La dictadura del INADI. Por Adrián Arena

En la época del Proceso cada uno podía decir lo que quería o pensaba. Había libertad de expresión. Hoy, desgraciadamente, no la hay. Periodistas, conductores de TV, docentes, sacerdotes, profesionales, estudiantes y hasta usuarios de las redes sociales están siendo sometidos, en forma diaria, al control de un organismo estatal que dictamina si sus juicios u opiniones se ajustan o no a los criterios de corrección política o moral impuestos por el Estado.
Ya hay quienes no se animan a decir algunas cosas por temor a la actuación y a las sanciones que pueda llegar a aplicar el INADI transformado, de este modo, en una verdadera Policía del Pensamiento al mejor estilo de una dictadura.
El organismo estatal procede contra meras opiniones o afirmaciones. Incluso contra aquellas vertidas accidentalmente sin ánimo discriminatorio y lo hace de la peor manera: humillando y estigmatizando al acusado.
Su actuación comienza, en muchos casos, acompañada de un comunicado de prensa cuyos términos constituyen un gravísimo anticipo de opinión acerca de la existencia material de la acción discriminatoria y de la intención del sujeto de llevarla a cabo, incompatible con un Estado de Derecho.
Es que la actividad jurisdiccional del Estado debe ejercerse respetando las garantías de imparcialidad del órgano juzgador y las reconocidas al imputado por el derecho internacional de los derechos humanos; En este caso, el derecho a ser oído y a ejercer su defensa.
El proceso viene siendo tan gradual que no se llega a advertir el terrible deterioro de la libertad de expresión que padecemos los argentinos. Y no tengo dudas que se ha profundizado aún más con el actual gobierno merced a una sobreactuación deliberada de una supuesta corrección política.
Creo que si la situación subsiste, habría que denunciar al Estado argentino ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violaciones graves a la libertad de expresión.

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