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La Corte, los DNU y el fin del cepo. Por Vicente Massot.

ENF-Vicente Massot. Buenos Aires. 05/12/2011

Si alguien dudaba de la voluntad de Mauricio Macri a la hora de ejercer el poder, el nombramiento en comisión de Horacio Rosatti y de Carlos Rosenkrantz en la Corte Suprema de Justicia —para ocupar las vacantes que en su momento dejaron Eugenio Zaffaroni y Carlos Fayt— despeja cualquier duda. La decisión presidencial —que sorprendió a propios y extraños y no contó con la total aprobación del ministro Garavano— no fue la respuesta de emergencia de Mauricio Macri ante una situación inesperada, que se le cruzó en el camino. El tema de cómo completar el máximo tribunal de la Nación resultó materia de conversación durante la campaña. La cuestión escaló cuando la Corte —sin decir agua va— fulminó a la administración de Cambiemos —que aún no se había hecho cargo del poder— con una sentencia sobre fondos de coparticipación que cayó como un balde de agua helada sobre la cabeza del macrismo. El ingeniero —que nunca había tenido un relación fluida con Ricardo Lorenzetti— creyó ver en la acordada una segunda intención, cuya naturaleza de jurídica tenía poco y nada.

Macri no puso entonces el grito en el cielo pero entendió que resultaba urgente frenar el protagonismo de Lorenzetti. No podía embestirlo de manera abierta. En cambio, sí podía nombrar —al menos en un principio— a dos nuevos ministros, que junto a los miembros actuales sumasen cinco.

Está claro que Rosatti y Rosenkrantz no serán parte de la mayoría automática que Lorenzetti encabeza junta a Maqueda y a Highton de Nolasco. Con tres ministros en sintonía, el actual titular del cuerpo estaba en condiciones de marcarle la cancha al Poder Ejecutivo. De ahora en más, la hegemonía de Lorenzetti habrá de morigerarse. Y ni que hablar si, andando los meses, el Poder Ejecutivo optase por aumentar el número de integrantes y llevarlo a siete. Macri no lo descarta.

Su jugada ha sido osada y ha levantado críticas en los más distintos sectores, no en razón de la entidad u honorabilidad de los candidatos, sino de la metodología empleada. Coincidieron en impugnar el procedimiento desde Daniel Sabsay hasta Carlos Arslanian, pasando por Andrés Gil Domínguez y la casi totalidad del arco partidocrático, incluyendo a la UCR, el Frente Renovador y el Frente Progresista. Pero aun siendo arriesgada, la medida no ha sido ilegal. El mecanismo elegido puede que no haya sido el mejor si se tratase de Suiza o de Alemania. En la Argentina, en cambio, criticable como es, acredita constitucionalidad. El artículo 99, inciso 19 de la Carta Magna es claro respecto de las atribuciones que tiene el presidente para cubrir vacantes cuando el Senado está en receso.

Lo que parecen no entender sus críticos es que se hallan dadas las condiciones de urgencia y excepcionalidad para obviar el llamado a sesiones extraordinarias y el artículo 222 de la Constitución, que prevé la participación ciudadana en el proceso de selección. Precisamente lo que se avecina es una situación de carácter extra–ordinario —o, si se prefiere, excepcional— donde el presidente gobernará con base en los DNU (decretos de necesidad y urgencia). La Corte —en esto— tendrá un papel fundamental que jugar y Macri no estaba en condiciones de enviar dos pliegos a la cámara de senadores donde todavía la mayoría kirchnerista es abrumadora. Era preferible correr el riesgo de las impugnaciones que le movieron desde todos los ángulos a sufrir una derrota prematura a manos del FPV. En tren de optar, se inclinó por la primera variante y no se equivocó.

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Puede que lleven razón quienes apuntan el hecho —no siempre percibido— de que para Macri la luna de miel con la gente será corta, de comparársela con la de otros presidentes. La situación económica que recibe del kirchnerismo —dramática por cierto— y las políticas públicas que inevitablemente deberá poner en marcha a la brevedad, hacen pensar en un futuro inmediato jalonado de contratiempos, problemas, reclamos salariales y hasta de alguna temprana medida de fuerza enderezada en su contra, no por los sindicatos peronistas tradicionales sino por los de origen clasista. Si bien esas dificultades ya habían sido descontadas por el macrismo desde antes de asumir el gobierno, la Corte tendrá un papel fundamental cuando estos temas se judicialicen.

