La función del Estado bajo la lupa. Por Bertie Benegas Lynch

En un contexto intolerable de progresiva asfixia a la producción y pérdida de libertades básicas a manos de un estado voraz, depredador, desaprensivo y prepotente; la gente comienza a preguntarse más seriamente cuál es el rol del estado. El caso argentino aporta otro ejemplo a lo que el filósofo Michael Huemer define como la irracionalidad de la política porque, en los últimos cincuenta años, la Argentina insistió con el discurso político de la ayuda a los más necesitados solo para triplicar el tamaño del estado y aumentar once veces la cantidad de pobres.

Desde que tengo uso de razón se viene machacando sobre el redistribucionismo, práctica basada en la inmoralidad de robar a unos los que les pertenece para dárselo a otros lo que no les pertenece. Pero, sus promotores y quienes nos gobiernan hace décadas, solo lo enuncian bajo un falso romanticismo para ganar voluntades y concretar la tiranía de las mayorías a efectos de perpetrarse en el poder.

El redistribucionismo encuentra su fundamento en la llamada justicia social, término que necesita del adjetivo “social” para darle a la justicia una velada resignificación antitética, parecida a la que Fidel Castro le dio a la palabra libertad cuando se refería a la “libertad revolucionaria” del pueblo cubano. El término aberrante de la justicia social se ha instalado en muchos ámbitos; está incluso incorporado en el vocabulario de gente bien intencionada pero que no repara en sus implicancias corrosivas e incivilizadas. El sistema educativo no queda libre de culpas; muy por el contrario, es uno de los motores que propaga éste y otros desvalores del socialismo. Gracias a la posibilidad de estar en contacto con gente joven, recibo innumerables contenidos de colegios secundarios y universitarios con este tipo de postulados destructivos. Esto no es nuevo ya que mi generación también fue diariamente rociada con estas teorías. Recuerdo que, un profesor, a la clásica definición de justicia de Ulpiano de “dar a cada uno lo suyo”, le agregaba “según méritos y necesidades” proponiendo así la rapiña y la corrosión más absoluta de los marcos de respeto y el orden civilizado.

Desde que tengo uso de razón se viene machacando sobre el redistribucionismo, práctica basada en la inmoralidad de robar a unos los que les pertenece para dárselo a otros lo que no les pertenece

El problema de la Argentina es que ha instaurado la legalización del saqueo. Y es así como el argentino de bien vive en estado de permanente alerta, a la defensiva, tratando de zafarla y se le va la vida en ello.

El argentino que se vale por sí mismo y tiene ánimo de superación, trabaja de sol a sol para llegar a su casa, prender la televisión y escuchar a los crápulas que, con el tiempo hemos permitido que manejen nuestras vidas, anunciar más impuestos, pérdida de más libertades, referirse a una “crisis habitacional” en contextos de tomas de campos, terrenos y casas; imponer cepos, más regulaciones y otros atropellos a la propiedad privada.

Está claro que el cambio no va a venir de la gente que ha creado el sistema esclavizante del cual parasita. Es importante que ciudadanos de buenos valores se involucren y rechacen las trasnochadas teorías basadas en la expoliación porque es imposible que prevalezcan los incentivos productivos que llevan al crecimiento y al bienestar cuando, el fruto de nuestro trabajo, debe ser expuesto a un entorno de piratas y salteadores de caminos.

Hay que comprender que el capital no tiene patria y que, nuestro situación desesperante, no permite darnos el lujo de ahuyentarlo hacia climas más seguros para la inversión. Incluso hoy, el capital más valioso, el humano, se está yendo también a climas más seguros para su vida, sus ideas, su esfuerzo, su libertad y su propiedad. Las cifras del éxodo de jóvenes son tristes y escalofriantes. Para sólo mencionar las más recientes, en los últimos 50 días, cada 24 horas, se fueron al exterior 82 argentinos para no volver.

El problema de la Argentina es que ha instaurado la legalización del saqueo

Los argentinos de trabajo, cuyo costo de oportunidad de mudarse al exterior aún es caro o los que se quedaron “a pelearla”, son cada vez menos y son considerados por el estado como ciudadanos de segunda categoría, como siervos de la gleba que están al servicio del señor feudal.

El ya raquítico sector productivo tira de un carro con ruedas cuadradas en el barro impositivo y regulatorio cargando a más del 60% de la población que viaja sobre él. Cuando visitamos países decentes o tratamos de explicarles a amigos extranjeros esta locura, nos damos cuenta de que se nos va la vida siendo un engranaje del aparato estatal que solo se limita a trabajar, pagar impuestos y elegir entre irse de vacaciones una semana a Mar Chiquita o seguir aprovechando la suerte de pocos de poder ahorrar el 25% del sueldo para comprar un dos ambientes después de 45 años de trabajo.

