La hora de las negociaciones. Por Vicente Massot

Cada etapa de un gobierno —cualquiera que éste sea— tiene una determinada característica. Algo que la identifica y define. Hay, pues, momentos en que prima la administración de las cosas y otros en donde el lugar de privilegio lo tiene el ajuste de la economía. Existen momentos de lucha, informados de principio a fin por la discordia, y momentos de armonía. El capítulo que ha dado inicio inmediatamente después de que se substanciaran las elecciones —con los resultados de todos conocidos— es el de la negociación.

Nadie hoy en la Argentina está en condiciones de imponer su voluntad a como dé lugar. Ninguna de las personalidades de mayor calado de la política criolla reivindica para sí, con éxito, la suficiente fuerza como para prescindir del resto. En un pasado bien reciente esto no fue cierto. El kirchnerismo estuvo en condiciones de reducir al arco opositor a su mínima expresión y moldear el país como se le antojaba al matrimonio que nos gobernó por espacio de doce años. Pero esos tiempos pasaron. Ahora, todo cambio de consideración —sea de índole previsional, laboral, impositivo, educativo o judicial— debe ser consensuado.

Como es de público conocimiento, en el mundo de la política el antónimo del diktat es la negociación. Sentarse alrededor de una mesa, con el propósito específico de llegar a un acuerdo es lo contrario de dar una orden de cumplimiento estricto a quienes piensan distinto. Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto, María Eugenia Vidal y Sergio Massa, Mario Negri y Omar Perotti, Miguel Acevedo y Guillermo Pereyra —para citar sólo a algunos de los que hoy ocupan cargos de la mayor importancia entre nosotros— están convencidos de que, sin bajarse de sus convicciones, es posible conciliar posiciones respecto de muchas de las asignaturas pendientes que tenemos los argentinos.

El primer dato llamativo, en una nación cruzada por antagonismos que vienen de lejos y nos han costado tan caro, es la convicción del gobierno y de las diversas islas opositoras —excepción hecha de la kirchnerista— de que es menester dialogar con una agenda que incluya las inquietudes de todas las partes intervinientes; y, además, sin rencores. El espacio que se ha abierto al debate no es inédito, pero hay que hacer memoria para hallar en la historia de los últimos setenta años un consenso tan amplio de las minorías dirigentes en punto a la importancia de discutir sin ceder a los agravios y las chicanas.

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Hasta aquí, toda vez que el peronismo salía derrotado de una elección presidencial sus acólitos se dedicaban a hacerle la vida imposible al gobierno entrante. Hubiera sido inimaginable que Raúl Alfonsín o Fernando De la Rúa hubiesen podido tejer una alianza tácita de confianza y buena voluntad como la que existe entre el actual presidente y el jefe de la bancada justicialista en la cámara alta del Congreso de la Nación. En este orden de realidades, el cambio que se ha obrado es de una envergadura desconocida, en atención a que no parece reducido a unos pocos dirigentes y funcionarios, sino a buena parte de los factores de poder de la Argentina.

El eje meridiano alrededor del cual giran todas las negociaciones —tanto en el amor como en los negocios y la política— es dable resumirlo en la frase de origen latino que reza así: do ut des. Traducido quiere decir doy para que me des. En resumidas cuentas, es imprescindible para obtener al menos parte de un reclamo concederle al contrario también una parte de lo que cuanto pretende. Ello supone, como condición necesaria, enterrar las posiciones maximimalistas.

Si en el paquete de reformas que el gobierno ha presentado, Macri no estuviese dispuesto a dejar algo en el camino, a los efectos de conformar a los miembros de la oposición y a otros sectores de la sociedad civil, no estaría negociando ni trataría de cerrar un trato. Antes al contrario, estaría imponiéndoles una serie de medidas sin discusión ninguna. La administración de Cambiemos sabe que debe negociar y desea hacerlo. En la vereda de enfrente también piensan que vale la pena sentarse a la mesa.

¿Asunto resuelto, pues, casi antes de empezar? —En absoluto. Por delante hay un camino difícil de recorrer en razón de que, por mucha que sea la convicción y la confianza mutuas, las diferencias existentes en torno a la mayoría de las propuestas de la agenda gubernamental son grandes. Los actores involucrados afortunadamente no se plantan el uno frente al otro en calidad de enemigos; pero disienten en torno a cuestiones esenciales.

La batería de medidas que la administración de Cambiemos adelantó no fue hecha con la intención de no quitarle ni un punto ni una coma. La grita que generó en Mendoza, en particular, y en el sector vitivinícola, en general, el impuesto al vino, hizo que el gobierno lo
dejara sin efecto. Anteayer, en el Ministerio de Trabajo se reelaboró parte del proyecto original que Jorge Triacca le había entregado a la CGT. El concepto de trabajo fue modificado y, de acuerdo a los trascendidos, se mantendrían, para el cálculo de las indemnizaciones, las comisiones y horas extras. A su vez, el proyecto de ley de Reforma Tributaria que establece cambios en el IVA, ganancias, impuestos internos, aranceles a la importación y contribuciones patronales, —como no podría ser de otra manera— ya ha levantado polvareda. Habrá, si se aprueba, ganadores y perdedores. La mayor presión tributaria, que recaerá esta vez sobre la industria del tabaco y el de las bebidas azucaradas, los combustibles y las personas físicas, suscitó la reacción en cadena de los futuros damnificados.

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Y todavía falta considerar a los gobernadores, sin cuyo concurso el tratamiento parlamentario de la reforma puede muy bien empantanarse. La pretensión del macrismo es que se trate lo antes posible y recién después se apruebe el Presupuesto 2018. Los mandatarios provinciales son los actores estelares de la negociación. Según sea su posición, detrás de ellos cerrarán filas los distintos grupos opositores. Hasta que ello no suceda la negociación se extenderá el tiempo que sea necesario.

Mañana, miércoles, en el Consejo Federal de Inversiones se darán cita los gobernadores que tratarán de fijar una postura común para llevarlo a la reunión que el jueves, en la Casa Rosada, tendrán con Macri. Todos hacen números y sacan cuentas. En principio, no ven con buenos ojos los dos pedidos más importantes que les ha hecho el Poder Ejecutivo: la eliminación de los ingresos brutos y desistir de los juicios que mantienen con la Nación.

Los temas tratados en estos días son innumerables. También los interesados en discutirlos —políticos opositores, sindicalistas, productores, empresarios nacionales y extranjeros y, claro está, funcionarios gubernamentales— han trabajado día y noche para limar
asperezas y conciliar posiciones antagónicas.

Habrá una solución. Eso es seguro. Lo que aún está por verse es cuántas podas sufrirá el proyecto original de reformas y si, a la postre, resultará algo más que un parche.

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