Dos cosas tenía en claro el líder de Cambiemos al tomar conciencia, luego de conocer los resultados que arrojaron las elecciones del 25 de octubre, de que sería presidente: la herencia envenenada que recibiría y la necesidad de actuar a toda velocidad, una vez que llegara a Balcarce 50. La eliminación de las retenciones en general y la quita de 5 % a las que gravan las exportaciones sojeras; el anuncio de Francisco Cabrera que puso fin a las autorizaciones previas para poder importar; la convocatoria lanzada por el ministro de Trabajo a gremialistas y empresarios para reunirse en una mesa de diálogo; y el adelanto hecho por Juan José Aranguren ante empresarios del sector de que pronto habrá un reordenamiento de los subsidios a la electricidad y el gas —emergencia energética incluída— han sido las primeras medidas de una administración decidida a no perder la iniciativa.

Ello en paralelo con una estrategia clarísima: conseguir el oxígeno financiero necesario para normalizar el mercado cambiario. En realidad, el equipo de Alfonso de Prat Gay ya ha cerrado un acuerdo con bancos extranjeros. El crédito puente podría oscilar entre los U$ 10000 MM y U$ 12000 MM. Estos, sumados a otros ingresos de divisas previstos, permitirían formalizar la unificación del mercado cambiario. Con esos aportes y el cierre de la negociación con los bancos por el tema de la venta del dólar futuro, se irían configurando las condiciones para un tipo de cambio único y libre, con flotación administrada.

Hasta el lunes la situación con las entidades bancarias lucía difícil. Para explicarlo de manera sencilla: durante la gestión de Alejandro Vanoli el Banco Central vendió más de U$ 15000 MM en el mercado de futuros. Esto significa que quedó comprometido a desembolsar la diferencia —en pesos— entre el tipo de cambio pactado y el vigente a la fecha de cierre. Más allá de que muchas empresas hayan aceptado la modalidad de esta venta a término por parte del BCRA para cubrirse de una futura devaluación y otras lo hayan hecho por motivos pura y exclusivamente especulativos, lo cierto es que, ni bien se produjese el ajuste del tipo de cambio en ciernes, la autoridad monetaria enfrentaría un problema monetario mayúsculo además de la consiguiente pérdida cuasifiscal. Esto, huelga decirlo, no sólo afectaría la liberación del mercado cambiario sino que le pondría un palo en la rueda a cualquier plan antiinflacionario que se pudiera formular.

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Hasta el lunes la situación con las entidades bancarias lucía difícil. Para explicarlo de manera sencilla: durante la gestión de Alejandro Vanoli el Banco Central vendió más de U$ 15000 MM en el mercado de futuros. Esto significa que quedó comprometido a desembolsar la diferencia —en pesos— entre el tipo de cambio pactado y el vigente a la fecha de cierre. Más allá de que muchas empresas hayan aceptado la modalidad de esta venta a término por parte del BCRA para cubrirse de una futura devaluación y otras lo hayan hecho por motivos pura y exclusivamente especulativos, lo cierto es que, ni bien se produjese el ajuste del tipo de cambio en ciernes, la autoridad monetaria enfrentaría un problema monetario mayúsculo además de la consiguiente pérdida cuasifiscal. Esto, huelga decirlo, no sólo afectaría la liberación del mercado cambiario sino que le pondría un palo en la rueda a cualquier plan antiinflacionario que se pudiera formular.

Que el Banco Central efectúe operaciones en el mercado de futuros puede no sorprender. Pero que lo haga a sabiendas de sufrir una pérdida mayúscula, ante la inminencia de un sinceramiento cambiario a todas luces impostergable, resulta escandaloso. El caso es que Vanoli —cuya mala praxis superó incluso a la de su antecesora Marcó del Pont— comprometió financieramente a la entidad monetaria rectora, constituyéndola en único oferente en el mercado local de futuros, a valores ruinosos, drásticamente inferiores a los vigentes en mercados competitivos del exterior. Tras una negociación ardua, se llegó a una solución que evitará la emisión adicional de decenas de miles de millones. Ahora sí, se viene el sinceramiento. Es decir, reconocer en el tipo de cambio lo que ya ocurrió en los precios: la desvalorización sufrida por nuestra moneda.

El último libro de Vicente Massot se titula «Las Caras de la Historia. De la Gran Guerra al terrorismo internacional». Adquiéralo clickeando en la imagen siguiente:

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