La Corte, el gobierno y la incapacidad de los comunicadores. Por Vicente Massot

Es faltar a la verdad y constituye una exageración de bulto insinuar, siquiera, que al gobierno el aumento de las tarifas del gas y de la electricidad le ha quitado el sueño. Por supuesto, está preocupado y expectante en virtud de que —como todo lo hace prever— la Corte Suprema de Justicia de la Nación definirá este jueves o —a más tardar— el lunes próximo, el tema de marras. Si no le hubiera prestado atención y se hubiese desentendido de la cuestión habría demostrado un grado de irresponsabilidad manifiesto. Pero no fue eso cuanto ocurrió. Mauricio Macri siempre estuvo convencido de las razones que le asistían para tomar el camino que él —y no Juan José Aranguren— definió tempranamente, al inicio de su gestión presidencial, y que está dispuesto a recorrer hasta el final, cueste lo que cueste. No entra en su cabeza la idea de dar marcha atrás con los referidos aumentos y, en ese orden de cosas, él fue el abanderado de los duros desde que estalló la crisis. Cuando alguno de sus colaboradores más cercanos, temeroso de las consecuencias que podía traer aparejada la suba, imaginó una estrategia de repliegue ordenado y se la propuso, lo paró en seco y le hizo saber que no había nada que discutir.

El plan con arreglo al cual ha venido moviéndose el gobierno tiene dos dimensiones: la pública y la que se desarrolla tras bambalinas. El discurso urbi et orbe ha sido claro en punto a poner de relieve los efectos que tendría para la administración de Cambiemos la alternativa de tener que barajar y dar de nuevo en función de un fallo judicial que retrotrajese las cosas a fojas cero. Su costo orillaría los $ 80000 MM y pondría en tela de juicio el núcleo duro del único ajuste del gasto que hasta ahora se ha llevado a cabo. Por supuesto, lo pagaríamos todos, al margen de la derrota que debería sobrellevar —vaya uno a saber con qué suerte— el oficialismo.

Marcos Peña y el titular de la cartera de Energía han sido terminantes y sus argumentos tuvieron un destinatario casi excluyente: los ministros del máximo tribunal de la República Argentina. No fue con la intención de acorralarlos y ponerlos entre la espada y la pared que se optó por privilegiar en la práctica esta variante, dejando de lado otras que también resultaron consideradas al más alto nivel. El propósito que guía semejante estrategia es hacerle saber a los integrantes de ese tribunal decisivo una realidad que no siempre es bien conocida. Quienes integran la Corte tienen que calibrar lo que está en juego en términos sociales, económicos y políticos aún cuando su función sea fundamentalmente jurídica. Por eso, al margen de los anuncios el gobierno ha tomado contacto con la Corte por otra vía más discreta. Esta es la segunda dimensión a la que hacíamos referencia antes.

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Nadie supone dentro del macrismo que la resolución que tomará el cuerpo presidido por Ricardo Lorenzetti vaya a resultar desfavorable para el gobierno. Los ministros del mencionado tribunal no están dispuestos a jugar con fósforos en la puerta de un polvorín y no tienen motivos para ponerle un palo en la rueda a una administración que, si no se atuvo a la ley, fue en un aspecto menor: el de las audiencias públicas. El responsable de llevar a la Corte los detalles técnicos y la opinión del presidente de la Nación resultó, como cualquiera puede imaginarse, un hombre de su máxima confianza que no es afiliado al Pro, no forma parte del gabinete nacional, y no ocupa cargo público ninguno. Sin embargo, es un virtual ministro sin cartera que cada día cobra mayor relevancia.

Su misión, tal cual quedó definida en una serie de reuniones que mantuvo con el presidente, ha sido la de tomar contacto directo con Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Helena Highton de Nolasco y Horacio Rosatti, y ponerlos en antecedentes de qué fue lo que hizo el gobierno en la materia y por qué lo hizo, más allá de alertarlos sobre las consecuencias que se seguirían en el caso de que los aumentos no quedasen convalidados.

A esta altura de las circunstancias es poco probable que la Corte se halle dispuesta a dar un salto al vacío. No hay razones jurídicas ningunas para avalar la práctica de que sean los jueces o los legisladores quienes decidan, por vía indirecta, los aumentos de las tarifas. Por eso, en el gobierno esperan la acordada del máximo tribunal con calma. Quizá el oficialismo deba finalmente convocar a audiencias públicas —algo que, después de todo, no representa una capitis diminutio insoportable para el Poder Ejecutivo Nacional— pero no hay quién tema encontrarse, mañana o el lunes de la semana que viene, con una bomba de tiempo activada entre sus manos.

No deja de ser curioso —o, si se prefiere, sencillamente increíble— cómo se complicó el gobierno en un tema que, aunque tuviera ribetes de suyo polémicos, nada hacía predecir que generaría una grita de tamaña magnitud. Y todo por la torpeza con que fue planeado y —por sobre todo— comunicado a la población. Recién ahora viene a conocerse que, hasta la fecha, 87 % de los usuarios ya abonaron en tiempo y forma sus facturas con menos de 500 % de aumento y —como si fuera esto poco— que 83 % de ese mismo universo pagó por menos de $ 500. Con semejantes argumentos en su poder, cualquiera que no fuera un soberbio o un incapaz podría haber montado una campaña de publicidad para explicar de manera sencilla —pero contundente— algo elemental. Marcos Peña se empeña en creer que con globos amarillos y la presencia en las redes sociales, la imagen y la comunicación gubernamental están solucionadas. Otra vez se equivocó; y feo.

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Cuanto demuestra el caso de las tarifas de servicios públicos son varias cosas a la vez. Por de pronto, la notoria incapacidad de los comunicadores oficiales que no sólo parecieron estar dormidos sino que vienen repitiendo un libreto fallido desde diciembre pasado. Lo segundo tiene que ver con la índole de nuestra sociedad, difícil si las hay. Es posible que no supiese la dimensión del problema que había heredado el nuevo gobierno, pero era conocido que los servicios públicos subsidiados constituían una práctica que no se podía mantener indefinidamente. No obstante, reaccionó, al menos en parte, encolerizada por un sinceramiento inevitable. Los argentinos se enojan por los cortes de energía y salen a la calle clamando por la vuelta de la luz a sus hogares y, al mismo tiempo, añoran las tarifas kirchneristas. Aspiran a vivir como los alemanes, sólo que manejándose como nigerianos. El tercer dato digno de ser considerado es el del arco opositor. Se entienden las razones —si corresponde denominarlas así— del kirchnerismo recalcitrante a la hora de plantear que las subas queden sin efecto y el gobierno deba hacer frente a una crisis de envergadura. Ése es su único propósito y morirá aferrado a una bandera tan así de sectaria. Ha sido saludable, en cambio, en términos de la responsabilidad institucional, la actitud de varios gobernadores justicialistas que no trataron de sacar provecho del traspié gubernamental y asumieron como un deber cívico acompañarlo en este trance. Esto último constituye un avance notable, en atención a lo que había sido el comportamiento del peronismo cuando le ha tocado ser oposición.

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