Frente al riesgo de un nuevo default – Por Rosendo Fraga

Tres situaciones convergen para explicar por qué el gobierno argentino está dispuesto a tomar el riesgo de un default a más de 12 años del anterior. La primera es el acuerdo con China y en particular el swap por 11.000 millones de dólares. Su idea es que implica un respaldo para enfrentar los efectos que produciría una cesación de pagos durante el segundo semestre de 2014. Ello se asume en el marco de una estrategia en función de la cual el gobierno argentino cree que ha logrado aislar a la justicia estadounidense y los llamados “fondos buitre”, al lograr el apoyo regional de Mercosur, Unasur, Celac, Parlasur, Aladi y Cepal. A ello suma el apoyo de los BRICS y en particular de los presidentes de Rusia y China, que en los últimos días han visitado Argentina. A esto se agregan expresiones políticas, académicas y diplomáticas de algunos países del G7 que parecen haber coincidido en el apoyo o por lo menos justificación de la postura argentina. La segunda situación es la percepción del oficialismo de que hoy un default no tendría efectos tan negativos en la economía real cono los tuvo en 2001. Piensa que la recesión sólo se agravaría algo y que ello daría la oportunidad de responsabilizar a los EE.UU. y los “buitres” por la recesión del segundo semestre. La tercera son los mercados, que todavía a 9 días de la fecha para evitar el default no registran el riesgo y apuestan a que finalmente habrá un acuerdo que lo impedirá. Por estas razones, la Presidenta no siente hoy la percepción que tuvo en enero, cuando pensó que la estabilidad de su gobierno podía estar en riesgo si no cedía ante la presión de los mercados. Para entender su posición, cabe señalar que el 10 de julio, una nota del Wall Street Journal titulada “Los inversionistas no deberían llorar ante una posible cesación de pagos de Argentina”, finalizaba diciendo: “Cualquier debilidad en mercados emergentes a medida que se acerca la fecha límite (30 de julio) causada por nervios o bajas de expectativas sobre Argentina debería ser vista como una oportunidad de compra. Una sorpresa mayor sería si Argentina logra obtener un final feliz para esta saga y recupera el acceso a los mercados de capitales”.

La estrategia del gobierno es negar el default y responsabilizar a la justicia estadounidense y a los “fondos buitre” del incumplimiento. Los sondeos del oficialismo muestran que la gente no apoya el default, pero que al mismo tiempo rechaza a los “buitres”. Quien expuso públicamente la estrategia política del gobierno frente al default fue el ministro de Defensa y precandidato del “Kirchnerismo puro” a la Presidencia, Agustín Rossi, quien públicamente el 20 de julio dijo: “Hay que dejar en claro que la Argentina ya pagó, por esto que se agita en algunos lugares sobre el tema del default. El default es una acción voluntaria de un país. Un país deja de pagar. No es el caso de Argentina, que pagó y lo hizo en tiempo y forma”. Advirtió también sobre “el propósito de los fondos buitre de quedarse con los recursos naturales del país, como el yacimiento de gas no convencional Vaca Muerta”. Dijo esto tres días después de que la justicia del estado de California tomara el pedido del Fondo Elliot de embargar fondos de YPF o alternativamente de Chevron en la explotación de Vaca Muerta. Por su parte, la ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, en el cuarto aniversario de su partido (Kolina) dijo, en relación a los “fondos buitre”, que “ellos creen que nos acosan”, pero “cuando un pueblo tiene conciencia de sus derechos nunca va para atrás”.

Puesto en estos términos, dos situaciones pueden alterar el riesgo de default que hoy parece dispuesto a tomar el gobierno argentino: que el Juez Griesa impida los embargos o que se derrumben los mercados. Si en la reunión convocada por él para el martes 22 con bonistas y bancos dispusiera que se puede pagar sin haber pagado previamente la sentencia que dispone pagar a los “buitres”, la Argentina se sentaría a negociar, es decir, a hacer ofertas de pago. Para el gobierno argentino, sin este requisito no tiene sentido pagar la sentencia. La segunda es que tuviera lugar un derrumbe de los valores argentinos en los mercados, al percibirse que ha aumentado el riesgo de entrar en default. Es posible que la segunda situación pudiera ser consecuencia de la primera. Si la Presidenta tuviera la sensación en los próximos días de que la estabilidad de su gobierno puede estar en riesgo -en enero dijo “querían hacer volar por el aire mi gobierno” al justificar el giro hacia el pragmatismo que estaba realizando-, es posible que pudiera cambiar la posición que ha asumido, que puede sintetizarse como: Argentina no entra en default, porque ya pagó a sus acreedores. Paralelamente, la influencia del ministro de Economía Axel Kicillof ha crecido dentro del gobierno y ya no sólo se impone al Presidente del Banco Central y ha tomado el control del área de Energía, sino que aspiraría a ocupar la Jefatura de Gabinete.

Mientras tanto el proceso político y social sigue su curso, escalando los reclamos sindicales, las causas por corrupción y la lucha por las candidaturas para 2015. La Presidenta no ha querido recibir a la CGT oficialista porque no está dispuesta a ceder frente a su reclamo de que se eleve el piso del mínimo del impuesto a las ganancias. Su titular (Caló) podría renunciar ante la falta de respuestas. La otra central sindical kirchnerista, el sector de la CTA que lidera Hugo Yasky, ha convocado la primera protesta del sindicalismo oficialista para el 4 de agosto. A su vez, las tres centrales sindicales opositoras, encabezadas por Moyano, Barrionuevo y Micheli, han ratificado un paro general para la primera quincena de agosto. No hay unidad política del sindicalismo, pero sí convergencia en la protesta. El miércoles 23, el juez Bonadío puede procesar al Vicepresidente en la causa por el auto con papeles falsos. Boudou sumaría así su segundo procesamiento, pese a lo cual la Presidenta intentará mantenerlo en el ejercicio del cargo, como lo evidenció al disponer que recibiera al Presidente chino. Por último, el jueves 24 el gobernador de la provincia de Buenos Aires lanza su candidatura presidencial, en un contexto en el cual el Kirchnerismo impulsa cada vez más candidaturas alternativas y ningún candidato a Presidente está superando el 25% de intención de voto, con un grado de fraccionamiento que no permite pronósticos con sustento más allá de la conjetura. Pero el gobierno ha dado señales claras de avanzar hacia la utilización política de un eventual default: le ha pedido tiempo a la CGT oficialista para poder centrarse en la “batalla con los buitres” y la CTA pro K analiza suspender su protesta del 4 de agosto para no entorpecer el conflicto por la deuda.

En conclusión: el swap con China, la percepeción de que hoy un default no tendría el costo en la economía real como lo tuvo en 2001 y el optimismo en los mercados, convergen para que exista un riesgo de cesación de pagos; la estrategia del gobierno es asumir que no entra en default porque ya pagó y responsabiliza a la justicia estadounidense y los “buitres” por las consecuencias externas e internas que se generen; que el Juez Griesa bloquee los embargos o que los mercados se derrumben son situaciones que podrían llevar al gobierno argentino a una estrategia más realista; por último, continúan escalando los reclamos y los conflictos sociales, las causas de corrupción que afectan al Vicepresidente y las luchas por las candidaturas para 2015.

Fuente: http://www.nuevamayoria.com/