La Asamblea Nacional de Nicaragua, con el apoyo de todos los diputados del partido gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN, ha aprobado una reforma constitucional que permitirá aplicar la cadena perpetua a los que cometan “crímenes de odio”.
La cadena perpetua se aplicará como “una excepcionalidad” cuando se cometan “delitos graves (…) en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional”.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, ha recriminado al órgano legislativo haber aprobado “un instrumento más de represión para el pueblo”.
Núñez ha subrayado que “es una forma de intimidar”, tras asegurar que “muchos familiares de los presos que hay en estos momentos deben tener miedo de que esta ley les sea aplicada, lo cual sería ilegal e improcedente porque ninguna ley es retroactiva”.
El presidente comunista de Nicaragua, Daniel Ortega, encara un año electoral con fuertes críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos por una serie de reformas que se han aprobado gracias a la mayoría de su partido en la Asamblea Nacional.
Recientemente, el órgano legislativo también ha aprobado la conocida como Ley de Agentes Extranjeros, así como la Ley contra el Ciberdelito -apodada por la sociedad civil como ‘Ley Mordaza’- y una tercera ley que impide presentarse como candidatos a aquellas personas acusadas de “traición a la patria”.
gaceta.es
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