Vie. Sep 25th, 2020

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Genocidio que no fue y Justicia que no existe. Por Alberto Solanet

Es muy difícil alcanzar la verdad cuando la sociedad se deja manipular por el lenguaje. Según el Diccionario de la Academia, la palabra genocidio significa el «exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de religión o de política». La Asamblea General de las Naciones Unidas, por su parte, se refirió al «genocidio» como la negación del derecho a la existencia de grupos humanos enteros. Como ejemplos de genocidios y de genocidas históricos podemos citar el sanguinario régimen de Stalin, que se estima causó no menos de veinte millones de víctimas y la matanza por hambre y otros medios de cinco millones de ucranianos (el holomodor). O el del maoísta Pol Pot – que asesinó a dos millones de camboyanos – o el exterminio de un millón de armenios a manos de Ataturk.

Este comentario viene a propósito de la capciosa descalificación que hoy se ha generalizado respecto de las Fuerzas Armadas argentinas, por haber combatido contra la agresión de la guerrilla marxista en la década del setenta. Estos guerrilleros, entrenados en Cuba y Angola, con armamento y apoyo financiero brindado por diversos países del extranjero, iniciaron una verdadera guerra en nuestro territorio con el propósito de tomar el poder y convertir a la Argentina en un estado marxista. Y sus organizaciones, hasta hoy, vienen sosteniendo «el orgullo de haber declarado la guerra al régimen burgués, capitalista e imperialista».

Las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno constitucional de entonces ante la situación planteada por los invasores, que sobrepasó las posibilidades de defensa por parte de las fuerzas de seguridad. La instrucción fue clara y precisa, aniquilar al enemigo. Claramente combatieron con ese propósito, sin otro plan accesorio. No obedecieron a ninguna planificación previa de matar a un grupo de personas por lo que eran, sino por lo que hacían. Además, uno de los rasgos distintivos del «genocidio» es que las víctimas no caen en combate ni están organizadas militarmente.

Estas premisas distinguen claramente el accionar de las FF.AA. en la guerra contra la subversión respecto a un premeditado y perverso plan «genocida». En esa guerra – ¡en cuál no! – hubo excesos injustificables por parte de las FF.AA., pero ello no autoriza en modo alguno a calificar como genocidas a quienes impartían las órdenes ni a los subalternos que debían obedecerlas. A lo sumo se habrían cometido «crímenes de guerra», en cuyo caso habrían debido someterse a las normas del Código de Justicia Militar, cuyas penas y castigos son más severas y adecuadas que las disposiciones de la justicia ordinaria.

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La calificación de «genocidas» con la que se ha querido demonizar a las Fuerzas Armadas resulta por ende una falsedad política e histórica, usada con fines propagandísticos. Es lo que se ha dado en llamar el relato, impulsado por el CELS, Madres de Plaza de Mayo, Abuelas y otras organizaciones de izquierda, que sobreactúan y manipulan el sentimiento de repudio que en la sociedad suscita la palabra «genocidio». Detrás está el inmenso negocio o «curro de los derechos humanos» con que lucran esas organizaciones y que ayuda a la propagación del relato. Así lo reveló un exguerrillero, quien aconsejó a dirigentes de esas organizaciones reunidos en Holanda, a donde habían concurrido con el objeto de pedir dinero, que denunciaran al menos 30.000 desaparecidos, a fin de introducir el término «genocidio» y mantenerlo sine die.

De ese modo, aquí y en el mundo, fue instalada la mentira, con el concurso de medios ideologizados, ONG internacionales cooptadas por la izquierda y sembradoras de venganza y odio, gobiernos corruptos, dirigencia política en parte también ideologizada y en parte temerosa, jueces prevaricadores y protervos y un largo etcétera.

Las principales víctimas de esta tenebrosa realidad y de esta justicia asimétrica son los más de 2000 presos acusados de delitos llamados de lesa humanidad por hechos ocurridos hace más de 40 años, ancianos y enfermos, de los que ya han muerto 560 en cautiverio. A ellos, fiscales y jueces, aplicando una odiosa discriminación, les niegan sistemáticamente el derecho a la prisión domiciliaria, contrariando expresas normas legales y los dictados de la prudencia más elemental, ya que se los retiene cautivos y en plena epidemia expuestos al riesgo de contagio.

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No existe ninguna razón valedera para privarlos de ese derecho. Sin hacerlos pasar por tamiz alguno, sino dentro del marco de corrupción que impera entre los jueces, centenares de delincuentes – desde violadores seriales hasta narcotraficantes – fueron liberados o enviados a sus domicilios. Pero a aquellos otros, falsa y fraudulentamente calificados como «genocidas» y, con toda propiedad, reales y verdaderos presos políticos, se les hace saber que para ellos no hubo, ni hay, ni habrá justicia.

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