Entre la visita de Obama y los errores de gestión. Por Rosendo Fraga.

La visita de Obama es el mayor éxito en la política exterior de Macri, que da a la Argentina relevancia en el plano regional. El primer ministro italiano (Renzi) visitó Argentina en el marco de una gira regional que incluye Perú, Chile, Colombia y Panamá. La decisión fue aSdoptada después que el gobierno argentino presentará una propuesta aceptable para los bonistas italianos que no han entrado en los canjes. Esta semana viene el Presidente de Francia (Hollande) y lo hace en una vista que incluye Uruguay antes y Perú después, y que fue postergada un año a raíz del atentado contra la revista Charlie Hebdo. Pero Obama, tras protagonizar la primera visita de un presidente estadounidense a Cuba desde 1928, viene a un solo país sudamericano que es Argentina, decisión adoptada un mes y medio antes, lo que es inusual en la diplomacia estadounidense. Las visitas de presidentes de los EE.UU. no han sido comunes en la historia argentina. La primera fue la de Roosevelt (1928) y la última la de Bush hijo (2005), ambas para participar en conferencias interamericanas que tenían como sede la capital argentina. Entre ellos visitaron el país Eisenhower (1960), Bush padre (1990) y Clinton (1997). La visita tiene un aspecto político delicado: el recorrido por la visita a la ex Esma, donde está el museo de las violaciones a los derechos humanos en los años setenta. Será el 24 de marzo, fecha en que se cumple el 40 aniversario del último golpe militar. Ese día el Kirchnerismo, tras evidenciar su poder de movilización en la calle con el reclamo por la libertad de Milagro Sala, mostrará su nueva alianza con la izquierda en el mismo ámbito.

Al mismo tiempo, la decisión del juez Griesa de levantar la cautelar contra la Argentina si el Congreso deroga las leyes «cerrojo» y de «pago soberano», marca un avance en el tema «holdouts». Implica el inicio del camino hacia la normalización de la relación con los mercados y además el final completo del default que tuvo lugar a fines de 2001. Ello lleva a que ahora el Congreso tenga la prioridad. Para derogar ambas leyes -que impiden pagar a quienes no entraron los canjes de deuda de 2005 y 2010- hace falta mayoría simple en ambas cámaras del Congreso. En los gobernadores que influyen en el Senado puede presumirse una posición finalmente favorable, dado que solucionar el problema de los holdouts permitirá a las provincias endeudarse en el exterior a menor costo, siendo éste el camino que ha abierto el Ejecutivo para cubrir su déficit. Pero todavía Macri no ha logrado que el Congreso apruebe ninguno de sus proyectos y los primeros van mostrando que le falta cerrar una negociación todavía tanto con los gobernadores como con Massa. De los DNU que el Congreso debe convalidar, no aprobarían uno: el que suspende la devolución del 15% de la coparticipación a las provincias. En cuanto a las designaciones en el Senado de nuevos miembros de la Corte y los embajadores políticos, hasta ahora la Comisión de Acuerdos sólo ha dado dictamen favorable para los primeros.

