La denuncia de Nisman y la imputación a Cristina – Por Rosendo Fraga

Al cumplirse 30 días de la denuncia presentada por el Fiscal Nisman, la causa no se había iniciado, pasando por diversos jueces que no habían adoptado medida alguna para avanzar en la investigación.

La denuncia había pasado a un segundo lugar y toda la atención de había concentrado en la investigación de la muerte del Fiscal, no en su denuncia. Hasta ese momento, y con esos resultados a la vista, podía especularse con que el posible asesinato de Nisman podía haber tenido como objetivo el impedir que avanzara su investigación.

Ahora la decisión del fiscal Pollicita de imputar a los denunciados en la causa, comenzando por la Presidenta de  la Nación, implica que la causa comienza de hecho a investigarse.

La imputación no implica anticipar condena o prejuzgamiento alguno, pero significa que la justicia entiende que hay elementos suficientes para investigar a las personas acusadas en la denuncia de Nisman.

La decisión ha sido bastante sorpresiva. El juez de la causa (Rafecas), designado por la Cámara Federal para hacerse cargo de la causa, se declaró al principio incompetente tras el sorteo que se la asignó, pero luego debió suspender sus vacaciones para asumir efectivamente la causa.

El Gobierno ha respondido con una presentación del Procurador General del Tesoro que cuestiona la denuncia de Nisman, buscando invalidarla y neutralizar las medidas de investigación que ha comenzado a pedir el fiscal Pollicita.

Frente a la causa, la Presidenta está protegida por el fuero que impide su detención, pero no su procesamiento. Si es citada a declarar, puede hacerlo por escrito.

Los voceros del oficialismo se han adelantado a denunciar un «golpe de estado judicial», cuando en realidad se trata de una medida judicial que se venía demorando, pero que era esperable.

Este hecho vuelve a subrayar la importancia que están teniendo los fiscales en la justicia argentina: Nisman presentó la denuncia y su muerte generó una crisis política con efectos institucionales; sus compañeros convocaron a la marcha del 18F, que probablemente tendrá una concurrencia masiva; y ahora otro fiscal, Pollicita, pone en marcha una causa que parecía abandonada.

La paradoja es que la reciente reforma de la justicia realizada por el Gobierno apuntaba a dar más poder a los fiscales y menos a los jueces, pensando que los primeros iban a asumir posiciones más afines al Gobierno. La situación ha resultado a la inversa.

Aunque en términos inmediatos la imputación de la Presidenta no genera efectos concretos y el Gobierno pondrá en marcha acciones judiciales para neutralizarla -cuyos efectos por ahora son inciertos-, el efecto político ha sido muy fuerte y lo más importante es que volvió a poner en el centro de la escena la denuncia de Nisman, que había pasado a un segundo plano por la investigación de su muerte.

Fuente: http://www.nuevamayoria.com/