Vie. Sep 24th, 2021

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Internan a sospechosos de padecer Covid en campos de concentración. Por Karina Mariani

Un escándalo mayúsculo de violación a los Derechos Humanos se está desarrollando en Argentina y ha estallado en el mismo momento en el que el presidente Alberto Fernández realizaba su primera visita de Estado luego de la pandemia al vecino Chile.

En Formosa, provincia fronteriza del norte argentino, gobierna desde 1995 Gildo Insfrán, un personaje que contiene todos los clichés del caudillo feudal peronista. La provincia tiene uno de los mayores niveles de dependencia clientelar del país, con una pobreza estructural extrema, y su gobernador ha implementado medidas dictatoriales con la excusa de la lucha contra el Covid. Estas medidas incluyen la extracción compulsiva de ciudadanos de su casa sin órdenes judiciales, su reclusión en “centros de aislamiento”, en pésimas condiciones sanitarias, y de violencia. Hay denuncias de desapariciones y de maltrato a menores hacinados en esos mismos centros, algunos de los cuales han sido separados de sus padres siendo muy pequeños.

Insfrán cerró inconstitucionalmente las fronteras de su Provincia, dejando a miles de formoseños varados a la vera de las rutas, separados de sus familias, de sus casas y trabajos. Uno de los casos más dramáticos ocurridos allí fue el de Mario Ledesma, un hombre de 23 años que estaba trabajando fuera de la provincia y que estuvo meses tratando de volver a ingresar para ver a su esposa e hija, una bebé recién nacida que estaba enferma. La desesperación del joven lo llevó a tratar de ver a su familia cruzando un río donde murió ahogado. La situación es tan crítica que la Corte Suprema dictó un fallo para ordenarle a Insfrán que permitiera el ingreso de formoseños varados en condiciones infrahumanas en los límites provinciales.

A las miles de denuncias por casos como el de Ledesma se sumó en estas horas, gracias a la filtración de fotos y videos, un hecho escalofriante. El gobernador ha instalado decenas de centros de aislamiento y detención donde confina a enfermos de Covid, personas sanas sospechadas de contacto y a lo que se le venga en gana a las autoridades, bajo condiciones de hacinamiento extremo sin ningún criterio médico o científico.

Insfrán destinó, para estos menesteres, establecimientos en pésimas condiciones, lugares que los vecinos describen como que “se caen a pedazos” donde las personas son encerradas contra de su voluntad. La atención es a través de unas rejas cerradas con llave. Las imágenes de los brazos pidiendo ayuda a través de las rejas es aterradora.

La oposición tanto local como nacional comenzó una serie de reclamos políticos y judiciales en los últimos días, uno de los cuales fue protagonizado por dos concejalas Gabriela Neme y Claudia Ruiz que fueron arrestadas violentamente por las autoridades formoseñas por denunciar públicamente lo que estaba ocurriendo con estos centros de aislamiento. No hay información certera de cuánta gente está encerrada, las estimaciones son de miles de personas en decenas de centros. Allí existen unos 600 casos activos de COVID. El resto son personas aisladas “por contactos estrechos”, o preventivamente, por ser “casos sospechosos”. El hacinamiento de seguro está causando muchos más contagios.

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Ante la polémica, el gobierno encargó al Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla Corti que “corrobore que no se están violando los derechos de los confinados”. Pietragalla es parte del conglomerado de funcionarios kirchneristas cuyos cargos obedecen a ser hijos de terroristas montoneros cobijados en el oficialismo. Sus declaraciones en defensa del dictador Nicolás Maduro o sus ataques al periodismo que ha denunciado los abusos cometidos durante el gobierno de Fernández en todo el país con la excusa de la pandemia, hacen dudar de su imparcialidad y criterio en defensa de los DDHH

El periodismo y la oposición han denunciado que a la víspera de la visita de Pietragalla Corti a Formosa, el gobierno desmanteló el centro que iba a ser visitado. Abundan los vídeos en los que se ven las mudanzas apuradas, limpiando los establecimientos y trasladando a las personas encerradas. Un pedido de interpelación presentado en la Cámara de Diputados, pretende que la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y Pietragalla, brinden explicaciones por la crisis. “Se están dando hechos gravísimos que ya han pasado el umbral de claras violaciones a los derechos humanos”, afirmó la oposición. En un comunicado se expresa “Nos preocupan las detenciones, nos preocupan las vejaciones a los habitantes de la provincia; por lo tanto, nos preocupa la falta de democracia. No podemos permitir que se sigan avasallando las libertades, mientras el partido de gobierno halaga la gestión de Insfrán y el Presidente calla”, afirma el comunicado, que sostiene que Pietragalla no cumplió “con su deber y que su función es simplemente la de encubrir y defender al oficialismo, y no la de velar por los derechos de los ciudadanos”.

El senador kirchnerista por Formosa, José Mayans, de máxima confianza de Cristina Kirchner, declaró a raíz de las denuncias que: “en pandemia no hay derechos”. Estas escandalosas declaraciones se inscriben en el contexto de cobertura del aparato kirchnerista a Insfrán, un ex miembro del Partido Comunista Revolucionario reconvertido en fanático kirchnerista, que no ha escatimado favores a la vicepresidente. Su control político sobre Formosa es absoluto merced a los planes sociales que maneja como dádivas, sumados a la incidencia mayoritaria del empleo público. Gracias a esto, Insfrán tiene asegurado el flujo de votantes que le permiten estar hace un cuarto de siglo al frente de la provincia. Esto para el kirchnerismo es vital, en 2019, el 70% de los formoseños votó por la fórmula Fernández-Kirchner. Insfrán reformó la Constitución provincial para tener la reelección indefinida. Es lógico que Cristina Kirchner no piense en sacrificar semejante aliado.

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Un fiscal federal pidió informes al gobierno de Formosa para iniciar una investigación preliminar en relación con las medidas tomadas en la provincia de Formosa en la lucha contra el coronavirus por “graves denuncias de violaciones de los derechos humanos” así como por la actuación de la policía provincial. Según lo denunciado, los centros de aislamiento no cumplen con las condiciones mínimas de seguridad, privacidad e higiene. A los pacientes se le practican hisopados y se le informan los resultados verbalmente, negándoseles la documentación.

Existen hechos aún más graves: una nena fue aislada el 2 de enero pasado en el estadio Cincuentenario, por haber tenido contacto estrecho con una tía, la nena quedó solita, sin ver a su familia, y se le dio de alta tras 14 días de aislamiento.

Una mujer que tenía un hisopado negativo del día 28 de diciembre fue enviada con su bebé de 3 años al estadio Cincuentenario. A los 11 días, el resultado del test le dio positivo y la mantuvieron aislada. La mujer denunció que no hay intimidad, que la gente está separada por lonas, sin baños adecuados, con falta de mantenimiento en materia de higiene. También se detuvo a miembros de la comunidad indígena de la zona que se habían manifestado y que a raíz del reclamo sufrieron una persecución policial violenta y la detención de alrededor de 16 miembros de la comunidad, entre los cuales se encontraban menores de edad. La comunidad también denunció la desaparición de algunos de sus miembros. Amnistía Internacional pidió una reunión a Pietragalla. “La organización recibió numerosas denuncias por las malas condiciones en las cuales los ciudadanos formoseños son alojados en los Centros de Atención Sanitaria (CAS). En primer lugar, se aísla de manera compulsiva a personas que no tienen el virus COVID-19. Las cuarentenas obligatorias se prolongan más allá del resultado del testeo. Las personas allí alojadas no tienen

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