Hora de acabar con la dictadura de género. Por Luis del Pino

En el año 2001, en España se produjeron 577 homicidios. A lo largo de los años siguientes, la cifra fue descendiendo de manera prácticamente constante, hasta caer por vez primera en 2016 por debajo de los 300 homicidios/año.

Sin embargo, los homicidios de mujeres por parte de sus parejas o exparejas se han mantenido constantes en ese tiempo. La media de crímenes machistas entre 1999 y 2003 (antes de entrar en vigor la Ley de Violencia de Género) fue de 58,4 al año. La media de 2005 a 2018 (después de entrar en vigor esa ley) fue de 59,4. [Cifras que el año pasado fueron afortunadamente menores: 47, mientras que los niños asesinados por sus madres ascendieron a 67. El Gobierno sigue sin dar las cifras de varones muertos a manos de sus mujeres: unos 31 en el último año, según cifras oficiosas. N. d. R.]

La Ley de Violencia de Género ha demostrado ser perfectamente ineficaz a la hora de proteger a las mujeres: cada año siguen muriendo entre 50 y 70 mujeres desde 1999 hasta la fecha, a manos de sus parejas o ex–parejas.

Discriminatoria

Además de ineficaz, la Ley de Violencia de Género es discriminatoria para los hombres. Se trata de una ley que solo se aplica a un sexo, el masculino, y que se traduce en penas distintas para el agresor, dependiendo de si es hombre o mujer. Se trata de una ley que vulnera de manera frontal el principio de no discriminación por sexo consagrado en nuestra Constitución. Por mucho que el Tribunal Constitucional, sometido al arbitrio político, la convalidara.

Desde 2008 hasta 2017, se presentaron más de 1.364.000 denuncias contra hombres al amparo de esa ley. Más del 85% de esas denuncias fueron retiradas, fueron sobreseídas o acabaron en absolución del denunciado. Pero, mientras tanto, las denuncias fueron utilizadas profusamente en procesos de separación o divorcio y en batallas judiciales por la custodia de los hijos, destrozando la vida de muchos hombres que no habían cometido ningún delito. Algunos de esos hombres pasaron mucho tiempo en prisión por denuncias que luego se demostraron falsas.

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La Ley de Violencia de Género no es solo discriminatoria para los hombres. Discrimina también al resto de las víctimas de la violencia intrafamiliar, que no reciben el mismo trato. Los hombres agredidos por sus parejas, las mujeres agredidas por sus parejas del mismo sexo, los niños agredidos por sus padres o los ancianos agredidos por sus hijos…no cuentan con la protección, ni con los beneficios, que esta ley otorga a las mujeres agredidas por sus maridos. Y el hecho es que esas otras agresiones olvidadas representan más del 50% de las agresiones en el ámbito de la familia. De cada 3 muertos por violencia intrafamiliar, uno es hombre. De cada 5 homicidas en el ámbito intrafamiliar, uno es mujer.

Fuente de corrupción

Al amparo de la Ley de Violencia de Género, se ha creado todo un entramado de corrupción estructural, para aprovechar los miles de millones de euros con que las administraciones públicas han regado todo lo relacionado con esa ley.

  • Fundaciones, observatorios y asociaciones a los que se reparten millones de euros para todo tipo de talleres, programas, estudios y zarandajas relacionados con la ideología de género.
  • Abogados sin escrúpulos que recomiendan a sus clientes recurrir a la técnica de denunciar en falso para conseguir ventajas en los procesos.
  • Redes organizadas de presentación de denuncias falsas (que luego eran retiradas) para conseguir la nacionalidad para mujeres inmigrantes.
  • Denuncias que se presentan y luego retiran (de común acuerdo con la pareja) exclusivamente con el fin de conseguir las ayudas que las leyes prevén para mujeres maltratadas.

Estamos, pues ante una ley que es un auténtico foco de corrupción, que constituye una discriminación intolerable para los hombres y el resto de víctimas de violencia intrafamiliar y que, para colmo, no ha logrado reducir los homicidios de mujeres a manos de sus parejas o exparejas.

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Pues bien, esto es lo que Ciudadanos y Partido Popular quieren seguir manteniendo y subvencionando en Andalucía, mientras que Vox exige que se acabe con la ley andaluza de violencia de género y con los chiringuitos que discriminan a los hombres por el hecho de serlo. No hace tanto, solo tres años, que Ciudadanos defendía lo mismo que Vox defiende ahora. En su día, los vocales del CGPJ a propuesta del PP calificaron de inconstitucional la Ley de Violencia de Género. Pero ahora, PP y Ciudadanos se niegan a modificar su acuerdo de gobierno para eliminar la nueva vuelta de tuerca en políticas de género que en él se recoge.

Animo a Vox a que se mantenga firme en su negativa a apoyar la investidura de Juanma Moreno mientras el acuerdo de gobierno de PP y Ciudadanos incluya medidas para seguir imponiendo, contra toda lógica y contra toda justicia, el calendario progre de ingeniería social.

La gente no ha votado a Vox para que se someta, como parece que PP y Ciudadanos se han sometido, a la dictadura de lo políticamente correcto y de la ideología de género.

Y si PP y Ciudadanos quieren seguir implantando las medidas ideológicas del Partido Socialista, que busquen el pacto con el Partido Socialista. O que fuercen nuevas elecciones. Ellos sabrán. Pero con los derechos de las personas no se negocia. Y el derecho a la igualdad ante la Ley es uno de los principios fundamentales de un estado de derecho.

Y, además, las mujeres merecen otra ley que verdaderamente las proteja.

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