La Corte Suprema sigue prevaricando. Por Alberto Solanet

La Corte Suprema, con el voto en disidencia de su Presidente Dr. Rosenkrantz, el día 25 de septiembre, ratificó una vez más que el beneficio del 2×1 no es aplicable a quienes están acusados de delitos llamados de “lesa humanidad”. Con su decisión por mayoría, la Corte confirmó la inaplicabilidad del principio del derecho penal que impone la aplicación de la norma más benigna a favor del reo, esta decisión afecta a diez detenidos que habían recurrido ante la Corte.

La ley 24390, llamada del 2×1 , dictada en la década de los 90, estableció que se rebajaba la mitad del cómputo de la pena de un condenado que hubiera pasado más de dos años en prisión preventiva y sin condena, sin hacer referencia alguna al delito que hubiere cometido. La Corte la empleó al aplicarla al caso “Muiña”, con los votos de Highton de Nolazco, Rosatti y Rosenkrantz.

Una semana después, luego de un batifondo armado por los grupos de izquierda de siempre, el gobierno en una infame maniobra, impulsó la sanción de la ley 27362, que fue sancionada con la unanimidad del Congreso, denominada “interpretativa”, que excluyó del beneficio a los imputados por delitos llamados de “lesa humanidad”. Esta ley, verdadero esperpento, no registra antecedentes en la legislación argentina y acredita claramente que tanto el gobierno como la dirigencia política han dispuesto que para esa población no rige ninguna garantía ni derecho del que gozan los argentinos. Son parias, excluidos de la justicia.

En diciembre de 2018, el máximo Tribunal, con la única excepción de su Presidente, que mantuvo su voto anterior, determino la inaplicabilidad del beneficio a los casos de  “lesa humanidad” al expedirse en el caso de Rufino Batalla. Tanto Highton como Rosatti, dieron vuelta su voto emitido en el caso Muiña en una demostración de la profunda decadencia en la que está sumida la justicia argentina.

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Ahora , con el fallo que origina este comentario, la Corte ha cometido un nuevo prevaricato que se inscribe  en la demolición del orden jurídico en la Argentina.

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