La eterna relación de las izquierdas con la violencia. Por Daniela Carrasco

Antes de la revuelta del 18-O, ya era posible identificar que en la sociedad chilena la violencia política estaba siendo cada vez más validada. Esto quedó claro cuando, el pasado 25 de noviembre, fue rechazado un proyecto de ley que buscaba exigir a los partidos renunciar a la violencia como método de acción política. Las principales tiendas en restarse y rechazar la iniciativa fueron los diputados del Partido Comunista y del Frente Amplio.

Este escenario es lamentable, pero no sorpresivo, dado que numerosos actores de la izquierda radical han usado la violencia no como un medio, sino como un fin en sí mismo. Así también lo ha demostrado la historia, cuando los totalitarismos de izquierdas ―ya sean comunistas, nazistas o fascistas― han perpetuado sangrientos genocidios alrededor del mundo.

Por ejemplo, el fin de semana pasado, como cada 28 de noviembre, los ucranianos conmemoraron la memoria de todas las víctimas del Holodomor ―el exterminio de los ucranianos a través de la hambruna orquestada minuciosamente por Stalin―.  Recordemos, también, cómo Che Guevara ―ícono de las poleras de los militantes de la nueva izquierda― creó campos de concentración para asesinar a homosexuales porque, según él, la revolución necesita de guerreros, no de peluqueros o cocineros.

Además, tenemos el caso de Mao Zedong, el mayor asesino del siglo XX, quien lideró la revolución comunista en China con la implementación del plan Gran Salto Adelante (1958-1962), terminando con la vida de 45 millones de personas debido a la hambruna y, posteriormente, con la Revolución Cultural (1966-1976) en que los chinos fueron enviados a granjas con el fin de reeducarse y así desprenderse de las influencias de una vida capitalista, dejando un saldo total de 78 millones de muertes.

Son numerosos los casos en este sentido. Chile también ha presenciado cómo las izquierdas radicales han validado la violencia como praxis política. La Unidad Popular bajo Salvador Allende propugnó la visión del Partido Socialista adoptada en el Congreso de Chillán de 1967, definiéndose marxistas-leninistas, apoyando la vía armada y la insurrección para alcanzar el poder y así instaurar una sociedad socialista.

Desde este contexto, surgieron numerosos grupos guerrilleros que han buscado instalar por la vía armada la lucha de clases. Los que volvieron a aparecer ―explícitamente― en la vía pública desde el 18-O, demostraron que desde el retorno a la democracia solo ingresaron a la clandestinidad y no se extinguieron, como se nos hizo creer.

Entre ellos, destaca el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) quienes asesinaron al senador Jaime Guzmán en 1991, y a la fecha no hay justicia.  Incluso, el diputado Gabriel Boric (Frente Amplio) festinó en diciembre de 2018 con una polera estampada con el rostro del senador impactado por una bala.

El proyecto de ley rechazado ―ingresado y aprobado en general en el mes de octubre― buscaba una modificación a la ley N.° 18.603 de Partidos Políticos para que estos renunciaran “expresamente al uso, propugnación o incitación a la violencia como método de acción política”. Como tiene rango de ley orgánica constitucional, necesitaba la aprobación de un quórum de cuatro séptimos de los diputados en ejercicio, esto es, por lo menos 89 votos. Solo logró 80 votos favorables, 31 en contra y 11 abstenciones. El rechazo mayoritario fue de aquellos parlamentarios del Partido Comunista y del Frente Amplio.

¿Su razón? La propuesta sería innecesaria, pues ese principio ya está consagrado en la Constitución vigente. No obstante, es posible que en una nueva Carta Magna esto no esté asegurado.

En las distintas encuestas de los últimos años, el Congreso ha sido una de las instituciones peor evaluadas, junto a los partidos políticos. Por ejemplo, en la encuesta Cadem de la segunda semana de noviembre de 2020, el Congreso tuvo 30 puntos de aprobación (10 puntos más que en octubre pasado). Por otro lado, el partido político peor evaluado es el Comunista, seguido de partidos de izquierda, siendo los menos reprobados ―pero igualmente con un bajo puntaje― la coalición de gobierno, Chile Vamos (26 puntos).

No obstante, la revuelta e insurrección que el país continúa viviendo también ha ido desplazando a estas instituciones, ya que los actores de la insurgencia –tan heterogéneos– se posicionaron mucho más a la izquierda que el Partido Comunista o el Frente Amplio, pues han emergido espontánea y rizomáticamente, siguiendo modelos de asamblea y evadiendo todo tipo de jerarquías.

Y, a pesar de que la revuelta también busca desplazar a los partidos de extrema izquierda, estos, por el contrario, desde la institucionalidad han buscado proteger las praxis horizontales de la revuelta. Por ello no es extraño que hayan validado la insurrección y la anomia que Chile ha vivido desde octubre de 2019 y, por otra parte, ―salvo con pocas excepciones que prontamente han sido objetos de boicot― no han condenado la violencia.

Las izquierdas han demostrado, una vez más, que tienen una erótica relación con la violencia. No solo la usan como un medio, pues solo desean instaurar anomia, insurrección y polarización en las sociedades. Son expertas en instalar relatos seductores pero dañinos que apuntan en contra de toda dignidad humana.

Aleksandr Solzhenitsyn, premio Nobel de Literatura (1970) y autor de Archipiélago Gulag, desde su experiencia relató cómo la violencia puede llegar a extremarse y hacer perecer a sociedades completas, señalando que “la violencia sólo puede ser disimulada por una mentira y la mentira sólo puede ser mantenida por la violencia. Cualquiera que haya proclamado la violencia como su método está inevitablemente forzado a tomar la mentira como su principio”.

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