Donde el gobierno de Macri ha mostrado falencias durante la semana pasada, ha sido en la gestión del área económica, donde supuestamente está su punto fuerte. La crisis sufrida en el INDEC tiene relevancia dada la significación que tiene la normalización del instituto oficial de estadísticas, cuya medición de inflación fue distorsionada durante los 8 años que gobernó Cristina Kirchner. El gobierno ha pagado un costo en credibilidad por el reemplazo de su directora técnica (Bevaqua). La no modificación de la escalas para el pago del impuesto a las ganancias hace, de acuerdo a los sindicatos, que los 180.000 trabajadores que iban a dejar de pagarlo sean en la suma total 270.000 más, mientras que en los jubilados pasarían a pagar el impuesto 110.000 más. Los mismos dirigentes sindicales que la semana pasada aplaudieron en forma entusiasta el anuncio de Macri de elevación del mínimo para pagarlo (Moyano, Barrionuevo y Caló), pasaron a criticarlo en duros términos (ahora, en el Congreso, la aprobación del cambio enfrentará fuertes resistencias). La negociación salarial con los gremios docentes entró en crisis. El ministro de Educación (Bullrich) dice haber ofrecido a los docentes nacionales (que son menos del 10% del total) 40% para el básico y 32% para el resto, mientras que los gremios dicen haber recibido una propuesta total por 40%. Cualquiera de estas propuestas es impagable para la mayoría de las provincias y contradice el 25% de máximo que induce -no impone- el gobierno de acuerdo a su política inflacionaria. Peligra así hoy el inicio de las clases el lunes 29 de febrero y en ninguno de los 24 distritos se han acordado los salarios. Ello pone en riesgo el objetivo del gobierno de que las clases se inicien en fecha este año. Los tres hechos muestran que el sistema de un gabinete económico integrado por siete ministros con participación del titular del Banco Central y coordinado por el Jefe de Gabinete requerirá ajustes o incluso cambios. Frente a esta situación, Macri responde con una nueva conferencia de prensa. Al mismo tiempo sigue el debate en el oficialismo sobre si denunciar o no en el discurso del 1 de marzo, en el inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, la mala herencia recibida del Kirchnerismo. Es que después de ese día, los problemas comenzarán a ser percibidos como de esta administración.

Pero es el manejo de la seguridad pública un desafío central del gobierno. En materia de lucha contra el narcotráfico, el Ejecutivo decidió pasar el registro de precursores químicos (que controla la importación de efedrina) del Sedronar al Ministerio de Justicia, mientras que el gobierno de Santa Fe llegó a un acuerdo con la Procuración General de la Nación para que la justicia federal y provincial actúen coordinadas, lo que resulta crucial. En el Ministerio de Justicia se impulsa crear un fuero especial contra el narcotráfico. La protesta pidiendo la liberación de Milagro Sala, realizada por 40 organizaciones políticas y sociales del Kirchnerismo y grupos afines -que se materializó en dos centenares de cortes de rutas y vías públicas en todo el país, incluyendo todos los accesos a la Ciudad de Buenos Aires-, muestra que esta fuerza política, debilitada en el Congreso y los gobernadores, busca llevar su oposición a la calle. La respuesta del gobierno es el «protocolo» para regular -en realidad impedir los cortes- que se pondrá a prueba esta semana con la marcha de protesta que hacen los trabajadores estatales reclamando contra los despidos, que en realidad por ahora se reducen a la desvinculación del 6,5% de los 122.000 trabajadores con los cuales Cristina Kirchner incrementó la administración pública nacional. En la provincia de Buenos Aires, el desalojo de 2.000 familias que usurpaban tierras desde hace cuatro meses en Merlo fue un éxito importante del gobierno provincial, en un área compleja y sensible. La relación con el Papa sigue siendo un tema complejo, como lo mostró el envío de un rosario a Milagro Sala, pero el encuentro que el Presidente mantendrá con Francisco el 27 de febrero -el primero en dos años y medio- puede encauzar las diferencias. En la visión del Papa, la prioridad que el gobierno debe poner en los pobres es un asignatura pendiente de Macri, quien antes de viajar al Vaticano anunciará medidas como reducir el IVA en la canasta básica a jubilados que cobran el mínimo y a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), medidas que apuntan a mostrar que no gobierna solo para los ricos. En el Peronismo, el miércoles 24 se reúne el Consejo Nacional, donde avanzarán las conversaciones para que José Luis Gioja sea elegido Presidente del PJ por consenso.

En conclusión: la visita de Obama es el mayor éxito en la política exterior de Macri, al ser un gesto político de respaldo singular; en paralelo, la decisión de Griesa de levantar la cautelar contra Argentina si el Congreso deroga dos leyes es un paso importante en la solución con los holdouts; pero tres errores de gestión en temas relevantes en torno a la economía evidencian que el gobierno requiere dentro de sí mismo ajustes o incluso cambios y el manejo de la seguridad pública es un desafío relevante tanto en materia de protestas como de lucha contra el narcotráfico.