Mientras la Argentina se desangra, los políticos, los sindicalistas, los fieles arlequines de la pauta oficial y los explotadores de privilegios comerciales que tienen la osadía de llamarse empresarios, viajan y se hospedan en hoteles cinco estrellas, vuelan en clase business y compran camisas de algodón italiano; todo en el contexto del despilfarro de fondos públicos en algún congreso caribeño de agenda irrelevante, que promete vida social, baños de mar y las esperadas tardes libres para visitar algún local de Gucci y así reconocerle a alguien favores secretos de regreso a Buenos Aires.

Las cifras del éxodo de jóvenes son tristes y escalofriantes. Para sólo mencionar las más recientes, en los últimos 50 días, cada 24 horas, se fueron al exterior 82 argentinos para no volver

A diferencia de cualquier empleado o empresario honesto, las cuentas bancarias de la casta política y sus cortesanos, no dependen de las valoraciones del mercado, es decir, de los aciertos tendientes a mejorar el nivel de vida de su prójimo; dependen únicamente de cuán cerca estén del estado al momento de producirse la repartija del botín de la “justicia social”.

En este país de la cultura del saqueo legalizado, mientras una empresa hace una reunión de directivos para posicionarse mejor con sus clientes o calcular indemnizaciones por despidos para resistir el último embate fiscal, hay otra reunión en Hipólito Yrigoyen 370 pensando nuevos criterios para subir alícuotas impositivas o crear un nuevo impuesto.

El rasgo distintivo de buena parte de quienes integran la red que vive del sudor del sector privado, es la hipocresía y la envidia. A estos acólitos de la religión del estado no les importa que su prédica contribuya a empobrecer el país siempre y cuando ellos puedan beneficiarse de los privilegios del politburó.

Todos, absolutamente todos los gobiernos de las últimas décadas, se han alejado de los principios y valores liberales de Alberdi y sus amigos. Siempre parece que tocamos un nuevo fondo. Estos últimos dos años no son la excepción; fueron marcados por la corrupción y robo de vacunas del “gobierno de científicos” con el vacunatorio VIP, fiestitas de Olivos durante una cuarentena política inaceptable mientras se fundían decenas de miles de emprendedores valiosos. Tenemos 40% de pobres en el que fuera el “granero del mundo” y la emisión monetaria está al borde de la hiper. La cultura de la toma de deuda política -que pagan generaciones presentes y futuras-, está a niveles inauditos y, como si esto fuera poco, el infierno fiscal imposibilita que cualquier Excel tenga números negros.

En las últimas semanas, mientras la Provincia de Corrientes perdía el 10% de su extensión territorial (equivalente a 43 veces la Capital Federal) bajo un fuego imparable, el Ministro de Medioambiente visitaba el Caribe y, el Presidente de la Nación, intentaba atajar un penal en la playa de Mar de Ajó para promocionar el turismo. Alberto Fernández terminó mandando saludos al “norte argentino” y la provincia de La Rioja cuando fue forzado por un periodista a que se expida sobre la catástrofe de la zona mesopotámica.

La solidaridad, otro término que los socialistas pretenden corromper, se realiza con recursos propios y de forma voluntaria; tal como el espíritu argentino demostró con donaciones a Corrientes encabezadas por múltiples instituciones y a nivel particular. Marcando un contraste notable con la desidia estatal, en menos de dos días, el influencer Santiago Maratea, cuyo buen nombre y transparencia se ha ganado la confianza del público, logró que el sector privado -aun atravesando una gran crisis- le confíe 150 millones de pesos para ayudar a los correntinos. La Argentina fue un ejemplo de estos gestos nobles antes de que la mayoría de las entidades filantrópicas, sociedades de fomento y el mutualismo de comunidades de inmigrantes, fueran perseguidas por el peronismo para nacionalizar la “solidaridad” y convertir a Eva Perón en la precursora del clientelismo político a través de la Fundación Eva Perón.

¿Qué sería de la Argentina sin la sustracción violenta del Estado y los recursos en manos de los legítimos dueños?

El contraste con la estructura pública, es elocuente. El Ministerio de Medioambiente que tiene más de 250 empleados con sueldos por $1.600 millones y un presupuesto de $20.300 millones, no hizo absolutamente nada. La gente se pregunta, ¿qué hubiera hecho el sector privado si no hubiera sido saqueado con $20.300.000.000 para establecer ese Ministerio, ese kiosko político impresentable? ¿Qué hubiera hecho el mercado con ese dinero al servicio de los incentivos comerciales para prevenir y resistir esta tragedia? ¿Cuánto más potente podría ser la respuesta solidaria con menos peso de la estructura pública?

Revisando el detalle absolutamente demencial de los presupuestos municipales, provinciales y nacionales, tan alejados de las muy limitadas funciones específicas que debe tener el estado, la pregunta que se hace la gente es ¿qué sería de la Argentina sin la sustracción violenta del Estado y los recursos en manos de los legítimos dueños? Los recursos están, los sigue generando el sector privado. ¿Cómo serían los niveles educativos y sanitarios de los que hoy nos quejamos si no fueran devorados por el estado? No es un tema de eficiencia, es un tema de incentivos y reconocer que solo el mercado (es decir, la gente) puede establecer las prioridades correctas para satisfacer las cambiantes carencias en un marco de ilimitadas necesidades y recursos escasos.

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