz, entre ellas la continua situación bélica en el Medio Oriente, los conflictos en Sierra Leona, Liberia, Burundi, Sudán, Congo, Ruanda, los Balcanes y el apartheid en Sudáfrica, entre otras. Especial atención le corresponde a la ONU en el tema de los DDHH, en virtud de la Declaración Universal de 1948, así como en los juicios a criminales de guerra en casos como la ex Yugoslavia y Ruanda, o en el acuciante tema de la emigración y los refugiados, asunto tan sensible a nivel global.

Pese a la loable labor que en materia de alimentación, ayuda a la infancia y a refugiados realiza la ONU, o con el papel de la OMS en la grave pandemia del COVID-19, la organización es objeto de críticas por lentitud de sus ejecutorias, burocratización, o altos costos de algunos de sus programas. Pero un problema medular en temas de seguridad mundial tiene que ver con el poder de veto que se arrogaron los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: EE.UU., Reino Unido, Francia, Rusia y China, un derecho anacrónico que es utilizado para proteger sus intereses geopolíticos e impedir la acción primordial de la ONU de salvaguardar la paz, la seguridad internacional y los DDHH. También requieren atención otros aspectos institucionales, como los limitados poderes de la Asamblea General, la falta de precisión de las atribuciones del Secretario General, o desde el punto de vista de desempeño, los sesgos o falta de determinación de algunos de los altos funcionarios que han ocupado dicha posición, sin desmeritar el papel de personajes como Dag Hammarskjöld, U. Thant, Kofi Annan, o el único latinoamericano en tan alto cargo: el peruano Javier Pérez de Cuéllar. El actual Secretario General, el portugués Antonio Guterres, es percibido como acomodaticio ante los graves problemas que confronta la humanidad, aunque se identifica con el tema del cambio climático y las amenazas que se ciernen sobre el planeta, en lo cual está acompañado por la posición del Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si” sobre ecología.

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Es triste constatar cómo existen en el mundo decenas de países bajo regímenes dictatoriales, en los cuales no se garantiza el régimen de libertades y se violan los DDHH. La ONU trata de documentar la alteración de tales derechos en el mundo, pero los informes resultan las más de las veces en saludos a la bandera, ya que cualquier acción para garantizarlos pasa por decisiones del Consejo de Seguridad. Valga al respecto recordar, a raíz de la sensible violación sistemática de los DDHH en Venezuela, tema objeto de mi artículo anterior, que la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH Michelle Bachelet, entregó en julio de 2019 un claro informe, en el cual se documentó la estrategia del régimen venezolano para reprimir y criminalizar a la oposición política; imponer una hegemonía comunicacional; afectar derechos económicos y sociales de la población; adoptar políticas que restringen el espacio democrático y sus instituciones; dar muerte a personas en enfrentamientos con fuerzas estatales en ejecuciones extrajudiciales; impunidad de los violadores de DDHH; éxodo masivo de venezolanos al exterior; tratos crueles e inhumanos a los detenidos; indiferencia de las autoridades para investigar la torturas y malos tratos; y violencia sexual contra mujeres y niñas durante su detención. Lamentablemente, los acuerdos de la ONU con el gobierno de Maduro para corregir esa situación han sido una burla, y se han agravado en los últimos tiempos.

De allí que la Comisión Independiente de Verificación de Hechos de la ONU haya presentado hace tan solo pocos días otro demoledor informe, que confirma las violaciones a los DDHH como políticas de Estado; 53 ejecuciones extrajudiciales y más de 5000 muertes de manos de las fuerzas de seguridad; torturas con humillación sexual, violaciones y maltratos de distinto orden, los cuales son calificados como violaciones flagrantes de los DDHH y delitos de lesa humanidad. Como si fuera poco, la señora Bachelet presentó el pasado 24 de septiembre una actualización de su anterior informe sobre Venezuela, en la cual acusa al régimen de Maduro de ser responsable de la muerte de 2.000 personas entre enero y agosto de 2020, principalmente de jóvenes de barrios marginales, añadiendo su preocupación por las restricciones a la libertad de expresión, la aplicación de la Ley del Odio, ataques a defensores y periodistas, decisiones del Tribunal Supremo de Justicia que obstruyen libertades decretadas por organismos judiciales, así como por los nombramientos del nuevo Consejo Nacional Electoral y el deterioro de la nutrición y salud en el país, concluyendo en la necesidad de que el régimen garantice el espacio cívico y democrático.

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Estas evidencias movieron por primera vez a Juan Guaidó, Presidente Encargado de Venezuela, a solicitar a los Estados Miembros  de la ONU, en alocución virtual durante la presente Asamblea, que asuman la responsabilidad de asistir al gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y definir una estrategia, luego de agotada la vía diplomática, siendo el momento de acciones oportunas y decisivas, y de “alinear los esfuerzos de asistencia internacional para restablecer la soberanía efectiva en Venezuela y proteger a la población civil desarmada, ante la comisión sistemática y reiterada de crímenes de lesa humanidad a manos del régimen dictatorial que usurpa la presidencia de Venezuela”. Y yo me atrevería a agregar, que el genocidio en marcha raya ya con el grave concepto de exterminio de un pueblo, que no debe ser indiferente al mundo.

Lo dicho por Guaidó no es otra cosa que invocar el principio de la “Responsabilidad de Proteger” (R2P), consagrado en 2005, el cual está basado en tres pilares: a) La responsabilidad de cada Estado de proteger a sus poblaciones; b) la responsabilidad de la comunidad internacional de ayudar a los Estados a proteger a sus poblaciones, y c) la responsabilidad de la comunidad internacional de proteger a las poblaciones de un Estado, cuando no esté en capacidad de hacerlo. Tal principio trata de evitar genocidios, como los ocurridos en Serbia y Ruanda, cosa que se reproduce en Venezuela, documentada por la ONU y por informes de organizaciones relacionadas con los DDHH, bajo el entendido de que las naciones tienen el deber de proteger a todas las personas del mundo, indistintamente de su nacionalidad, de ser víctimas de tales crímenes.

Estarían así dadas las premisas para que la ONU active los mecanismos del R2P, aunque este solo pueda iniciarse en los órganos decisorios de la ONU, sea el Consejo de Seguridad o la Asamblea General, lo cual es difícil por la posición de China y Rusia. Pero, como lo expresa el más destacado experto venezolano en temas de la ONU, el ex Embajador Diego Arria, si una comisión de expertos internacionales de la ONU encontró fundamentos suficientes de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, no es el momento para atrincherarse en posiciones de neutralidad acomodaticia. Para Arria, el Consejo de Seguridad no debe confundirse con la ONU, y es el responsable del tema de la paz y la seguridad internacional y, por tanto, más allá de los intereses particulares de sus integrantes, debe responder a las atribuciones fundamentales que le asigna la Carta de la ONU.

En momentos en que la ONU conmemora su 75 aniversario, el organismo debe demostrar que es capaz de jugar un papel clave en el restablecimiento de los DDHH en Venezuela ante la comisión de delitos de lesa humanidad, y de garantizar la paz en la región, amenazada como está por el régimen tiránico gobernante, con la connivencia del narcoterrorismo, el crimen organizado, y el apoyo que brinda a planes desestabilizadores en contra de las democracias constitucionales en la región.

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