Sáb. Dic 5th, 2020

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La nuevas disputas en torno a los espacios sin soberanía. Por Rosendo Fraga.

Aunque el valor del petróleo es el más bajo en más de una década, el interés por los recursos naturales no disminuye en el largo plazo y las «islas artificiales» son un ejemplo al respecto. Uno de los conflictos estratégicos más sensibles es el que se desarrolla en torno a los mares de China. En su mar oriental tiene una disputa con Japón por la soberanía sobre un archipiélago de islas que están deshabitadas. Pero las islas permiten proyectar y ejercer soberanía sobre el lecho del mar, cada vez más rico en recursos naturales -incluidos gas y petróleo-, a medida que los avances tecnológicos van permitiendo detectarlos. En su mar del sur mantiene conflictos con Vietnam, Filipinas y otros países por la soberanía del lecho marítimo, en un área donde ya ha sido detectado gas y petróleo. La innovación es que China está construyendo «islas artificiales» desde las cuales fundamenta su reclamo de soberanía sobre el mar y su subsuelo. A fines de 2015 inauguró una pista de aterrizaje en una de estas islas artificiales, a las que va dotando de población permanente para reforzar el reclamo de soberanía. La realidad es que la «nacionalización» del espacio marítimo se ha ido ampliando: de las 3 millas se pasó a las 200 y luego las 312, y la tendencia es a que este límite se amplíe a medida que el lecho del mar va adquiriendo valor económico. Así como la soberanía ha ocupado la casi totalidad de los espacios terrestres, lo ha hecho sobre sólo una parte menor de los espacios marítimos, que ocupan la mayor parte de la tierra.

El Ártico muestra un caso concreto de la ampliación de la soberanía sobre espacios marítimos. Desde fines del siglo XX comenzó a plantearse la posibilidad de explotación de recursos naturales -en concreto gas y petróleo- en el lecho del Océano Ártico. Los cálculos del Instituto Geológico estadounidense a fines de la década pasada sostenían que en el lecho del Ártico se encontraba el 13% del petróleo y el 30% del gas del mundo. Seis países reclaman soberanía sobre el mismo: EEUU, Canadá, Noruega, Dinamarca, Groenlandia y Rusia (estos fueron los últimos en hacerlo, cuando un explorador  submarino ruso en el año 2008 plantó en lecho marítimo en la Sierra de Lomonosov la bandera de su país como manifestación de soberanía). El Consejo del Ártico, integrado por varias decenas de países que buscan mantener bajo jurisdicción internacional el Ártico, se opuso, pero desde entonces los países mencionados, en base a un acuerdo entre ellos, han comenzado a ejercer actos de soberanía política y económica, como establecer bases y realizar ejercicios militares y estudios de prospección energética. El deshielo y la tecnología han hecho que pueda explotarse lo que antes no se  podía, aunque los bajos precios de las materias primas en el corto plazo no dan viabilidad económica a su explotación. En este caso, que las dos potencias militares más importantes hayan sido parte de esta decisión fáctica en contra de la comunidad internacional la ha hecho posible.

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El futuro de la Antártida es otro ejemplo del posible avance de la soberanía sobre los espacios no ocupados. Reclaman soberanía sobre ella tres países Europeos (Reino Unido, Francia y Noruega), dos de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) y dos de América Latina (Argentina y Chile).  Hay un solo país que reclama soberanía al mismo tiempo en el Ártico y la Antártida: Noruega. El Tratado Antártico suscrito por medio centenar países -incluidos los siete mencionados- a fines de la década del cincuenta del siglo XX establece que los países que reclaman soberanía postergan hasta 2048 su ejercicio, aunque sin renunciar a ello, y obliga además a que el llamado «continente blanco» sólo pueda ser pasible de uso científico. Los estudios sobre los recursos naturales de la Antártida a medida que avanza la ciencia y la tecnología, muestran que sus recursos mineros y energéticos son mayores que los del Ártico. Mientras los territorios del Polo Sur son más extensos que los del Polo Norte, los primeros viven una suerte de internacionalización. Pero nadie sabe que sucederá exactamente con la soberanía cuando venza el Tratado a mediados del siglo XXI, dentro de 32 años. A medida que se acerca esa fecha, potencias como EEUU, China y Rusia están incrementando su actividad en esta parte del mundo, abriendo bases cada vez más grandes, aumentando sus dotaciones y haciendo sus misiones más frecuentes, las que por lo general realizan por medio de sus Fuerzas Armadas. Los tres países mencionados son las tres primeras potencias militares del mundo y no tienen reclamo soberano sobre el espacio antártico terrestre o marítimo. Pero de los que reclaman, tres son miembros de la OTAN (Reino Unido, Francia y Noruega) y los dos de Oceanía (Australia y Nueva Zelanda) son aliados militares de EEUU.

La Administración Obama sancionó una ley por la cual se reconoce la propiedad en el espacio, así como su explotación económica. La «Space Act» establece que todo objeto encontrado en los asteroides o la luna por un ciudadano o empresa estadounidense le pertenece y tiene el derecho de propiedad sobre ella. A fines de 2015 la Administración Obama quebró así el consenso general de que el espacio es de la humanidad y que sólo puede ser pasible de investigación y uso científico. Hasta ahora, la exploración espacial había estado vinculada al prestigio de los países y eventualmente a intereses de defensa y seguridad. Pero ahora se abre una nueva etapa en la cual la explotación económica de materias primas conocidas o desconocidas en la tierra pasa a tener el reconocimiento jurídico del país con mayor capacidad de exploración espacial. En 2012 se fundó la empresa «Deep Space Industry» (DSI) en los EEUU, con el objeto de explotar económicamente el espacio (pensando inicialmente en la minería). Sus voceros han señalado que esta norma les facilitará captar inversores para sus proyectos, al darles «seguridad jurídica»: ya piensan en el oro, níquel, hierro y platino que podrían ser utilizados en sistemas anti-polución. Las primeras misiones de prospección se iniciarán entre 2017 y 2019, aunque la recolección recién comenzaría a partir del 2020. Se tienen como base de estos proyectos los 1500 asteroides registrados por la NASA, el 10% de los cuales tendrían minerales. La otra empresa estadounidense que está trabajando en el tema «Planetary Resources» informó que de acuerdo a sus estudios, la explotación del «oro espacial» podría dejar en los próximos 15 años una ganancia de 3.000 millones de dólares, pero reconocen que será necesario que otros países del mundo se sumen a esta decisión de EEUU para que se amplié la «seguridad jurídica». En el largo plazo, la idea es pasar de la explotación de los asteroides a la luna, y de esta a los planetas. La ley ha sido aprobada por el Congreso y sólo contempla reconocer la propiedad de los recursos que se extraigan, no la soberanía sobre los «territorios espaciales». La propiedad sin soberanía que la sustente es un camino a experimentar que no resultará sencillo.

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En conclusión: los conflictos de soberanía en los mares de China y la construcción de islas artificiales por este país para potenciar sus reclamos, muestran la extensión de los reclamos nacionales sobre los espacios marítimos; el ejercicio de soberanía sobre el Ártico por parte de los seis países con costa sobre del mismo que no tienen aval de la comunidad internacional, confirma la ampliación fáctica del mismo, impulsada por el interés económico; aunque los reclamos de soberanía sobre la Antártida están en suspenso hasta 2048, es creciente el interés de las grandes potencias por ampliar su presencia y actividad en el “continente blanco”; por último, la “Space Act” aprobada por el Congreso de EEUU a fines de 2015 que reconoce la propiedad sobre lo que se explote en el espacio puede anticipar el ejercicio de la soberanía sobre el mismo.

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