Ideología de género: ¿dictadura internacional? Por Agustín Laje

El pasado 9 de enero conocimos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una Opinión Consultiva apoyando con determinación la ideología de género. La opinión fue peticionada por Costa Rica, con claros objetivos políticos: el oficialismo es consciente de que le costará imponer la ideología de género en su estructura legal sin apoyo externo. Hace algunas semanas, valga recordar, miles de ciudadanos costarricenses —pueblo de escasa efervescencia política— salieron a las calles a marchar contra la ideología de género.

En resumidas cuentas, la Corte manifestó que la llamada “identidad de género” es ‘‘la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento’’, para luego insistir en que existe un “derecho a la identidad de género”. Sabemos bien que, en este contexto, “derecho” no significa libertad de vivir su sexualidad e identidad como le plazca a cada quien, sino obligación para los demás de ser partícipes de lo que es, en rigor, una fantasía personalísima.

Así por ejemplo, la Corte nos dice que es un “derecho humano” que el Estado modifique los registros y documentos de identidad de las personas, sin considerar nada más que su “auto-percepción”: ya no se le puede exigir a nadie siquiera acreditaciones médicas, quirúrgicas o psicológicas. Si la auto-percepción de un individuo pasa a condicionar la percepción estatal entera, esto significa que, por añadidura, condiciona la percepción de la sociedad toda. ¿Por qué un equipo de hockey femenino, por ejemplo, debería a excluir de su plantel a un hombre que, en virtud de su auto-percepción, el Estado lo ha consagrado como mujer?

Por otra parte, la Corte establece del mismo modo que cualquier unión constituye familia y, por lo tanto, que de cualquier unión entre personas, independientemente del género y la orientación sexual de sus partes, derivan los mismos derechos inherentes al matrimonio. ¿Qué es esto si no la imposición externa del “matrimonio” homosexual y la consiguiente adopción de menores por parte de éste?

En efecto, aquello de “Opinión Consultiva” es eufemístico. La “opinión” de la Corte tiene efectos jurídicos, políticos y administrativos en todos los Estados que son parte de la Convención Americana: 22 en total. La Corte lo deja muy en claro cuando, a colación de su apoyo a la ideología de género, sentencia que “se estima necesario que los diversos órganos del Estado realicen el correspondiente control de convencionalidad aplicando los estándares establecidos en esta Opinión Consultiva”. Por ello, el Tribunal insta “a esos Estados a que impulsen realmente y de buena fe las reformas legislativas, administrativas y judiciales necesarias para adecuar sus ordenamientos, interpretaciones y prácticas internos”.

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El poder en la sociedad posmoderna, al decir de Toni Negri, está descentrado. La soberanía de los Estados-nación es cosa del pasado. Las realidades nacionales son hoy un producto de la doble determinación de un poder interno y otro internacional. En este caso, el poder no se divide: se multiplica. En virtud de su dimensión internacional, se vuelve ineludible.

No se trata, desde luego, de un poder democrático. Si el ideal democrático puede definirse a partir de un régimen político que hace emanar el poder desde el pueblo para gobernar al pueblo, y que en la práctica se traduce en la determinación de la voluntad ciudadana con arreglo al uso de instrumentos electorales, el actual orden internacional carece de todos estos componentes. Todavía más: destruye los regímenes democráticos de los Estados que han optado por ellos, en la medida en que las decisiones de las Organizaciones Internacionales se imponen sobre nuestras sociedades en un movimiento que va de arriba abajo, no de abajo arriba.

¿Qué rol puede tener un Congreso Nacional en la cuestión del “matrimonio” homosexual, después de esta “Opinión Consultiva” de carácter imperativo? ¿Qué facultades tendrá en otros asuntos como la adopción homoparental? Ninguno. Estas cuestiones fueron ya resueltas y decididas no por aquellos connacionales que la ciudadanía eligió como representantes del pueblo, sino por 9 personas extranjeras que tienen poder sobre 22 Estados americanos y sus respectivas sociedades.

Si las dictaduras modernas se caracterizan por constituir regímenes políticos que operan con autoritarismo al margen de la voluntad de la ciudadanía, es evidente que estamos en presencia de la formación de una dictadura internacional. El margen de maniobra de los Estados-nación es cada vez más reducido. A partir de ahora por ejemplo, un Estado que no reconozca la adopción homosexual podrá ser denunciado por el lobby LGTB en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de ahí tener luego un problema en la propia Corte. ¿Qué gobierno querrá ganarse un problema de este calibre para el Estado bajo su gestión?

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En las dictaduras modernas, la última evasión que un individuo tenía al alcance frente a los tentáculos del poder era el exilio. Escapar al poder suponía escapar del lugar donde ese poder tenía centro. La actual desterritorialización del poder supone, no obstante, la imposibilidad del exilio. La internacionalización borra todo límite territorial; el espacio se modifica quedando todo determinado por él, lo cual significa que paulatinamente se va borrando toda posibilidad de auto-determinación. ¿Cómo eludir un poder que, a partir de la opinión de 9 personas, condiciona el marco regulatorio, jurídico y administrativo de 22 Estados?

Todavía queda, empero, una esperanza. Dijimos anteriormente que las realidades nacionales son en este momento el producto de dos fuerzas que a veces colisionan y a veces se retroalimentan: el poder interno y el internacional. En un sistema democrático, el poder interno se estructura a partir del voto popular. Los políticos que se lanzan a la carrera democrática, si quieren ganar, necesitan adecuarse a lo que piensan que la ciudadanía piensa. Si se lograra generar movilizaciones de tal magnitud que los políticos percibieran que el precio a pagar por someterse a la Corte Interamericana es mayor al precio de tener eventualmente problemas de derecho internacional con ella, el poder interno podría barrer con el internacional.

Las movilizaciones ciudadanas son de vital importancia como mecanismo de información: en la masa de gente movilizada el político recibe el mensaje de qué tiene que hacer y decir si quiere seguir siendo votado. Allí donde la ciudadanía no se moviliza, los medios de comunicación, los grupos de género y las organizaciones internacionales son los que informan al político.

Hay razones para guardar todavía esperanzas. Lo que no hay son razones para pensar que, de no actuar con urgencia, esa esperanza pueda mantenerse por mucho tiempo más.

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